Es inconcebible pensar que relativamente sea más fácil para los pueblos indígenas y campesinos de la Costa y La Montaña dialogar con un relator de la ONU al interior de sus comunidades, que ser escuchados y atendidos por las autoridades municipales, estatales y federales. La virtud de un relator es que se trata de una persona nombrada por la ONU por su compromiso probado a favor de los derechos humanos y las libertades fundamentales y que siendo coherente con los principios universales actúa sin atadura alguna para conocer en el lugar de los hechos la situación que enfrentan hombres y mujeres de todas la naciones a causa de los abusos del poder de los que gobiernan. Lo que mueve al relator son causas y principios, no intereses personales o facciosos. Su autoridad radica en el mandato que le confiere el máximo órgano mundial de velar por los derechos humanos universalmente reconocidos y por la legitimidad que le confieren los ciudadanos del mundo. Su presencia y su mensaje cautiva a la población que se siente amenazada y olvidada por las autoridades que actúan con base en intereses económicos y políticos.
El doctor Rodolfo Stavenhagen, relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, realizó la semana pasada, una visita “no oficial” a nuestro estado, con el fin de dar seguimiento a las recomendaciones que emitió en su informe del 2003 al gobierno mexicano.
Haciendo uso de sus facultades especiales como relator, el doctor Stavenhagen recomendó al gobierno federal, lo siguiente: “…el Gobierno de México (debe prestar) atención urgente a la prevención y solución de los conflictos sociales en regiones indígenas; que se revise a fondo el sistema de justicia indígena; que se desarrolle una política económica y social integral en beneficio de las regiones indígenas con participación de los pueblos indígenas y con especial atención a los migrantes desplazados, las mujeres y los niños; y que se revise la reforma constitucional de 2001 para lograr la paz en Chiapas y satisfacer la demanda de los pueblos indígenas por el reconocimiento y respeto de sus derechos humanos”.
¿Cuál ha sido el resultado de estas recomendaciones? ¿En qué se ha traducido para los pueblos indígenas este acatamiento del gobierno mexicano para resolver la diversidad de problemáticas estructurales y seculares? A lo largo de estos tres años hemos constatado cómo el gobierno federal ha desplazado el tema indígena y lo ha querido domesticar, con la falacia implantada por los tres poderes y traducida en una reforma constitucional que se reduce a una política asistencialista encubierta, que limita el derecho de los pueblos a su libre determinación.
Con el argumento de la nueva tecnocracia de que ya no es posible reproducir políticas asistencialistas, los nuevos funcionarios indigenistas se han encargado de desmantelar a las instituciones que forjaron un modelo de relación clientelar que permitía a los pueblos indígenas un mayor acercamiento a las diferentes instancias de gobierno y un mejor acceso a los recursos financieros.
Hoy se ha ensanchado la brecha de los que tienen el poder con los desposeídos y se ha remarcado un gobierno elitista y empresarial que se distancia de las causas legítimas de los pueblos. Se quiso vender la idea de que los pueblos indígenas iban a tener una mejor atención con la ubicación de una oficina en la residencia oficial del presidente de la República. Se propaló a los cuatro vientos la política mágica de la transversalidad, que paradójicamente vino a remarcar el racismo y la discriminación al interior de las dependencias públicas, con la llegada de nuevos personajes ajenos a la problemática y la vida de los pueblos indígenas.
El reacomodo del nuevo gobierno federal tuvo como prioridad posicionarse en el plano internacional como un gobierno respetuoso de los derechos humanos. Por eso firmó un convenio de colaboración con la ONU, se instaló una oficina del alto comisionado para los derechos humanos y se apoyó en la elaboración de un diagnóstico nacional sobre la situación de los derechos humanos en México, que concluyó con un programa nacional de derechos humanos.
Todas esta iniciativas fueron bien capitalizadas por la alta diplomacia y logró vender la nueva imagen de un gobierno del cambio. Por desgracia este discurso no se tradujo al interior de nuestro país en políticas que se inspiraran en el respeto de los derechos humanos de la ciudadanía. Fue más bien la coartada para profundizar los cambios hacia la privatización de nuestros recursos estratégicos y para reducir a su mínima expresión los programas y las instancias orientadas a garantizar y proteger los derechos básicos de la población más olvidada de nuestro país.
Tres años han sido suficientes para que el relator de la ONU constatara en su recorrido por la Costa Chica y La Montaña la otra cara de la moneda, la del México real y profundo, donde viven los pueblos primigenios y donde se pulsa la cruda realidad que lastima y ofende. El compromiso asumido por el doctor Rodolfo hace tres años, de visitar los lugares donde se han consumado graves violaciones a los derechos humanos y donde se gestan experiencias valiosas que promueven y revindican los derechos colectivos, lo cumplió a cabalidad del 9 al 14 de agosto, donde tuvo la oportunidad de dialogar con los hombres y mujeres del campo para compartir sus sufrimientos, reclamos, demandas y esperanzas de quienes escriben la historia desde los márgenes de un sistema político excluyente y discriminatorio.
