Cada vez que mira las manchas oscuras en sus piernas, Lorenza Tapia Isidro, jornalera agrícola de 44 años, se estremece y avergüenza. El recuerdo de las extenuantes jornadas en los campos de cultivo de Sinaloa que le causaron una enfermedad de la piel ocasionada por los rayos solares marcó para siempre la vida a esta madre nahua, nativa del poblado de Chiepetepec, municipio de Tlapa. Ella y sus tres pequeños hijos se emplearon durante 13 años como jornaleros migrantes hasta que “la enfermedad me retiró”, dice con una voz apenas audible, dentro de su humilde casa de adobe.
Sin garantías de seguridad laboral y expulsados por el hambre, los hijos y ahora los nietos de Lorenza saldrán a mediados de septiembre a trabajar a los campos de cultivo de Sinaloa durante siete meses. Las historias de discriminación y muerte que ellos experimentan en esos reductos de esclavitud se suman a las de otros 38 mil jornaleros del estado de Guerrero que salen anualmente, según cifras oficiales; sin embargo, datos extraoficiales indican que la migración jornalera podría duplicar la cantidad.
No sólo las enfermedades dejan tirados en el camino a centenares de trabajadores del capo que ahora son enfermos crónicos o que sufren alguna discapacidad y que no cuentan con ningún apoyo institucional ni tienen alguna opción para atenderse, sino que también son las muertes tempranas las que truncan la vida de muchas familias indígenas, dejando en la orfandad a niños y mujeres jornaleros que tendrán como único destino el surco del capital trasnacional, que exprime sus mejores años de vida para luego botarlos para sus lugares de origen, como población desechable.
Como Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, hemos documentado en lo que va de este año 10 casos de jornaleros muertos y desaparecidos en los campos de cultivo del norte del país, a causa de ahogamientos, enfermedades crónicas y accidentes automovilísticos.
Romualdo Andrés Mariano, indígena tlapaneco de la comunidad de Santa María Tonaya, municipio de Tlapa, murió ahogado en un canal de riego en febrero pasado en un campo de cultivo de Sinaloa, su cuerpo fue localizado después de 24 horas.
El jornalero agrícola tlapaneco, Antonio Sánchez Vargas, originario de Zilacayotitlán, municipio de Atlamajalcingo del Monte, se enfermó de granos que le brotaron en la parte posterior de la cabeza y que con el tiempo se le extendieron hasta la garganta, agravando su estado de salud hasta provocarle la muerte en febrero del 2006.
El más reciente caso fue el de Maximino González Antonio, de la comunidad de Benito Juárez, del municipio de Atlamajalcingo del Monte, quien el 5 de agosto pasado falleció por un “golpe de calor” que le provocó un derrame cerebral, mientras laboraba en el campo agrícola Rancho Miramar, en San Quintín, Baja California.
Estas enunciaciones de historias trágicas nos muestran el panorama desolador que enfrentan en silencio y de manera estoica miles de indígenas de La Montaña y Costa Chica de Guerrero. Nos hemos acostumbrado a verlos tirados en lugares insalubres, a permitir que coman en el suelo tortillas frías, a ser indiferentes a sus dolores y enfermedades que traen desde que nacieron, a despreciarlos por su porte, a maltratarlos y a engañarlos, a verlos como ajenos a nuestro mundo, como bichos raros, alimentando una mentalidad racista con el fin perverso de reproducir una sociedad desigual y explotadora.
Siempre nos queremos asumir como miembros de una sociedad más amplia y reproducimos la idea de una falsa superioridad por el sólo hecho de que ellos ejercen su derecho a la diversidad. Se descuadran nuestros esquemas cuando esta población dentro de su humildad y sencillez se organiza para exigir justicia y gritar a los cuatro vientos que “ya basta de tanta burla y explotación”.
Cuando la voz de los pueblos indígenas recupera su dignidad y honorabilidad es cuando la población mestiza y los gobiernos racistas reaccionan hacia ellos con intolerancia y beligerancia porque descalifican sus reclamos y los siguen tratando como gente manipulada y que reacciona con base en motivos ocultos.
Lo grave que constatamos es que los gobiernos y buena parte de la sociedad no nos sentimos interpelados y aludidos por esta realidad que indigna y lastima. Por el contrario, nuestras buenas conciencias tratan de justificar esa situación arguyendo que esto es parte del ambiente montañero; es decir, que la pobreza y la indigencia forman parte de una segunda naturaleza de la población indígena. Es común escuchar tanto en las instituciones como en las escuelas y en nuestros hogares que a los indígenas “así les gusta vivir”, ignorando la historia elocuente de los pueblos originarios de nuestro estado y el alto sentido de la honorabilidad y la dignidad indígenas.
