El pasado domingo se llevaron a cabo elecciones presidenciales y legislativas en Ecuador. Lenin Moreno, ex vicepresidente y candidato del partido Alianza País, fundado por Rafael Correa, llegó en primer lugar, sin que se sepa todavía si será electo presidente en primera vuelta. La ley electoral ecuatoriana permite que un candidato sea electo en primera vuelta en caso de que haya obtenido más del 40% de los votos así como más de 10% de diferencia con el ubicado en segundo lugar. Y con el 89% de las actas escrutadas, el candidato oficialista tiene 39.1% de los votos. La autoridad electoral, por su lado, anunció el lunes que comunicaría los resultados oficiales el próximo jueves, aumentando la polarización política en las redes sociales.
Desde el domingo, los discursos de los candidatos han intentado crear percepciones opuestas. Por un lado, Lenin Moreno, acompañado del presidente Rafael Correa, se declaró triunfador, dando el mensaje implícito de que la elección había acabado ese mismo día. Por el contrario, Guillermo Lasso, banquero asentado en la ciudad de Guayaquil (capital económica de Ecuador) y candidato del partido CREO (derecha), dijo ante sus seguidores que iría a la segunda vuelta electoral. Para ello, la candidata que obtuvo el tercer mayor número de sufragios, Cynthia Viteri, del Partido Social Cristiano (PSC) de Guayaquil, anunció su apoyo al candidato del partido CREO. De esta manera, la oposición al gobierno del presidente Correa intentó crear la percepción en la opinión pública de una irreversibilidad de la segunda vuelta.
Este aumento de la tensión política puede explicarse por el carácter histórico de esta elección. La llegada al poder de Rafael Correa a la presidencia transformó, en buena medida, la democracia ecuatoriana. Hasta 2006, la mayoría de los presidentes de ese país no habían conseguido llegar hasta el final de su mandato, ya sea por escándalos de corrupción, por baja aprobación en las encuestas de opinión, o por pérdida de sus apoyos políticos. Desde ese punto de vista, la permanencia en el poder de Rafael Correa significó una verdadera revolución. Sobre todo si se tiene en cuenta que, antes de ser candidato presidencial por primera ocasión, en 2006, él era un economista sin partido, profesor en la Universidad San Francisco de Quito. Si bien en 2005 fue ministro de Economía durante algunos meses, nunca tuvo una carrera política ligada a las formaciones políticas tradicionales como el Partido Roldosista Ecuatoriano, el Partido Social Cristiano, o Izquierda Democrática. Por ende, la mayoría de los comentaristas políticos no daban muchas posibilidades a esta candidatura, en particular si tenemos en mente que Correa, para alejarse del resto de los políticos “tradicionales”, decidió no apoyar a ningún candidato para las elecciones legislativas que se llevaron a cabo ese mismo año.
Diez años después, los cambios han sido muy importantes. La economía del país vio su producto interno bruto multiplicarse por dos. La pobreza extrema disminuyó, de la misma manera que las desigualdades medidas a través del coeficiente de Gini. Las infraestructuras del país mejoraron, así como la cobertura educativa y la educación superior, que recibió un fuerte impulso, en particular a través de la creación del polo universitario de Yachay. Por otro lado, también existen críticas de sectores anteriormente afines al correismo, en particular el sector indígena, que critica su voluntad de mantener las explotaciones petroleras en la Amazonía, y la creciente dependencia de la economía ecuatoriana de las inversiones chinas. También, durante la campaña electoral, el fantasma de la corrupción ha estado rondando el Palacio Carondelet (sede de la Presidencia ecuatoriana) tras las supuestas irregularidades cometidas por el vicepresidente Jorge Glas. Sin embargo, se trata de un Ecuador muy diferente al de 2006 que entregará Rafael Correa a su sucesor, el próximo 24 de mayo.

* Director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

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