En 2001 pocos mexicanos estaban dispuestos a aceptar que asistíamos a las exequias del presidencialismo. Fue necesario que se amontonaran las manifestaciones de indisciplina en el equipo de gobierno, los yerros y las evidencias de incapacidad para que las cosas cayeran por su propio peso y quedara claro para todos que ya podía moverse la hoja del árbol sin la voluntad del Señor.

Por supuesto, una cosa es el presidencialismo y otra la Presidencia de la República. El primero fue el factor clave de nuestra vida pública desde la época de Lázaro Cárdenas, cuando el Ejecutivo dejó de estar sometido a los designios del suprapoder que ejercía Plutarco Elías Calles. La Presidencia, en cambio, era y es la depositaria de numerosas atribuciones constitucionales y legales.

El presidencialismo era un poder de hecho que nacía del poder de derecho y lo rebasaba ampliamente, al margen y por encima de lo que indicaban los textos legales. Surgió en un México convulso que requería en la cúspide de una férrea autoridad capaz de imponerse sobre las facciones militares, los intereses de facción y aun sobre las clases sociales. Era un poder que gobernaba en favor de una clase social, pero que lo hacía en nombre de otras a las que también tenía que responder en el discurso y en los hechos. Era un factor de equilibrio, más bien dicho, el gran factor de equilibrio.

La Presidencia de la República era y es una institución que debe mantener relaciones de respeto y armonía con las otras instituciones, pero la maduración desigual de éstas hacía y hace necesario intervenir en ellas y hasta sobre ellas. Lo deseable es que todas las instituciones funcionen, pero como en la realidad no es así, la Presidencia de la República operó durante más de medio siglo como una especie de taller de reparaciones que realizaba ajustes ahí donde los mecanismos del poder estaban trabados o faltos de lubricante. Y ese trabajo se hacía de acuerdo con la ley o contra ella, porque se tenía que hacer.

Vicente Fox llegó a la Presidencia de la República cuando el viejo régimen se había caído en pedazos. Pero, sin la inteligencia ni la energía para construir un nuevo andamiaje, pretendió gobernar con los tepalcates de la piñata rota, y fracasó. Las evidencias del desastre son muchas. Están en una economía que no crece ni genera empleos, en la pobreza generalizada y la insultante desigualdad que forman un binomio de alto riesgo para la preservación del orden y de la propiedad privada.

Pero el mayor problema al que ha llevado la desaparición sin alternativa del viejo régimen es el desgobierno, la falta de autoridad central en un ámbito en el que se imponen las fuerzas centrífugas, no a favor de un federalismo vigoroso, sino de la proliferación de cacicazgos. Si Fox usó a los tres poderes de la federación con el triste objetivo de desaforar a Andrés Manuel López Obrador, abundan los gobernadores que, siguiendo su ejemplo, utilizan a las instituciones, sobre todo al Poder Judicial, para objetivos más modestos, pero no menos lesivos para la convivencia.

Es así como, ante la indiferencia de Los Pinos, actúan algunos gobernadores priístas empeñados en comportarse como sátrapas ineptos y abusivos. En Oaxaca no se ha detenido la campaña de Ulises Ruiz para destruir el periódico Noticias; en Sonora, Robinson Bours emplea recursos públicos para acabar con el diario Cambio; y en Puebla el “gobernador”, a petición de su amigo Kamel Nacif, decide perseguir a una periodista que reside no en Puebla, sino en Cancún, la manda arrestar –con una simple orden de presentación, dicen algunas informaciones publicadas– y hasta se atreve a decir que la informadora tendrá que demostrar su inocencia.

A Lydia Cacho la persiguen porque hizo y publicó en su libro Los demonios del Edén una amplia investigación sobre una red de pederastia que involucra a relevantes personajes de la empresa privada y del gobierno federal. Todo cuanto dice la periodista cuenta con una fuente comprobable y acreditada. No obstante, la juez Rosa Celia Pérez, mansa ante el ínfimo déspota, también decidió que Lydia Cacho será culpable mientras no demuestre lo contrario y ya dictó el auto de formal prisión, que implica suponer la culpabilidad del acusado, así quede libertad bajo fianza.

Por supuesto, Kamel Nacif, Mario Marín, Rosa Celia Pérez y otros involucrados en este caso de abuso hacen malas cuentas si creen que pasará inadvertido este golpe contra la libre expresión. Ya destacadísimos colegas están levantando la voz para denunciar el abuso y en enero el gremio periodístico podrá adoptar diversas medidas que habrá que interpretar como una autodefensa, pues resulta obvio que por ahora no hay en este país autoridad legal capaz de impedir el uso abusivo del poder y de empleo faccioso del aparato judicial.

Antes que admitir la derrota del periodismo, el gremio tiene la posibilidad de agotar numerosas instancias nacionales e internacionales, demandar el apoyo de diversos sectores sociales igualmente agraviados por la canallada, puede ir a los organismos internacionales y, en fin, tiene armas legales y legítimas para pelear por una causa en la que, literalmente, como lo prueban las desapariciones y los asesinatos de informadores, nos jugamos la convicción, el deber y hasta la vida.