El escándalo de los Panama Papers amenaza a los involucrados de diversas maneras: unos pocos tendrán que pagar impuestos, otros serán detectados como poseedores de fortunas malhabidas, algunos quizá vayan a la cárcel, más de un jefe de Estado habrá perdido el suelo ante el temor de perder también el poder, y los mexicanos involucrados se estarán carcajeando desde este paraíso de la impunidad.
Los papeles de Panamá, como se le llama a los más de 11 y medio millones de documentos, se considera la mayor filtración de la historia, mayor incluso que los Wikileaks. Forman el paquete de los Panama Papers estados de cuenta bancarios, correos electrónicos, entre otros papeles, así como fotografías al parecer extraídas de la firma panameña de abogados Mossak Fonseca por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (CIPI), el que aparentemente hizo llegar la información al diario Süddeutsche Zeitung, que a su vez los compartió con un centenar de organizaciones de prensa de 78 países.
Vale la pena mencionar lo anterior porque eso significa que será imposible evitar la publicación de los documentos y la identidad de los involucrados, que en muchos casos actúan poniendo sus riquezas a nombre de parientes cercanos. En una primera entrega aparecen los nombres de 72 gobernantes o ex gobernantes y un total de 128 políticos de relieve, así como decenas de familiares de políticos, deportistas, empresarios, actores y criminales.
En la extensa nómina de exportadores de capital figuran los mexicanos Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca y Banco Azteca; Guillermo Cañedo White, ex ejecutivo de Televisa y vicepresidente de la Concacaf; la actriz Edith González, esposa de Lorenzo Lazo Margáin, director jurídico del bufete Alemán Velazco y Asociados; Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño del Grupo Higa y vendedor de la Casa Blanca; Amado Yáñez Osuna y sus socios de Oceanografía; Ramiro García Cantú, contratista de Pemex; y Omar Yunes Márquez, hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, candidato del PAN al gobierno de Veracruz, entre otros próceres.
Un procedimiento que se empleó en varios casos fue abrir o adquirir una empresa en Bahamas u otro paraíso fiscal, desde donde se realiza la adquisición de inmuebles en Estados Unidos u otros países y diversas operaciones por altos montos. Por citar un caso, Alfonso de Angoitia Noriega, vicepresidente ejecutivo y presidente del comité de finanzas de Televisa, adquirió por 55 mil dólares la firma Ucetel Incorporated mediante la cual adquirió un departamento y una membresía de un club acuático de Bahamas. Sin embargo, el empresario no aparece en el directorio de la citada firma que, según Mossak Fonseca está encabezada por un fideicomiso con domicilio en Islas Vírgenes.
En fin, los nombres darán de qué hablar en cada país con gente involucrada en este turbio manejo de dinero mediante los paraísos fiscales, a los que el sociólogo brasileño Emir Sader llama “prostíbulos del capitalismo”, pues empresas como Mossak y Fonseca sirven lo mismo para lavar dinero del narcotráfico que las fortunas de políticos ladrones, o bien para escapar a la vigilancia del fisco, que entre nosotros suele ser excesivamente generoso con los grandes capitales.
Una vez destapado el escándalo de los Panama Papers –y no antes– el Servicio de Administración Tributaria de México (SAT) informó que “abrirá una revisión”. Pero nadie debe preocuparse, pues tal revisión se realizará sólo “en los casos que sea procedente”, lo que incluye, suponemos, “los actos de evasión fiscal”, sin que eso signifique que se vaya a revelar la identidad de los evasores porque, ¿sabe usted?, se procederá “en términos de la reserva fiscal establecida en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación”.
La cautela del SAT se explica porque hay que proteger a los prohombres de México, no vayan a resultar embarrados por el escándalo, que por cierto dará a conocer todavía más nombres. Pero hay algo más: ahora que se reveló este asunto de los papeles panameños, varios gobiernos se rasgan las vestiduras, empezando por el de Francia. Sin embargo, ningún jefe de Estado se halla dispuesto a lanzar una iniciativa para cancelar todas –absolutamente todas– las operaciones que se realizan entre sus países y los paraísos fiscales. La razón es que si no existieran esos guetos de millonarios, los gobernantes ladrones no tendrían donde poner sus ahorritos. Y eso sí sería un desastre.