Justamente el 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas del mundo, el relator escuchó al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (CECOP), en Agua Caliente, que habló de los atropellos que han sufrido, los recursos legaloides con los que pretende el gobierno apropiarse de su territorio, y la historia de las tres muertes que ya ha causado el proyecto. Ante los múltiples testimonios de indígenas y campesinos el relator hizo suyos estos reclamos y se pronunció para que “el gobierno mexicano cumpla con la protección de los derechos humanos de los pobladores, como el derecho a la tierra, a la subsistencia, a la libre consulta y a la libre participación”.
En la cabecera municipal de San Luis Acatlán representantes de la radio comunitaria Ñomndaa “La Palabra del Agua” del municipio amuzgo de Xochistlahuaca, tuvieron la oportunidad de expresarle el hostigamiento y las amenazas que enfrentan por parte de las corporaciones policiacas y elementos del Ejército con el fin de cerrar y silenciar su espacio radiofónico, que forma parte de sus derechos como miembros del pueblo indígena. A su modo han sabido argumentar que no es posible que también el aire se privatice y que tenga dueño. Esta acción atenta contra las libertades fundamentales y es obvio que una norma administrativa no puede mancillar un derecho consagrado en la Carta Magna y en los preceptos internacionales.
Por parte de los indígenas me’phaa de Ayutla de los Libres escuchó los testimonios de quienes fueron esterilizados de manera forzada por parte de la autoridades del sector salud, que a base de engaños persuadieron a varios padres de familia para aceptar algo que ahora los deshonra.
La militarización en regiones indígenas sigue siendo un problema que no ha sido atendido por las autoridades federales y que sigue causando daños directos y colaterales a las organizaciones que luchan por la defensa de sus derechos humanos y que demandan justicia contra los que los perpetraron. Exigen castigo a los que han violado a mujeres indígenas e investigación a quienes persiguen y hostigan a defensoras de derechos humanos.
El sistema de justicia y seguridad comunitaria implementado por la Policía Comunitaria es una experiencia novedosa en nuestro país que ha demostrado eficacia y sobre todo capacidad para implementar un sistema de justicia que nace desde los pueblos y que sirve a los pueblos. Este proyecto fue motivo para que el relator recomendara al gobierno mexicano hace tres años que apoyara, respetara y reconociera el trabajo de la Policía Comunitaria dentro del marco de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, como una expresión de su autonomía.
El encuentro de San Luis fue de suma trascendencia porque logró captar el espíritu de lucha que mueve a los pueblos indígenas de la Costa Chica y Montaña de Guerrero y se congratuló de que esto se tenga plasmado en una agenda estatal para el desarrollo y autonomía de los pueblos indígenas de Guerrero, que es un esfuerzo colectivo inédito nutrido por las experiencias organizativas que han emprendido deferentes organizaciones indígenas y que sin perder la perspectiva nacional, luchan desde la comunidad y por la vía de los hechos por el respeto a su libre determinación.
La vista del relator a la comunidad mixteca del Llano de la Rana fue aleccionadora porque por encima de las dificultades para acceder a este rincón del México olvidado, el relator atendió el llamado de esta comunidad para poder estar con ellos en su comisaría municipal construida con adobe y teja, sin ningún mueble y sin piso firme.
Las voces de las autoridades, de los diferentes comités y de las mujeres reanimó a todo el grupo que acompañaba al relator y nos interpeló por la fuerza que proyectan sus voces y por la confianza que depositan en los visitantes. El panorama desolador y el trato cruel e inhumano que de manera sistemática recibe esta población, genera un sentimiento de impotencia e indignación, de pensar en la desesperanza y la frustración.
Las palabras del relator, con traductor de por medio, generó una empatía, no sólo por el acercamiento físico, sino por la sintonía por la lucha y la causa de la justicia. Sin esperar nada a cambio entendieron que la palabra del relator puede ser un instrumento eficaz para difundir lo que siente el corazón de un pueblo olvidado. Quedó la certeza de que su visita no fue en vano y de que sabrá transmitir lo que desde el Llano de la Rana sufren, sienten y sueñan los pueblos indígenas de Guerrero y de México.
Desde la entraña de La Montaña el relator para pueblos indígenas expresó su reconocimiento y respeto a los pueblos que luchan para que haya justicia sin esperar nada a cambio. Con el estómago vacío y los pies desnudos, las mujeres mixtecas supieron nutrir de esperanza y cobijar de alegría al relator que se lleva en su corazón una experiencia inolvidable de su visita a los que saben lo que significa vivir en el sótano del mundo.