Insistente ha sido el obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, en su propuesta al gobierno estatal en torno a la necesidad de un diálogo con las bandas del crimen organizado. Lo mismo propuso al ex gobernador Astudillo. Por su parte, los gobiernos siempre han respondido con un rotundo no, señalando que no se dialoga con criminales. En principio, tienen razón. Pero el gran problema es que no hemos visto resultados en el accionar de los gobiernos ante las organizaciones criminales, que siguen generando violencias y controlando territorios. En estos días, las calles de Acapulco han sido los escenarios de quema de camiones urbanos y de asesinato de sus choferes. ¿Acaso no haría falta algo de creatividad y de imaginación para buscar otros caminos que fueran viables con el objeto de reducir la violencia y de recuperar los territorios que el crimen organizado controla?
Cuando se habla de diálogo, ¿qué se entiende por diálogo? Es importante precisar la manera de entender esta herramienta tan fundamental para la convivencia humana y para la política. En teoría, todo mundo habla de la necesidad del diálogo, pero en la práctica, cada quien lo acota a su medida. Por eso conviene precisar algunos elementos que lo constituyen, que pueden ayudarnos para ponderar este tema.
Un primer aspecto del diálogo es la escucha atenta a las razones y a los motivos de los otros, sobre todo de quienes son diferentes, piensan distinto o son adversarios. La escucha hace posible la confluencia de diferentes saberes y distintas perspectivas de cualquier asunto, como un verdadero arte. Cada persona lleva un artista dentro, que necesita despertar y abrirse a los demás para construir lazos y para abrir horizontes. Puede ser muy difícil desarrollar el arte de escuchar, pero tenemos que aprenderlo si es que queremos construir un mejor futuro para todos. Todos tenemos algo que decir y necesitamos ser escuchados. Y cuando digo, todos, es todos. Hasta los criminales. Y también necesitan ser escuchados. La libertad de expresión incluye a todos, y la necesidad de ser escuchados, también.
La economía que gira en torno de actividades ilegales (narcotráfico, trata, extorsiones, explotación de recursos naturales, etc.) está fuera de la ley y, por tanto, quienes viven de esa economía, también. El gran reto está en ayudar a ese segmento social a que pase de la ilegalidad a la legalidad. Para eso hay que escucharlos antes de tomar decisiones.
Del proceso de escucha se desprende el análisis y la toma de decisiones de cada actor social o político, que no necesariamente incluye acuerdos o negociaciones. Es necesario que este proceso trascienda la condición jurídica de los delincuentes. Antes de ser delincuentes son personas que han tomado malas decisiones y han hecho mucho daño a la sociedad, pero pueden buscarse caminos para que se reinserten en la legalidad, tanto en lo económico, en lo político y en lo social.
Cuando hablamos del crimen organizado no nos referimos a una realidad homogénea. Hay cárteles regionales y bandas locales, hay grupos con una visión empresarial y otros extremadamente salvajes, hay profesionales y hay aprendices. En los grupos criminales hay que distinguir algunos segmentos muy diferenciados: están los patrones, líderes o dueños de las bandas y están sus trabajadores que venden su fuerza de trabajo, vinculados en una informal relación laboral. También hay que incluir a la base social de los grupos criminales, ya por conveniencia o por sometimiento forzado, que reciben algunos beneficios. Esta base social tiene que ver con el control de los territorios.
En el pasado, los gobiernos o algunos de sus representantes tuvieron tratos con los grupos criminales, llegando a acuerdos y a negociaciones oscuras, que han permanecido ocultas. Esta ha sido una práctica contraproducente, tanto para los mismos gobiernos como para la población. Es necesario que este tipo de prácticas ya no se repitan, porque al único que favorecen es a los grupos criminales. Urge el Estado de derecho y la transparencia pública para este tema.
Sería bueno explorar un camino de diálogo con el respaldo de la ley. Recordemos la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz digna en Chiapas que puso las bases para el diálogo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que se había sublevado contra el Estado mexicano. Esta ley estableció la intervención de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) y la participación de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), para desarrollar los diálogos con el EZLN, considerado una organización militar ilegal. Esta ley, aunque no condujo a los resultados esperados, abrió la opción para desactivar el conflicto armado.
Es cierto que los casos del EZLN y de las bandas criminales son completamente diferentes, pues mientras que el EZLN tenía objetivos políticos, las bandas criminales tienen objetivos económicos ilegales, de manera directa. El caso es que ambos han tenido el status de ilegalidad y hay que tener la imaginación para abrir caminos en el horizonte de la legalidad. Si estos diálogos fueran viables tendrían que ser públicos y transparentes, elementos ausentes en los “diálogos” de facto que se han ido dando entre las autoridades y las bandas criminales en el pasado. Porque sí los ha habido. Han negociado, han llegado a acuerdos y alianzas en lo privado y en lo oscuro.
Esta propuesta puede ser parte de un proceso de justicia transicional, con mecanismos propios para la justicia. No se trata de una amnistía, sino de medidas políticas para ayudar a que ese amplio segmento de población que vive de la economía ilegal en sus diferentes formas, pase de la ilegalidad a la legalidad.
Las estrategias para la pacificación que los gobiernos dicen tener no las conocemos los ciudadanos y no cuentan con nosotros y nos obligan a ser sólo espectadores. Lo que sí sabemos es que no han dado los resultados esperados. Se necesita buscar nuevos caminos de pacificación, con creatividad e imaginación, con audacia y responsabilidad. De otra manera, estamos desplazando hacia el futuro las posibilidades de reducir la violencia, hacer valer el Estado de derecho y de vivir en paz.
En teoría, el diálogo sigue siendo una herramienta política necesaria para superar conflictos y para desarrollar procesos democráticos. En la práctica, requiere una reformulación adecuada a lo que queremos que suceda y al contexto de muchos miles de violaciones a los derechos humanos de los mexicanos que hemos vivido en al menos quince años.