El anuncio, el día de ayer, de que se revisará el marco regulatorio de explotación del petróleo crudo (llamada la ley del Pré-Sal, votada durante el segundo mandato presidencial de Lula en 2009), así como de la desaparición del fondo soberano de Brasil, y del recorte de varios programas sociales por parte del presidente interino Michel Temer, evidenció cuál es la política económica del gobierno. Se trata de implantar un programa económico de austeridad para evitar el aumento de la deuda pública.
Sin embargo, para poder poner en práctica esta política, aplaudida por los principales actores económicos internacionales, es necesario que estas reformas sean votadas por los congresistas. El problema para Michel Temer es que, contrariamente a lo que podía pensarse en un principio, las investigaciones de la justicia no se han detenido a pesar de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. El pasado lunes, Romero Jucá, presidente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, el partido del presidente interino), y ministro de Hacienda, fue expuesto por el periódico Folha de Sao Paulo teniendo una conversación con el ex presidente de Transpetro, una empresa subsidiaria de Petrobras, sobre el avance de las investigaciones de la justicia sobre la clase política en el escándalo de corrupción con recursos de la paraesatatal. En el diálogo, que fue grabado por el propio funcionario de Transpetro para negociar una reducción de pena con la justicia, es posible escuchar cómo el entonces senador Jucá justifica el proceso de destitución de la presidenta: “Es la única manera de terminar con esta mierda” (la investigación de la justicia sobre enriquecimiento ilícito en el escándalo Petrobras).
A raíz de la divulgación de esta conversación, Romero Jucá fue relevado del cargo. De esta manera, la primera crisis política del gobierno interino se produjo apenas once días después de la llegada al Palacio del Planalto (la sede de la presidencia de Brasil) de Michel Temer, lo que evidenció en buena medida las fragilidades de este gobierno. En efecto, la principal apuesta de Temer se encuentra en su relación fluida con los congresistas y la clase política en general. Al haber sido en dos ocasiones presidente de la Cámara de Diputados, y durante quince años presidente del PMDB, conoce a profundidad el funcionamiento –y las necesidades– de los políticos. El problema es que esa clase política está hoy en día más que puesta en entredicho: está sobre todo acusada de practicar actos de corrupción, acusación que abarca a más de 300 diputados y senadores. Entre ellos, siete fueron nombrados ministros del gobierno interino, lo que deja pensar que muy probablemente otros miembros del gabinete sean objeto de filtraciones o sean enjuiciados por la corte suprema si la fiscalía aporta las pruebas suficientes para inculparlos.
La opinión pública, por el contrario, ha venido expresando su molestia con el nuevo gobierno federal. Se trata de la principal debilidad de Temer, no solamente por su alta impopularidad, sino también por la demostración fehaciente de que la destitución de la presidenta Rousseff no cambió en nada las reglas del juego político en Brasil. Durante meses, las calles de las principales avenidas de Sao Paulo y de Río de Janeiro fueron colmadas por centenares de miles de personas de la clase media alta que exigían el fin de la corrupción y de la impunidad. En ese entonces, para la mayoría de esos manifestantes, Dilma Rousseff y el Partido de los Trabajadores (PT) encarnaban la corrupción existente en Brasil. Por lo visto, la corrupción no ha desaparecido con el nuevo gobierno, y peor aún, todo indica que la destitución de la presidenta tenía el objetivo opuesto: perpetuar el sistema de corrupción imperante en Brasil. Veremos en las próximas semanas si el pueblo brasileño está de acuerdo –o no– con esta lógica de la clase política.
* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

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