En los momentos de crisis cada quien ocupa el lugar que le corresponde. Caen las máscaras y cada cual se presenta como realmente es, sin maquillaje, sin disfraces… Eso mismo está ocurriendo ahora, cuando el llamado “gasolinazo” ha desatado una serie de grandes protestas.
Para apaciguar a la opinión pública, el gobierno federal propuso un pacto semejante al que firmaron autoridades, dirigentes políticos, representantes sindicales y líderes empresariales a fines de 1986, cuando aún había Estado fuerte. El pacto aquel permitió bajar notoriamente la inflación en el último año de Miguel de la Madrid.
Ahora, con su proverbial falta de imaginación política, el actual gobierno hizo algo semejante para apaciguar la protesta por el gasolinazo. Pero la situación es distinta. En los años ochenta las tasas de inflación anual superaron el ciento por ciento y el país entró en una espiral inflacionaria que abatió los salarios y sumió en la desesperación a la mayoría de las familias.
Hoy la tremenda crisis económica tiene otro carácter, pues siendo terrible la situación social, el desastre económico se combina con una monumental ineptitud administrativa, una corrupción sin freno, instituciones en descomposición y una rotunda incapacidad de convocatoria.
El mencionado pacto, llamado Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar (¡!), fue presentado el lunes último ante dirigentes empresariales y un sindicalismo que está muy lejos de contar con la presencia y la fuerza que todavía podía exhibir en los años ochenta.
Para colmo, el documento por aprobarse se presentó a los convocados apenas dos horas antes de la ceremonia en que habría de firmarse, lo que fue una burla para los presentes y una nueva demostración del desorden que campea en el gobierno federal.
Todo fue tan improvisado, que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), una organización poco dada a apoyar las causas populares, se negó a avalar el documento que culpa a los empresarios por la situación económica y no ofrece soluciones a la gravísima situación de la República. La Coparmex demanda un acuerdo sin “objetivos políticos”, fin al alza de los combustibles, un ajuste real al gasto público, eliminar duplicidades en los programas sociales y refinar el crudo en México (lo que exigiría rehabilitar las refinerías, construir otras e instalar ductos).
Juan Pablo Castañón , presidente del Consejo Coordinador Empresarial, defendió las 35 acciones que contempla el Acuerdo del lunes, pero al día siguiente declaró que mientras no se resuelvan los temas de inseguridad, impunidad y corrupción en el país, no habrá posibilidad de fortalecer la economía ni el mercado interno. ¿Entonces?
En lo que se refiere a las fuerzas políticas, como era de esperarse, los partidos de izquierda criticaron el gasolinazo, lo que el presidente Peña Nieto calificó como un intento de sacar ventaja, lo que es del todo cierto, pues los partidos políticos de oposición están precisamente para eso, para sacar ventaja de los errores e insuficiencias de quien gobierna.
Miguel Ángel Mancera, por su parte, consideró que el gobierno federal se equivocó con las medidas incluidas en el flamante pacto, un documento lleno de buenas intenciones cuando lo que se requiere son acciones concretas, dijo el jefe del gobierno capitalino.
Y en medio de la acostumbrada actitud agachona de los priistas, de la mayoría por lo menos, brilla la actitud de dos mujeres, ambas del partido tricolor, pero con una idea muy firme de la dignidad. Una de ellas, la diputada Ivonne Ortega, a la pregunta de “¿Ustedes qué hubieran hecho?”, respondió que había que impulsar nuevas refinerías y el uso de energías alternas, transparentar los ingresos del petróleo, apostar por los ferrocarriles para abaratar los fletes, apoyar a los transportistas para que no aumenten precios y trazar una estrategia para retener empresas y empleos.
Por su parte, doña Claudia Pavlovich, gobernadora y orgullo de los sonorenses, hace unos días expresó su desacuerdo con el gasolinazo y luego, ante gobernadores y miembros del gabinete presidencial, reconoció que hay problemas económicos, pero agregó que “también es muy importante pensar en la estabilidad social” y señaló que “para alcanzarla debemos tener gobernabilidad”, lo que se logra si los ciudadanos están conformes. Ella sí sabe qué hubiera hecho.