Muy por lo bajo, casi como un secreto celosamente guardado, se acepta el rotundo fracaso de la estrategia de seguridad pública federal, estatal y municipal. Los muy experimentados dicen que toda la acción de seguridad pública, en todas sus variables, no es un tema mediático, mucho menos si lo que se pretende es que los delincuentes rectifiquen su conducta a punta de spots de radio y televisión, o a punta de tweeters o fotos y advertencias en facebok o en las pantallas de la televisión.
Son muchos ya los políticos cuya estrella fulgurante se apaga en las pantallas de la televisión, porque su apuesta es a obtener 30 segundos o un minuto de fama, lo que dura un spot, en vez de optar por la gobernabilidad y el prestigio sólidamente cimentado en los hechos. La experiencia del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa parece no haber dejado ninguna enseñanza. Otros caen o tropiezan exactamente con la misma piedra. La mayor parte de los funcionarios de gobierno creen y sueñan con que la seguridad se alcanza a partir de que se anuncia, con bombo y platillo, el inicio del reforzamiento de las medidas de seguridad y de combate a la delincuencia. Aparentemente el nuevo gobierno de Guerrero no experimenta en cabeza ajena y sigue el mismo camino empedrado de sus antecesores, no sólo en el estado, sino a nivel federal.
Apenas presumía el gobernador Héctor Astudillo la disminución de los índices de violencia en los primeros días de su administración, cuando la irrupción de una banda criminal que ametralló a los asistentes de un palenque clandestino en Cuajinicuilapa este domingo por la noche, nos retrotrajo a la dura realidad, y nos mostró lo evidente: no bastará con el simple cambio de autoridades ni con las buenas intenciones manifestadas; controlar y abatir el crimen organizado, reducir su poder de fuego, devolver mínimos de paz y seguridad a la población, requerirá de un arduo trabajo y de un largo periodo.
Diez muertos y siete heridos es el saldo actual del atentado, que engrosa la cuota cotidiana de sangre en la entidad, castigada sin descanso por las bárbaras acciones de los delincuentes, pues lo más lamentable es que no se trata de un acontecimiento aislado, o que resulte sorpresivo para nadie.
Ahora los hechos tuvieron lugar en esa población situada en la orilla de la Costa Chica, frontera con el vecino Oaxaca, alejada de la capital estatal y con una muy deficiente policía municipal, como ocurre en todos nuestros pueblos.
Pero en pleno puerto de Acapulco, profesores de varios centros escolares se quejan y denuncian extorsiones y amenazas de delincuentes, que exigen el pago de “piso” y pretenden cobrar una cuota del aguinaldo que recibirán los mentores, y en Chilpancingo disparos en el entorno del Hospital General Raymundo Abarca Alarcón generan pánico y rumores.
El gobernador ha tenido que mostrar su preocupación debido a que los maleantes atemorizan a los propios alcaldes, y demandar a éstos que lo comuniquen y soliciten apoyo.
Pero no se ve que la solución sea tan sencilla. Los presidentes municipales en casi todos lados enfrentan la actuación y la presión de los malhechores que ni siquiera se ocultan, e incluso se enfrentan a los poderes locales para que no interfieran en sus negocios o hasta para ordeñar los presupuestos de los ayuntamientos y copar las áreas de seguridad.
Al tomar posesión Astudillo, el gobierno federal anunció una nueva estrategia –una más– para dar seguridad a la entidad, en la cual participan crecidas fuerzas militares y policiacas. No obstante, es tal la presencia y el dominio por parte de los grupos criminales en el territorio guerrerense que los efectos de estas acciones tardarán en sentirse.
La experiencia de la franja fronteriza norte del país, desde Baja California a Tamaulipas, y en otras regiones asoladas por la violencia, es que las medidas disuasivas no bastan, y se requiere desde la participación comunitaria y el restablecimiento del tejido social, hasta la puesta en marcha de opciones reales, para que sobre todo los jóvenes puedan emplearse productivamente y no tengan como únicas alternativas la emigración o la delincuencia.
Sobre esos temas en Guerrero no se ha avanzado, e incluso la situación es más compleja en el estado por la existencia de movimientos reivindicatorios como los de los maestros o los normalistas, que al polarizar y radicalizar a los gremios hace más difícil conjuntar la fuerza la sociedad en un proyecto común para recuperar la normalidad de la vida.
Así es que no queda en Guerrero mucho espacio para el optimismo, por lo menos en el corto plazo.