A 23 meses de los hechos atroces de Iguala, las autoridades mexicanas se han empeñado en sembrar la desconfianza entre los familiares de los normalistas desaparecidos y en la misma sociedad, a consecuencia de las pésimas actuaciones de los funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) comandados por Tomás Zerón de Lucio, artífice de la impresentable “verdad histórica”. Lo deleznable del caso es que buena parte de los funcionarios encargados de la investigación respaldan en los hechos esta versión, a pesar de que ha sido desmentida con bases científicas, tanto por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) como por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). La misma titular de la Procuraduría, Arely Gómez, en lugar de resarcir el daño y remover al funcionario deshonesto, mantiene una postura pusilánime para no trastocar los intereses siniestros de los grupos de poder enquistados dentro de la PGR. Lo reprobable fue la arremetida que emprendió el mismo gobierno contra los representantes de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por haber evidenciado las graves violaciones que se han multiplicado en nuestro país y que permanecen en la impunidad. En las altas esferas del gobierno es más importante cultivar la buena imagen de México en el exterior que bajarse del pedestal y asumir un compromiso real con las víctimas, para llegar a la verdad y allanar el camino de la justicia. El trabajo impecable realizado por el GIEI puso en entredicho la reputación del gobierno que en lugar de acatar sus recomendaciones y mantener una postura abierta y autocrítica, le cerró las puertas y se negó ampliar su estancia en México para contrarrestar la presión internacional. El acuerdo final que el Estado mexicano asumió con la CIDH, de implementar un mecanismo de seguimiento para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones del GIEI se ha estancado, porque aún no se ha concretado la visita del nuevo equipo de trabajo que dará seguimiento al trabajo del GIEI. Las autoridades aceptaron a regañadientes la decisión final que tomó la CIDH, por eso no existe mucho interés en brindar todas las facilidades al nuevo equipo, más bien, están empeñadas en limitar el ámbito de su intervención; en mantener un mayor control sobre sus actuaciones para evitar que su trabajo tenga el mismo impacto que el GIEI.
Los papás y mamás de los 43 normalistas han tendido puentes con organizaciones de familiares que también tienen hijos desaparecidos para impulsar una agenda de trabajo conjunto que obligue a las autoridades a atender sus principales demandas.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas declarado por la Asamblea General de la ONU el 30 de agosto, varias organizaciones de familiares de desaparecidos de Iguala, Acapulco, Chilapa con la participación de los papás y mamás de los 43, este lunes 29 realizarán un foro estatal para dejar en claro cuál es la problemática estructural que enfrentan las víctimas de desaparición forzada ante un gobierno indolente que no centra sus acciones en proteger sus derechos y que se ha desentendido de las tareas de búsqueda, siendo las mismas familias las que arriesgan todo, con tal de saber dónde están sus hijos.
Los nulos resultados de las visitas que han realizado a Chilapa el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de Gobernación y el mismo gobernador han generado un clima de mayor terror, porque no hay un ataque frontal a las estructuras delincuenciales que ahí operan y siguen intactas. Estas organizaciones con suma facilidad accionan sus armas en plena luz del día y en lugares donde hay relativa vigilancia. En junio y los primeros días de julio del presente año, asesinaron a tres policías federales en el mercado municipal; al director de Gobernación en un restaurante ubicado en el primer cuadro de la ciudad y al regidor de la Juventud cuando se desplazaba en su vehículo a la ciudad de Chilpancingo. Es incomprensible que habiendo un número importante de militares, policías federales y policías estatales, los grupos de la delincuencia tengan libertad para maniobrar y trasladarse con armas para cometer sus crímenes, sin que detecten su modus operandi.
Las familias de los desaparecidos han tenido que sobreponerse al miedo y han tomado la iniciativa de acuerparse para constituirse como un colectivo que se aboque a buscar a sus hijos o esposos con el apoyo de las autoridades federales, para que implementen operativos de búsqueda e investiguen el paradero de los desaparecidos. “Siempre Vivos” es el nombre que eligieron las familias para autoidentificarse y establecer alianzas con otras familias de desaparecidos con el fin de conocer los métodos de búsqueda y la manera como realizan los trabajos de exhumación con los peritos de la PGR. A finales de junio de este año los familiares de Siempre Vivos contabilizaron 64 personas desparecidas. Su mayor preocupación radica en los riesgos que corren para hacer los recorridos, porque las organizaciones criminales que están en disputa del territorio no permiten la libre circulación de las personas en los lugares que cada grupo controla.
