Desde hace casi veinte años ha tenido lugar una especie de debate sobre el tipo de policía que debe existir en México. Algunos hemos sostenido, desde 2004, que es necesario abandonar el esquema federalista –copiado de Estados Unidos– de contar con una policía nacional débil o inexistente, y encargarle la seguridad a policías estatales y municipales, para disponer únicamente de una policía nacional única, siguiendo el modelo colombiano o chileno, entre otros. Muchos –la mayoría de quienes se ocupan del tema– piensan lo contrario. Prefieren “apoyar” a las policías locales, formarlas, financiarlas, mejorarlas, y utilizar una policía federal solo en ocasiones y en lugares específicos.
Los sucesivos gobiernos nacionales, desde Zedillo hasta la fecha, han sido ambivalentes. Zedillo creó la PFP, pequeña, y con militares. Fox la mantuvo igual; Calderón la amplió, pero en pequeña escala; Peña no hizo nada; y López Obrador ha creado la Guardia Nacional militarizada, es decir, Zedillo y Fox al revés. En el fondo, se ha optado por la inercia y la parálisis, porque la sociedad mexicana y su clase política son incapaces de decidir.
La semana pasada se sumaron dos elementos a esta discusión. Primero, un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado y de la UDLAP, según el cual 26 por ciento de los municipios del país carecen de… policías municipales. Otro 27 por ciento dispone de menos de 50 elementos. Es decir, más de la mitad de los municipios del país cuentan únicamente con 50 policías municipales o menos. Solo la Ciudad de México cumple con el requisito internacional de 1.8 policías por cada cien mil habitantes; y esos casi dos policías se parecen más a Viruta y Capulina que a Elliot Ness. Con la posible excepción de algunas de las 50 ciudades grandes del país, la policía municipal no existe.
No debiera sorprendernos. La única fuente de financiamiento municipal en el país es el impuesto predial, y es una miseria. No hay, entonces, cómo pagarle a la policía municipal, y no hay ninguna posibilidad inminente de aumentar la recaudación predial o las transferencias federales. Los impuestos estatales no existen, y por lo tanto, con contadísimas excepciones, las policías estatales tampoco sirven de mucho. De modo que a casi veinte años de haberse creado la PFP, no tenemos una policía nacional digna del nombre –aunque la Guardia Nacional con otro gobierno, podría ser la base de ella– ni tampoco policías municipales de verdad. Ahora bien, si alguien piensa que con el paso del tiempo esta disfuncionalidad estructural del Estado mexicano va a cambiar, le sugiero que revise el segundo aporte a la discusión.
Se trata de la docu-serie Duda razonable de Roberto Hernández, que se acaba de estrenar en Netflix. Muchos recordarán Presunto Culpable, la épica producción de Hernández, que estremeció a multitudes de mexicanos. Duda razonable es peor, o mejor, si se quiere: aterra.
Se trata de dos secuestros en Macuspana, y de cuatro personas acusadas y encarceladas por las autoridades locales y estatales. De cada episodio se pueden sacar múltiples conclusiones del terrible estado que guarda el país, pero por mi parte me quedó con una. No es posible tener policías municipales decentes en México. Simplemente no existen condiciones para ello. Gracias a los sueldos miserables que les pagan, producto a su vez del esquema fiscal del país, sus integrantes no tienen remedio. Sin educación, sin integridad, sin escrúpulos, sin equipo, sin absolutamente nada: son impresentables. Golpeadores, mentirosos, corruptos, desidiosos, inútiles: no tienen nombre. Desconozco la opinión del cineasta Hernández sobre el debate citado. Pero su aportación es contundente. No hay manera.