EDITORIAL

La detención del reportero de El Sur Daniel Velázquez, ocurrida este jueves, fue una acción arbitraria, ilegal y amenazante por parte de la policía municipal de Acapulco, que merece una inequívoca rectificación.
Fue arbitraria porque ni en Acapulco ni en el estado de Guerrero ni en ninguna otra parte del país están suspendidas las garantías individuales. Una revisión de seguridad en el transporte público, comprensible por el clima de violencia que azota a ese servicio en las últimas semanas, no puede ser un pretexto para que un pasajero termine esposado, detenido y conducido a una instalación policiaca.
Hay en esos hechos una clara violación a los derechos humanos del periodista. Pero la aprehensión también es ilegal, puesto que no había presunción alguna de delito. Velázquez no opuso resistencia a la revisión, no intentó huir, no incurrió ni había incurrido en ninguna conducta ilícita ni portaba armas ni tenía pertenencia alguna que pudiera configurar una presumible ilegalidad.
En la sede de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) el reportero fue informado de que cometió “faltas administrativas”, sin que nunca le precisaran de qué se trataba semejante imputación y, por supuesto, sin que las autoridades pudieran sostener acción legal alguna. La operación policiaca también resultó amenazante, porque configuró un estado de excepción por la vía de los hechos.
Una movilización de ese tipo induce la falsa idea de que una revisión policial suprime el orden legal vigente y otorga poderes absolutos a los uniformados. Hoy podemos hablar del episodio, quizás, porque Velázquez tiene una tribuna y cuenta con el apoyo de este diario. ¿Qué pasará con los ciudadanos comunes sin vías de expresión ante la arbitrariedad policiaca?
Suficientes agravios ha tenido la ciudad de Acapulco con la violencia y la tragedia de Otis, para encima sumar los ataques a las garantías individuales a cargo nada menos de quienes están llamados a preservarlas.
El comunicado de la SSP sobre el caso es escandaloso, porque describe la detención y traslado de Velázquez como si fuera algo normal. Como si fuera explicable o razonable que un ciudadano sea esposado y conducido a galeras por nada. Otra vez: la idea de que la policía en la calle puede imponer a su arbitrio un estado de excepción.
La misma declaración de la policía anuncia una revisión de la conducta de los uniformados y, en su caso, los correctivos correspondientes. También ofrece garantizar la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo. Bien que así sea. Pero el correctivo de fondo es un examen de las normas disciplinarias, los criterios operativos y las órdenes del día con las que se desempeñan los policías de Acapulco. La rendición de cuentas de sus actuaciones no corresponde sólo a los uniformados de a pie, sino, sobre todo, a las autoridades a cargo.