Lamentablemente Iguala es ahora la cuna de la delincuencia. Es la plaza más disputada de la región norte donde convergen varias organizaciones criminales provenientes de Michoacán, que toman la ruta de los principales pueblos de la Tierra Caliente. Otro bloque de la delincuencia proviene del estado de Morelos cuyo centro neurálgico es Cuernavaca. Un tercer frente lo conforman los grupos que se han diversificado en todo el macizo de la sierra y que tienen como centro de operaciones la capital del estado. Es una región caliente no sólo por su clima sino por la disputa a muerte por la plaza, donde se han involucrado agentes del Estado de diferente nivel que en los últimos años se aliaron con el grupo delincuencial Guerreros Unidos. Solamente en este primer semestre hay 76 asesinatos, ubicándose como una de las tres ciudades más violentas del estado, después de Acapulco y Chilpancingo.
La tragedia de los 43 estudiantes desaparecidos, los seis ejecutados y 40 heridos acaecida en esta ciudad, impulsó a las familias de Los Otros Desparecidos de Iguala para dar a conocer la ola de asesinatos y desapariciones que desde hace años están sucediendo. Varias familias conocen bien el modo cómo trabajan las organizaciones criminales que tienen el respaldo de las corporaciones policiacas. Ubican a sus líderes, saben dónde están las casas de seguridad; también saben quiénes son los halcones e identifican a la gente del gobierno que trabaja para ellos. Tienen información de los lugares donde hay fosas clandestinas y los parajes donde se llevan a las víctimas para matarlos.
La violencia campea en toda la ciudad por eso la población no denuncia, porque sabe que los delatados están en el mismo gobierno. La infiltración del crimen en las estructuras del poder municipal y en las corporaciones policiales representa el peligro más grande para los familiares de los desaparecidos, porque los de la maña son la ley y la aplican con toda saña. A pesar de estos peligros, las familias de Los Otros Desaparecidos no sólo se han armado de valor para hacer visible su exigencia al gobierno para que busquen a sus familiares, también se han organizado para salir a los cerros a buscar a sus hijos. Dan por hecho que fueron asesinados. Sus esfuerzos se concentran en la búsqueda de fosas clandestinas para descubrir restos humanos, exhumarlos y tratar de identificarlos con el apoyo de la PGR. Han desafiado a los grupos de la delincuencia y han obligado a las autoridades para que los acompañen en sus búsquedas. Han logrado lo que el gobierno nunca hizo: buscar a sus familiares desaparecidos y ubicar cuerpos en fosas clandestinas. Desde que se propusieron realizar la labor de búsqueda en noviembre de 2014, el grupo de Los Otros Desaparecidos de Iguala, con el apoyo de peritos de la PGR, han encontrado 145 cuerpos que fueron inhumados en fosas clandestinas, logrando que 24 de ellos estén identificados.
La organización “Familias de Acapulco en busca de sus desaparecidos”, se ha visto obligada a marchar en varias ocasiones por la avenida Costera para hacer visible la tragedia que envuelve a decenas de familias que prefieren guardar silencio ante el terror impuesto por los grupos de la delincuencia organizada. Papás y mamás han levantado la voz para demandar la presentación con vida de sus hijos. Reclaman el derecho a saber qué hicieron con sus hijos. Se han organizado por la indolencia del gobierno y su incapacidad para contener la ola delincuencial que cuesta más de seis vidas diarias. Acusan a las autoridades como cómplices de los grupos criminales porque mantienen intactas sus estructuras y porque tienen información veraz de que la policía del municipio forma parte del entramado delincuencial.
En Iguala, este sábado 27, los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos realizaron un mitin y colocaron ofrendas florales en las estelas de los tres compañeros asesinados: Julio César Mondragón, Daniel Solís Gallardo y Julio César Rámirez Nava. De nueva cuenta exigieron al gobierno que diga la verdad de lo que pasó con sus hijos el 26 y 27 de septiembre de 2014. Demandaron al salida de Tomás Zerón por ser un obstáculo para que avancen las investigaciones.
En el marco de los 23 meses, más de 6 mil jóvenes se dieron cita en el estacionamiento del estadio azteca para ser parte de las “Voces por los 43”. De las 15:30 horas hasta las 11 de la noche, 14 bandas de ska y rock, como Panteón Rococó, la Tremenda Corte, Fallas de Origen y Suena Sabroso entre otras, tocaron para exigir la presentación de los 43. Los padres y madres de familia subieron al escenario para expresar su enojo y reclamo al gobierno por su falta de compromiso con la verdad. Manuel Ocequera, saxofonista de panteón Rococó hizo eco al clamor de los papás y mamás: “Estamos en un país que tristemente te da razones para salir a la calle a gritar”.
“¿Dónde están nuestros hijos?”.