Terminó –¡Por fin!– el 2017 y se inicia un año que promete ser peor, a menos que la decisión popular lo convierta en punto de arranque para construir un México diferente, sin la ofensiva desigualdad en que nos han hundido los gobiernos del PRI y el PAN.
Ante cualquier cambio que se propongan la ciudadanía o los gobernantes, estará presente el asunto de las drogas. México, un país con sesenta por ciento de pobres, destina gran parte de su presupuesto a combatir los estupefacientes, mientras que en la mitad de Estados Unidos, la mayor potencia de la tierra, la mariguana ha adquirido estatus legal, ya sea para usos medicinales o de plano para su producción, distribución y venta libres.
La actual política contra las drogas se combina con más de treinta años de economía neoliberal, la que ha producido desempleo, pobreza, marginación y desigualdad. En esas condiciones, no debe extrañar que medio millón de mexicanos –cálculo conservador—de un modo u otro estén ligados al negocio de las drogas.
Otro efecto disolvente es la corrupción, que envuelve lo mismo a ediles de localidades perdidas que a los políticos más encumbrados, a civiles y uniformados. El narco presiona dentro de los partidos para impulsar candidaturas favorables, paga campañas electorales, estimula las carreras judiciales de su gente y tiene más representación que muchas actividades económicas en las cámaras de diputados y senadores.
La iniciativa privada no escapa al influjo del dinero negro, pues por múltiples vías se trabaja para blanquear las inmensas fortunas de los capos. En  ese cometido participan los ejecutivos de grandes bancos, los gerentes de empresas aparentemente ajenas al narco y quienes están en las más diversas actividades, como el deporte profesional, por citar un caso.
La guerra frontal contra las drogas –de algún modo hay que llamarla–, ha fracasado en el afán de disminuir o al menos contener la producción y el trasiego de las sustancias prohibidas, pero en menos de dos sexenios ya suma más de 200 mil vidas perdidas. Eran personas, con necesidades y con sueños, como cualquier ser humano. Eran mexicanos con derecho a una vida mejor que sus gobernantes no fueron capaces de ofrecerles. Y pese a la abrumadora cantidad de muertos, “desaparecidos” y desplazados, crece la producción y crece el consumo, se manejan cantidades de dinero cada vez mayores, las cárceles se llenan de hombres y mujeres que pudieron tener un destino mejor y el país se hunde en una espiral de violencia de la que México debe escapar.
Mantener la prohibición sobre las drogas es como combatir la obesidad prohibiendo las golosinas, lo que sería perfecto para crear otro pujante mercado ilegal. Hay que insistir en que el consumo de drogas ni siquiera figura en las estadísticas de muertes violentas, en tanto que el alcohol es la segunda causa de defunción. Por fortuna, nadie ha propuesto prohibir las bebidas alcohólicas después de la desastrosa experiencia de Estados Unidos entre 1919 y 1933.
Si bien han aflojado las disposiciones legales para el uso medicinal de la mariguana, lo cierto es que resulta extremadamente difícil y costoso obtener los fármacos de cannabis en México, y si alguien no lo cree puede preguntar en la Cofepris, que actúa más como guardiana de la moral que como órgano del Estado encargado de reducir los riesgos sanitarios. Por supuesto, son las trasnacionales las únicas beneficiadas en la legislación actual, cicatera, inhumana y discriminatoria, pues económicamente castiga más a los pobres (Sativex, un medicamento derivado del cáñamo, cuesta más de 20 mil pesos en este país donde abunda la miseria).
Hay que distinguir entre los opositores a la legalización de las drogas (de la mariguana para empezar): la oposición más tenaz y hasta rabiosa no proviene de las familias agraviadas por las bandas del narcotráfico, sino de los funcionarios que lucran con la prohibición. Pero el dilema está claro: o México procede a legislar una despenalización debidamente reglamentada o bien se opta por continuar con la carnicería, con el sufrimiento y la violencia creciente.
La humanidad ha vivido con las drogas, a las que ha dado un empleo ceremonial o meramente lúdico. El consumo por supuesto tiene riesgos, pero también los tienen los tacos de carnitas, y nadie los prohíbe. En 2018, la racionalidad tiene que imponerse a la mojigatería y, sobre todo, al interés de quienes lucran con la prohibición.