El pasado 12 de noviembre el presidente López Obrador presentó una iniciativa para regular algunas modalidades de un fenómeno complejo, la subcontratación laboral. De inmediato, los organismos empresariales cúpula y algunos de sus voceros oficiales y oficiosos protestaron acremente. La Coparmex, en un documento público, señaló que el proyecto “representa una amenaza al crecimiento y a la creación del empleo formal”. De manera dolosa, aseguró que 4.6 millones de personas ocupadas bajo esta modalidad están en peligro inminente de ser despedidas. El documento patronal buscaba también confundir deliberadamente a la opinión pública proponiendo que la subcontratación se debe “regular, no prohibir”.
Una opinión casi idéntica se puede encontrar, por ejemplo, en el editorial de Enrique Quintana, director de El Financiero quien aventuró que, definitivamente, no se contratará directamente a los trabajadores que hoy están en esquemas de “outsourcing” (término que no están en la iniciativa ni en las leyes). Opiniones más ríspidas se han publicado estos días sin faltar alguno que las calificó de “recetas bolivarianas” es decir, supongo, propias de la Venezuela de Chávez, no del libertador Simón Bolívar.
Resulta curioso que todos admitan que se ha abusado de la subcontratación para defraudar a los trabajadores, a la hacienda pública y a la seguridad social. Sin embargo, Quintana llegó al extremo de afirmar que estos ilícitos tuvieron un efecto benéfico pues “permitieron una mayor flexibilidad laboral”. O sea que las leyes pueden violarse impunemente cuando arrojan un beneficio para las empresas.
La idea de que las normas laborales siempre son, en general, perjudiciales para la inversión privada es parte sustantiva de la ideología patronal y del liberalismo. Su paradigma es que, a mayor libertad de los mercados, incluyendo la compra de fuerza de trabajo, mayores los beneficios para las empresas y la creación de empleos. La realidad, no obstante, ha sido distinta. En las últimas décadas, cuando tal paradigma ha sido hegemónico, hemos observado una dinámica viciosa: la desregulación ha llevado a la creación de empleos cada vez más precarios y vulnerables, y a aumentar las ganancias en detrimento de los salarios. Los ingresos se han concentrado de manera más desigual, a niveles inusitados, mientras que las condiciones de vida de los trabajadores han decaído en casi todo el mundo incluyendo los países más desarrollados. Esta desigualdad creciente ha sido la causa –reconocida por académicos de renombre incluyendo varios premios Nobel de economía y la Cepal– de un crecimiento económico inestable e insuficiente; un descontento social muy amplio; y una polarización política que incluso ha capitalizado la extrema derecha como en el caso de Trump en Estados Unidos.
Revisando con cuidado la propuesta del gobierno, que reforma distintas leyes, principalmente la del trabajo, se puede observar que busca impedir varias prácticas, aparentemente legales, que en realidad burlan derechos fundamentales. Primero, los intermediarios que contratan (y pagan a) trabajadores por una labor que se lleva a cabo en beneficio de una determinada empresa. Esto es especialmente visible en la industria de la construcción (que incluso lo destacan en letreros puesto en las obras) y en el reclutamiento de jornaleros agrícolas. Segundo, más importante, empresas que son filiales de un consorcio y que administran la nómina de los trabajadores, pero no realizan ninguna actividad productiva. Los consorcios bancarios, call centers, hoteles y restaurantes (que no son pequeños o micronegocios) han sido muy afectos a esta simulación. Tercero, empresas fantasmas que sólo existen en el papel porque fueron registradas ante notario público con un domicilio inexistente y que son fachadas para transferir recursos de un lado a otro y frecuentemente a paraísos fiscales. Algunas de éstas manejan nóminas y pagos a la seguridad social en libros de contabilidad con información falsa. En todos estos casos, las empresas contratantes no se hacen responsables de las obligaciones patronales o las disminuyen para bajar los costos de las compañías beneficiarias.
En cambio, la iniciativa de ley permite la contratación de trabajadores por una empresa para que realice o ejecute servicios u obras especializadas en un establecimiento distinto. Por ejemplo, las tareas de limpieza y vigilancia; contabilidad y finanzas; mantenimiento, instalación o creación de equipo y programas digitales (software y hardware); etc. Ahora, sin embargo, para evitar las simulaciones antes descritas estas empresas tienen que registrarse ante la Secretaría del Trabajo para comprobar que realmente hacen lo que declaran. Y se incluye la “responsabilidad solidaria” que significa que, si la razón social contratante no cumple con sus obligaciones laborales, la beneficiaria tendrá que cubrir esas omisiones. Esto resulta muy importante sobre todo en materia de seguridad social pues es frecuente que los subcontratistas dejen de pagar esas cuotas y el trabajador y su familia quede sin servicio médico.
Como puede observarse, la reglamentación propuesta no tiene que afectar la creación de empleos ni aumentar la informalidad. Lo cierto y comprobable es que muchos de los puestos subcontratados actualmente son informales como hemos tratado de explicar. Así que las afirmaciones en este sentido pecan de cinismo y de falta de responsabilidad social.
El problema del empleo desde luego es un asunto que se ha vuelto más acuciante debido a la pandemia y las restricciones impuestas a los establecimientos comerciales y productivos. Para mejorar la situación actual y una recuperación más rápida, hay que crear y poner en práctica un conjunto de programas como el seguro de desempleo, una renta vital focalizada a los trabajadores afectados (sobre todo informales) y un presupuesto contra cíclico. Pero requiere, asimismo, que no se afecte a los empleados con salarios y prestaciones reducidas, propósitos que han cumplido sobradamente las empresas que recurren a las prácticas de subcontratación. Un mayor poder de compra de la población trabajadora ayudaría sin duda a una recuperación más rápida.
El paquete de reformas enviado al Congreso se puede perfeccionar para que cumplan mejor sus objetivos y se eviten malentendidos. Igualmente, requerirá de la voluntad política del gobierno, el cual deberá fortalecer la inspección del trabajo y poner de su parte, predicando con el ejemplo, para que las limitaciones que contiene el proyecto de ley se apliquen en los gobiernos municipales, estatales y el federal. La administración pública se ha vuelto también el reino de la subcontratación simulada y los contratos precarios.
Habría que agregar, finalmente, que los problemas derivados de esas prácticas nefastas: los abusos de los patrones, la falta de mecanismos de defensa de los trabajadores y la tolerancia de la autoridad, no se van a resolver definitivamente con esta iniciativa. Queda pendiente, entre otros, el asunto de las plataformas digitales que contratan (o subcontratan) trabajadores y que ofrecen servicios de transporte, de paquetería o de provisión de alimentos a domicilio solicitados por el internet. Estas empresas no admiten ninguna responsabilidad laboral ya que no se reconocen como patrones.
Coparmex y sus voceros sostienen que “tras la crisis provocada por el Covid-19 las condiciones en el mundo deberán de tender hacia la flexibilización…” y que, por lo tanto, “debe ser cada vez más fácil contratar y ser contratado”. Para ellos, los sindicatos, la negociación bilateral, los contratos colectivos, las leyes y los derechos de los trabajadores entorpecen el funcionamiento de las empresas y la creación de empleos. Ahora, como en otras ocasiones, la Coparmex y sus voceros quieren resolver la crisis a costa de los trabajadores. La iniciativa propuesta por el gobierno no apunta en esa dirección. Esas es la verdadera razón de sus enojos.

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