Para contrarrestar la indolencia histórica de las instituciones encargadas de velar por este sector, los jornaleros de más de 40 comunidades se han organizado para conformar el Consejo de Jornaleros Agrícolas de La Montaña de Guerrero, con el fin de implementar un Programa Emergente que atienda sus necesidades básicas en este arranque de la temporada alta de migración, que va de septiembre a enero.
Sus propuestas se condensan en un documento denominado Consideraciones y planteamientos básicos para la integración de un programa emergente de atención a los jornaleros agrícolas de La Montaña y se enmarcan dentro de la perspectiva de los derechos básicos a los que todo migrante debe tener acceso, como el derecho a la alimentación, la salud, a una estancia o albergue, a un traslado digno, a la atención educativa de los niños migrantes y a un salario justo.
Son los derechos mínimos que los gobiernos están obligados a garantizar para contener la multiplicidad de violaciones a los derechos humanos de miles de indígenas que además de padecer el estigma de lo “indio” cargan con el peso y el costo de los abusos, los maltratos, la crueldad y la explotación de patrones por el sólo hecho de ser migrantes indígenas.
Este movimiento que ha surgido de la población migrante quiere hacer visible en primer término esta grave problemática y demandar a las autoridades competentes para que atiendan las situaciones indignantes que enfrentan estos jornaleros. No se puede permanecer impasible y actuar de manera cómplice para que se sigan consumando graves violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales de la población indígena. No se trata de desviar el curso y el presupuesto de los programas implementados por las autoridades, lo que se quiere es que haya una coordinación de las instituciones para no dejar vacíos o ausencias en realidades lacerantes que demandan urgentemente su intervención.
Se busca que los jornaleros y jornaleras agrícolas tengan un lugar digno para comer y así evitar que sigan postrados en los lechos de las barrancas; que cuenten con insumos básicos para la preparación de alimentos, lo que implica la creación de un espacio y equipamiento adecuado que brinde las facilidades para que como familias cuenten con una mesa, una silla, parrillas para comer con dignidad. Se les tiene que garantizar una estancia apropiada que cuente con suficientes camas, colchones, sanitarios, regaderas y agua.
Es imprescindible un módulo de atención médica que cubra los tres turnos para brindar atención de primer nivel a hombres, niños y mujeres que padecen una diversidad de enfermedades causadas por la pobreza; se plantea un mayor control de las formas de contratación y traslado por parte de los contratistas, transportistas y empresarios agrícolas, y de velar por los derechos de las mujeres, así como por los derechos laborales de los jornaleros agrícolas. Se trata de propuestas viables que demandan la acción concertada de las instituciones públicas, la concurrencia de recursos financieros, el compromiso y la sensibilidad de los representantes de las diferentes dependencias encargadas de atender a la población indígena jornalera.
Las dos asambleas realizadas por el Consejo de Jornaleros Agrícolas han sido un ejercicio democrático que promueve el diálogo directo y responsable con las autoridades de los tres niveles de gobierno, y que de manera co-responsable se busca darle vida a un programa emergente que sirva de base para desarrollar una propuesta más afinada y sustentable que pueda ser planteada al Poder Legislativo tanto federal como estatal para que se atienda esta problemática en su justa dimensión y logre traducirse en presupuestos específicos para los jornaleros agrícolas y en políticas públicas apropiadas que dignifiquen la vida de quienes sostienen con sus manos y pulmones la economía de las familias montañeras.
El gran reto que tienen las autoridades es desarrollar la capacidad para trabajar de manera coordinada con las demás instituciones y al mismo tiempo tender y escuchar la lógica y los planteamientos de los jornaleros agrícolas.
No es una casualidad que Miguel Martínez Peralta, indígena nahua de la comunidad de Chiepetepec, se indigne y diga en la Segunda Asamblea de Jornaleros que “allá en los campos dormimos en el lodo como marranos, mientras que los empresarios que nos contratan duermen en buenos lugares, donde no hay culebras ni alacranes…”. Y prosigue: “Ya no queremos que nos sigan dando atole con el dedo, queremos que nos respeten y que nos hablen con la verdad”.
Estas palabras sintetizan el nivel de decisión y de conciencia que han asumido decenas de jornaleros que ya no están dispuestos a padecer condiciones indignantes por el sólo hecho de ser indígenas migrantes. Han demostrado que están en condiciones de asumir la gran responsabilidad de hacer valer sus derechos y de demandar a las autoridades para que acompañen, garanticen y defiendan sus legítimos derechos. El programa emergente será una prueba importante para saber si las autoridades están dispuestas a caminar por el sendero que están diseñando con gran imaginación los jornaleros agrícola de La Montaña alta.