Algunos senadores panistas proponen que se supriman las prerrogativas de los partidos políticos, tanto las ordinarias como las que recibe cada formación política en periodos electorales. Se trata de cantidades considerables, pues por el primer concepto el Estado mexicano eroga más de cuatro mil millones de pesos anuales y cada tres años, cuando hay comicios, el INE entrega una suma semejante (también unos cuatro mil millones de pesos).
Por supuesto, no resulta extraño que panistas de hoy olviden los antecedentes de su partido, que si bien celebró su asamblea fundacional en un banco, lo cierto es que durante sus primeras cuatro décadas de vida vivió o sobrevivió en medio de estrecheces sin cuento, en unas modestísimas oficinas, mal amuebladas y con escaso personal.
Eran los tiempos heroicos de los panistas, que parecían nacidos para perder eternamente, víctimas de la aplanadora priista que repartía posiciones entre los suyos y arrojaba las migajas a la oposición.
El panorama electoral cambió en 1978, cuando recibieron registro el Partido Comunista Mexicano y el Partido Demócrata Mexicano que agrupaba a los sobrevivientes del sinarquismo. Tanto el PCM como el PDM eran partidos con vida propia, con una historia abundante y con presencia en amplias zonas del país. Junto a ellos el gobierno metió a una criatura suya, el PST, con el fin de restarle votos al PCM.
Aquella reforma, la de José López Portillo y Jesús Reyes Heroles, estableció que el Estado entregaría a los partidos dinero para su financiamiento, una cantidad igual para todos y otras, diversas, en proporción a los votos obtenidos, pues el PRI era el partido del régimen y recibía fortunas todavía hoy incuantificables. El subsidio a los organismos de oposición tendía a establecer un piso que si no era parejo, por lo menos daba a los opositores una mínima base económica para sus actividades.
Desde entonces han venido aumentando las cantidades que reciben los partidos por concepto de prerrogativas, subsidio o como se le quiera llamar. Se trata de recursos provenientes de nuestros impuestos y los montos son tan escandalosos que no resulta fácil hallar un dirigente pobre, sea del PRI, del PAN, del PRD o de los partidos satélites. No es el caso de Morena, pues aunque ganas no faltan a los enemigos de AMLO, hasta ahora no le han podido probar enriquecimiento o malos manejos.
De modo, pues, que algo que nació con la intención de poner piso menos disparejo a la competencia electoral acabó siendo una fuente de enriquecimiento y corrupción, por supuesto alentada por el gobierno y bendecida por  la autoridad electoral, que hasta ahora nada ve de reprobable en el súbito enriquecimiento de los políticos.
Como ya se ha llegado a sumas estratosféricas y ahora estamos en un periodo de austeridad (je, je), hay quienes, como los senadores panistas, demandan suprimir el subsidio a los partidos, en tanto que otros personajes, como el diputado federal Manuel Clouthier y el diputado local jalisciense Pedro Kumamoto, plantean que los dineros se entreguen en proporción directa al número de votos, lo que no suena mal, pero eternizaría y ahondaría las desigualdades.
Otra propuesta que anda por ahí es introducir la segunda vuelta en los procesos electorales, de modo que si ningún candidato obtiene 50 por ciento más uno de los votos, se tenga que pasar a una nueva ronda de votación con los dos candidatos punteros, ante lo cual las fuerzas perdedoras se aglutinarían en torno a uno u otro, según su orientación y semejanzas políticas.
La segunda vuelta existe en numerosos sistemas electorales, pero, en el caso mexicano, establecerla ahora para la elección de 2018 tendría una obvia dedicatoria, pues a nadie escapa que el enemigo a vencer es Andrés Manuel López Obrador, y como éste difícilmente alcanzará la mitad más uno de los votos, en la práctica, la segunda vuelta constituiría un veto para el tabasqueño, que tendría que enfrentar a una coalición de PRI, PAN, PRD, PVEM, Panal y Cía. Lo democrático sería establecer la reforma, pero no para los próximos comicios, sino para la elección presidencial de 2024.
Pero no parece propio hablar de justicia, democracia o decencia. En el Estado de México ya hay dos candidatos del inmovilismo, por supuesto el del PRI, y si a éste le falta levadura, ahí está Josefina Vázquez Mota, la de los 900 millones de pesos transferidos a su organización privada desde el Estado. El caso es parar al Peje.