El pasado martes 21 de marzo, como cada año, por resolución de la Asamblea General de la ONU, se conmemora el Día Internacional de los Bosques. Su objetivo es hacer conciencia sobre la importancia de los bosques en las vidas de las personas y del papel crucial que desempeñan en la erradicación de la pobreza, la sostenibilidad ambiental y la seguridad alimentaria.
La importancia para México es vital, el país tiene cerca de 86 millones de hectáreas de bosques y otras tierras boscosas. La mayor parte son tierras de propiedad social, ejidos y comunidades campesinas e indígenas, donde vive la población rural de México. En su mayor parte son comunidades de alta pobreza y marginación, con bajos niveles de bienestar, que han sido olvidados por una política económica y social equivocada de los gobiernos en turno de este país.
Al mismo tiempo, es en los bosques del país, donde se salvaguarda una de las mayores diversidades de ecosistemas y especies del planeta de un valor sin límite, y es donde se brindan servicios ambientales valiosos, como el agua y se regula el clima, beneficiando a las ciudades, las actividades agropecuarias e industriales del país. Esto sin olvidar su relevancia para el combate a los efectos adversos del cambio climático. Los bosques de México brindan recursos forestales maderables y no maderables, que van desde alimentos, medicinas, papel, muebles, materiales de construcción, entre otros productos.
Por ello, es de suma importancia destacar que el pasado martes 7 de marzo fue votada en la Cámara de Diputados el dictamen de la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y que abroga la actual Ley Forestal vigente. Esta ley fue impulsada por el grupo parlamentario del Partido Verde y apoyada en la votación por el grupo parlamentario del PRI, del PAN, Nueva Alianza y Encuentro Social. En total, recibió de dichos grupos parlamentarios 238 votos favorables. En contra de dicho dictamen votaron, con un total de 94 votos, los grupos parlamentarios del PRD, de Morena y del Movimiento Ciudadano. No escapa el señalamiento, que los 238 votos a favor no son ni la mitad del total de los 500 legisladores que componen la Cámara de Diputados, ya que 155 legisladores prefirieron ausentarse. Ahora, la denominada Minuta de la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable se encuentra para su revisión en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.
En la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable se observan graves deficiencias en su contenido, entre las principales que son producto de los contenidos de los diversos documentos producidos por las organizaciones de la sociedad civil como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, Reforestemos México, entre las principales ONG, se pueden destacar entre otras:
El debilitamiento de derechos de las comunidades indígenas y campesinas, entre ellas la ausencia del desarrollo de un sistema nacional de salvaguardas, como un instrumento de la política forestal, a tono con la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la vinculación con ordenamientos internacionales, comprometido por México en los Acuerdos de Cancún, derivados de la COP 16 de Cambio Climático.
Se omite cualquier disposición y definición respecto del cuidado en acciones afirmativas para la igualdad de género, la equidad étnica y la inclusión de personas con capacidades diferentes.
La ausencia de mejora regulatoria, que aligere el pesado fardo burocrático y punitivo que ahoga a las empresas sociales forestales.
La concentración de poder y actos de autoridad, en especial en materia de aprovechamientos forestales, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a la Comisión Nacional Forestal. Este tema requiere de un examen minucioso, no expresado en el dictamen, de las razones y consecuencias que puede acarrear estos cambios.
La reducción de contrapesos sociales e institucionales. Se recortan atribuciones al Consejo Nacional Forestal y en el caso del Fondo Forestal Mexicano, prácticamente suprime el papel de su comité mixto al cambiar su carácter de órgano de gobierno a órgano de consulta. Esto posibilita opacidad y discrecionalidad en el ejercicio de los recursos de dicho Fondo. Todo esto deja mucho que desear en términos de buenas prácticas de gobernanza y trasparencia.
La ausencia de un abordaje integral del problema de la lucha contra la tala y el tráfico ilegal de la madera, para coordinar acciones con énfasis en la prevención, la modernización de la trazabilidad de la madera, la participación comunitaria en la vigilancia y la lucha contra la corrupción.
Se eliminan candados, sin mayores argumentos, ni contrapesos expresos de la actual Ley Forestal vigente, para que de manera expresa ocho grupos de familias de plantas de la vida silvestre con gran valor comercial y con centro de origen en México, que consideran un gran número de especies en riesgo, sean aprovechados a través de autorización de la Conafor como recursos forestales no maderables, y no por la actual Ley General de Vida Silvestre.
Se suprime la concurrencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el diseño, propuestas y aplicación de mecanismos para que las personas cuenten con estímulos fiscales al apoyar en la conservación de los recursos forestales. Además de dejarlo como optativo, cuando en la actual Ley Forestal era obligatorio.
No incorpora el esquema desarrollado por la Comisión de Legislación del Consejo Nacional Forestal, de Unidades Regionales de Manejo Forestal con enfoque territorial, concurrente, descentralización, planeación, ordenamiento territorial, organización y mejora de capacidades para reducción de peso regulatorio, costos de gestión y posibilidad de acciones de alcance estratégico.
Se eliminan los avances modestos en mejora de los servicios técnicos forestales contenidos en la ley vigente en cuanto a:
a) cambiar de un esquema de registro prácticamente vitalicio a otro sujeto a evaluación por resultados; b) establecer un catálogo de especialidades de acuerdo con el tipo de ecosistema, tipo de actividad y grado de responsabilidad y; c) abrir la participación a los profesionistas o técnicos de campo que tengan la competencia y capacidad para desempeñarse en las distintas tareas, niveles de responsabilidad y ecosistemas.
Es importante indicar que del seguimiento del proceso legislativo de esta propuesta de nueva Ley General Forestal, se identificó como uno de los principales problemas, el que no se realizó un proceso amplio y participativo de discusión pública de su contenido, que permitiera a la sociedad en su conjunto opinar sobre la misma, particularmente en lo que se refiere a comunidades indígenas y campesinas dueñas y poseedoras de terrenos forestales por el riesgo de impactos negativos que pudiera ocasionarles. Esto fue señalado de manera reiterada por diversas organizaciones sociales relacionadas a la actividad forestal, principalmente aquellas relacionadas a la promoción del manejo forestal comunitario y a los ejidos y las comunidades indígenas y campesinas dueñas y poseedoras de terrenos forestales del país. Omisión que se espera sea subsanada en la Cámara de Senadores, que permita desecharla por sus omisiones, o realizar una profunda corrección a la minuta en revisión. La oportunidad es que el Senado de la República consulte de manera real y sin presión de tiempo a la sociedad, y así se comprometa al conmemorarse el Día Internacional de los Bosques, a impulsar en los hechos el desarrollo forestal sustentable en los bosques del país y con los habitantes de las comunidades que en ellos habitan.