El pasado 13 de noviembre el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que el gobierno va a organizar un debate sobre la legalización-regulación de la mariguana en cinco regiones del país durante el primer trimestre de 2016. La convocatoria se abre la segunda semana de diciembre. Hasta ahora no hay mucha más información.
Osorio Chong asegura que el gobierno está haciendo “todo un esfuerzo para lograr un espacio que permita el debate a la altura del reto tan importante después de la decisión que diera la Suprema Corte de Justicia de la Nación y estamos pensando realizarlo en todo el país a partir de cinco regiones en el que daremos detalles de lo que se discuta en estas mesas”.
El anuncio supone un cambio en la posición del gobierno que días antes de la votación en la Primera Sala de la SCJN mandó a dos subsecretarios, uno de Gobernación y otro de Educación, a manifestarse contra la propuesta del ministro Sergio Zaldívar. Lo mismo hizo el responsable nacional en contra de las adicciones.
Los tres manifestaron un desconocimiento total del estado de la discusión nacional e internacional sobre el tema. Su discurso reveló una serie de prejuicios y una clara posición en contra de la libertad personal. No aportaron razón alguna para sostener su posición. Solo se oponían.
El presidente de la República antes de que inicie el diálogo ya tomó postura y manifestó que está en contra de la legalización-regulación de la mariguana. Habrá que ver si después del diálogo cambia su postura. Se agradece que de entrada fije de que lado está.
El diálogo es bienvenido siempre que realmente sea tal y no un ejercicio tramposo para justificar la actual posición del gobierno. La autoridad está en su derecho de ser conservadora, pero no de violar la Constitución como lo señala la Primera Sala de la SCJN en cinco artículos de la Ley General de Salud.
Osorio Chong asegura que el diálogo se va a realizar “de manera transparente, y se hará con una gran apertura hacia especialistas de todos los temas y a los ciudadanos en general”. Roberto Campa, subsecretario de Gobernación, adelanta que al diálogo se va a invitar a expertos en el campo de la salud y seguridad y que el debate inicia en enero y termina en marzo de 2016.
Genera desconfianza que sea el gobierno el que organice el diálogo. Su postura de rechazo a la legalización-regulación de la mariguana es conocida. ¿Qué garantiza que invitará a todos los especialistas? ¿Qué garantiza que su posición será realmente abierta? ¿Qué garantiza que lo que se discuta se lleve a la práctica incluso si va en contra de la actual posición del gobierno?
Para que el diálogo sea creíble, el gobierno debe dejar su organización en manos de un grupo de universidades públicas y privadas. De no ser así el diálogo nace muerto y se va a parecer a los encuentros que el gobierno federal y algunos estados organizan en el marco de la construcción de sus planes de desarrollo. Esas son reuniones huecas e irrelevantes. Se hacen solo para tapar el ojo al macho.

Twitter: @RubenAguilar