¿Alguien ha visto a Vicente Suástegui Muñoz?

Como Gobernador Moral de Guerrero, me avergüenzo de la cámara de diputados local. Censuro a la vez, el comportamiento del Poder Ejecutivo estatal de antaño, que tuvo, por diversas formas, subordinado para sus propios designios, al Poder Legislativo, corrompiéndolo a cuál más. Ya sea por presión partidista, por persuasión monetaria, por concesión de canonjía o privilegio ilegítimo, por obstrucción de ascenso político personal o por ostracismo parlamentario.
Con letras de oro debiera colocarse en el recinto plenario del Congreso local la siguiente frase: “El que no transa, no avanza”. Hay diputados que se autonombran indígenas y no lo son. Hay quienes afirman residir en un distrito electoral, cuando nunca han vivido en él. Por no mencionar a aquellos que son analfabetas funcionales en materia legislativa.
Como siempre, lo que priva entre los diputados locales no son las convicciones, sino los arreglos vergonzantes. La cámara de diputados local es un crisol prístino en el mercadeo de consciencias políticas. Donde confluyen polític@s que sobreponen sus ambiciones de tipo personal o grupal, por encima de los intereses populares. Aprecian más un sustancioso acuerdo, que una enflaquecida convicción. Por supuesto que existen sus raras pero honorables excepciones.
El gobernante tradicional hace saber sus iniciativas de legislación “a modo”, a través de dos operadores políticos: el secretario general de Gobierno y el secretario de Finanzas, que son a la vez excelsos corruptores de conciencias legislativas. Del tamaño de la discrepancia o diferendo, será la “maiceada” correspondiente. Con el abuso de estos “usos y costumbres”, los diputados locales han quedado completamente desprestigiados. La corrupción e impunidad rampante se pasean por los pasillos de los cubículos de los coordinadores de fracción y responsables de comisiones.
El Congreso local de Guerrero es de lo peor que hay en el escenario nacional. Se ha convertido tan sólo en una placenta económica de la mediocre y pigmea clase política institucional. En las últimas décadas devino rémora parasitaria del ordenamiento gubernamental establecido. Enfatizo, la mayoría de los legisladores locales no son verdaderamente representantes populares, sino de la partidocracia mafiosa y mercantilizada. Hoy muestran su completo anquilosamiento, su discriminación y distanciamiento con el pueblo; alcanzaron su cenit, en el sexenio del “gobernador del desastre” y su “maestro incómodo”.
Deslumbraron por su incapacidad para nombrar, en tiempo y forma, al fiscal general, poniendo en serio predicamento la seguridad pública estatal, a tal grado que tuvo que intervenir el presidente de la República, soterradamente, para la designación de la actual responsable. No menos incompetentes se muestran, al no nombrar todavía al auditor superior del estado, poniendo en jaque el ejercicio honesto y la rendición de cuentas públicas de toda la estructura gubernamental. Eso, por causa de la disputa en el herraje partidista que deben tener el titular y los auditores especializados.
Pendiendo de sus cuellos tienen ahora la soga del ahorcado, por su ineptitud, contumacia y nula expiación. Están sentenciados por incumplimiento de un resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por cuanto, a reponer en tiempo perentorio, el debido proceso, en la obligada consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos sobre las enmiendas constitucionales que, Héctor Astudillo Flores junto con Florencio Salazar Adame, promovieron e hicieron aprobar en mala hora. La SCJN las anuló, en forma lisa.
Los legisladores locales a la fecha no han cumplido con la obligada rectificación mandatada por la SCJN; siendo de MORENA, la afiliación de la mayoría de ellos. Hoy, pretenden realizar la consulta a marchas forzadas, sólo para cubrir con la formalidad de un acatamiento ficticio de la sentencia, como si eso bastara para no sufrir consecuencia alguna. ¡Uf!
El nuevo esfuerzo será vano y fallido. Por contener serio vicio de origen. La convocatoria para participar en la consulta respectiva, fue emitida con una firma apócrifa del diputado del PRI, Héctor Apreza Patrón, acto ilícito denunciado públicamente por el propio diputado y corroborado por la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local. Un simple recurso legal de impugnación, bien puede echar para abajo la parodia que pretenden montar los diputados. ¡Uf! ¡Uf!
Con la soberbia cínica, corrupta y discriminadora que exhiben la mayoría de los legisladores locales, ha lugar para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación les revoque ipso facto las facultades constitucionales estatales encomendadas.

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