Que el gobierno actual utiliza el aparato de procuración de justicia y el aparato de Estado más generalmente para fines electorales es obvio y casi redundante. Es lo que hacen los gobiernos de México, desde tiempos inmemoriales. El de hoy es simplemente uno más, igual a los anteriores. La diferencia es que los perseguidos de hoy, más allá de su posible responsabilidad por los delitos de los que los acusan, pueden aprender de y aprovechar las lecciones de los perseguidos de ayer. La primera es desde luego que la inocencia o culpabilidad no vienen al caso: se trata de decisiones políticas del gobierno, al igual que durante casi todos los sexenios desde Echeverría.
Este gobierno emplea la congelación de cuentas (UIF y Fiscalía) y las auditorías fiscales (SAT) más que sus predecesores, aunque el instrumento fue utilizado por diversos motivos políticos por lo menos desde el sexenio de Carlos Salinas. Otros métodos –la prisión preventiva y acusaciones de lavado de dinero y crimen organizado o asociación delictuosa– son más comunes ahora, o francamente nuevos. Todos son eficaces, sobre todo si se trata de voltear a un acusado para que eche de cabeza a colegas o superiores. La pregunta que se hacen los que están en la mira –y en esto el gobierno actual sí ha innovado: anuncia todo– es si conviene irse del país y pelear la extradición o deportación en Estados Unidos, España, Canadá o Israel (con quien no hay tratado), o permanecer o volver a México y pelear aquí.
Todo parece indicar que es preferible luchar fuera. Los que han vuelto –por confiados, ingenuos o arrogantes– la han pasado muy mal. Una vez encarcelados aquí –y obviamente la culpa o inocencia no tienen nada que ver con la prisión– han permanecido tras las rejas un buen tiempo. Raúl Salinas y Elba Esther Gordillo viajaron de San Diego a México pensando que no les sucedería nada, y pasaron entre ambos casi 15 años en la cárcel. Rosario Robles regresó de Europa o de Costa Rica (nunca he entendido muy bien), y va a pasar buena parte del actual sexenio, si no es que todo, en Santa Martha. No sé si Juan Collado pensó en irse a Miami antes de ser detenido, pero estoy relativamente seguro que le hubiera ido mejor –no necesariamente bien– allá que aquí, donde también se soplará seis años de prisión.
Conozco varios casos, de funcionarios, empresarios o políticos, que han litigado su aprehensión en Estados Unidos o en otros países, y han ganado, o pospuesto su condena durante muchos años, pero el hecho es que nunca pisaron la cárcel en México. Algunos son de gran notoriedad –Napoleón Gó-mez Urrutia, Rogelio Monte-mayor, por ahora también Tomas Zerón; otros quizás menos conocidos pero no menos ilustrativos. Otros más han pataleado –Lozoya, Ancira– y aunque perdieron en la medida en que o bien se allanaron a una extradición o perdieron su caso en España, es posible que el haberse fugado o intentado fugarse durante un tiempo les ayudó a negociar un mejor trato con las autoridades mexicanas. Ya sea de extorsión vil, como el caso de Ancira, ya sea de negociación política como el de Lozoya.
Los dos casos medio pendientes son enigmáticos. Jorge Luis Valle –ex senador panista acusado de repartir dinero de Peña Nieto a legisladores de su partido– ya está en la cárcel. En Estados Unidos se encontraría, en el peor de los casos, con libertad bajo fianza mientras el Departamento de Justicia, el de Estado y un juez determinaban su destino. Aquí, se va a pudrir en el reclusorio a menos de que se voltee y cante, que es probablemente el objetivo de la maniobra de la FGR. Tal vez le pidió a un juez que se lo “prestaran” un par de meses para ver si se rendía.
El otro caso es el de Cabeza de Vaca. Aún suponiendo que en efecto el gobierno de Estados Unidos lo esté investigando –pedir informes no es necesariamente lo mismo que investigar–, si López Obrador detiene al gobernador no saldrá en todo el sexenio, digan lo que digan sus abogados (de primera, por cierto), mientras que si cruza la frontera, puede pelear. Sobre todo, si, como me lo aseguran, conserva la nacionalidad norteamericana, y por lo tanto sus posibilidades de ser extraditado a México son menores. Ya quisiera ver al pobre consultor jurídico de la Cancillería explicarle a la embajada aquí el lío de la Cámara de Diputados, del ministro Alcántara, del Congreso de Tamaulipas, y del juez que expidió la orden de aprehensión de un gobernador con fuero.