EL-SUR

Lunes 15 de Agosto de 2022

Guerrero, México

Opinión

Efemérides de la violencia

Tlachinollan

Junio 06, 2022

El acontecer cotidiano en nuestra entidad nos ha colocado en una vorágine que no tiene control. Nos hemos acostumbrado al caos vial, como parte del escenario que se vive en la ciudad de Acapulco, en la capital del estado y ahora en Zihuatanejo. Cada semana se acumulan protestas de toda índole. La gente ya no encuentra respuestas satisfactorias por la vía institucional. Es inútil realizar las gestiones y solicitudes para entablar reuniones con las autoridades. No hay respuestas satisfactorias, todo queda en mero formalismo burocrático, que solo exaspera el ánimo de la gente.
No hay sector de la sociedad que no recurra a la protesta social para demandar servicios básicos, como el agua, el drenaje, la pavimentación de calles. Tiene que ser la presión social como último recurso para ser escuchados. Perdió credibilidad la palabra del funcionario. La confianza se extinguió. Los presidentes municipales ya no despachan en los ayuntamientos para evitar que la población se arremoline y los emplace a cumplir lo que prometieron. Los síndicos y regidores ya no acuden al Palacio Municipal por temor a ser detenidos por sus mismos correligionarios y policías, porque además de los salarios raquíticos, éstos tienen que solventar los gastos que requieren para realizar sus trabajos.
En las oficinas no hay mobiliario, ni equipo de cómputo para trabajar. Los almacenes están vacíos y ya no hay forma de atender los requerimientos de las direcciones o de satisfacer las demandas de la gente. Las despensas que llegan al DIF, se reparten discrecionalmente para asegurar la clientela política. Los pocos archivos que se conservan se encuentran abandonados, en mal estado. Para los políticos son acervos irrelevantes que pueden ser desechables. No cuentan con personal especializado que se encargue de rescatar los documentos y de preservar su contenido. Ante el negocio que deja la construcción de nuevas obras, los presidentes municipales tienden a despreciar el patrimonio arquitectónico y a propiciar su destrucción o deterioro. A pesar de la riqueza cultural y lingüística que existe en las regiones indígenas hay una visión etnocéntrica y racista de las autoridades, que relegan las manifestaciones culturales que enaltecen a nuestro estado. El descuido es total sobre los bienes públicos y nadie se hace responsable de preservarlos y protegerlos.
Lo más cruento que padecemos como guerrerenses es el alto número de vidas humanas que a diario perdemos. No hay forma de contabilizar nuestra tragedia ni se vislumbra alguna salida para poner un dique al derramamiento de sangre. Nos hemos deshumanizado y ensimismado en nuestro entorno personal y familiar. Dejamos en manos del crimen organizado nuestra seguridad y nuestra economía. Las autoridades estatales en turno fueron desentendiéndose de sus responsabilidades públicas, y vislumbraron el gran potencial económico que tiene Acapulco para hacer grandes fortunas. Muchos políticos ambiciosos se deslumbraron y permitieron que el puerto se transformara en el lavadero de los diferentes giros de la economía criminal. Además de las sumas millonarias que entraban a la alcaldía por las participaciones federales vieron un gran potencial para hacer negocios privados creando empresas fantasma y apropiándose de los bienes de las y los acapulqueños. La presidencia se transformó en un botín, al grado que todos los ediles y funcionarios de primer nivel son ahora empresarios prósperos que viven seguros en sus mansiones, porque amarraron bien sus acuerdos con el crimen organizado.
Las disputas sangrientas que se libran en las calles no son solo problemas de vecinos o de pequeños grupos, es la expresión de la descomposición de la vida pública y del colapso que hay dentro de las instituciones de seguridad por los intereses económicos mal habidos. El desorden que impera al interior de varias dependencias gubernamentales se debe a las disputas internas que se dan entre los grupos de poder a consecuencia de intereses contrapuestos sobre el control de los fondos públicos. La clase política que vivió la luna de miel con los grandes capos y con empresarios de la Ciudad de México, con gran facilidad establecieron negocios y brindaron todas las facilidades para hacer los grandes emporios turísticos.
El poder político desde hace varios lustros quedó supeditado al poder del crimen organizado. Esta red no se circunscribía al ámbito municipal, sino que se extendía a nivel estatal, en la esfera de los gobernadores y también participaban funcionarios federales del primer círculo de los presidentes de la República. El negocio del narcotráfico trastocó estructuras del poder político en los niveles más altos entre las elites gobernantes. Los presidentes de la República siempre fueron tratados como reyes cuando llegaban a pasear a Acapulco y estuvieron siempre resguardados por la Marina. En esos espacios cerrados e inaccesibles es donde se dirimían los grandes negocios que se hacían en los territorios ejidales de los acapulqueños, que en todo momento han sido despojados de las mejores playas y los han relegado a sobrevivir en la periferia, enfrentando ahora al flagelo del crimen organizado. Los saldos de estos pactos de las cúpulas del poder y la participación del crimen organizado en los grandes negocios inmobiliarios fueron dejar un puerto amurallado en Punta Diamante, con millones de acapulqueños desempleados; con miles de jóvenes de las colonias periféricas que son cooptados por el crimen organizado; con colonias inseguras y sin servicios básicos y con una violencia imparable donde las mujeres y las niñas son parte del botín de la economía criminal.
Con este mar de sangre la población pobre de Guerrero tiene que sobreponerse a la violencia. No puede resignarse a padecer la muerte en silencio. Además de luchar por la sobrevivencia, porque el costo de la canasta básica se ha duplicado, las familias que han sido víctimas de la violencia tienen que organizarse y resistir para no permitir que sus seres queridos que han sido desparecidos o asesinados, queden sepultados en el fango del olvido.
Con estos hechos recurrentes en el estado, como guerrerenses tenemos una efemérides de la violencia, por tantas tragedias que han sido causadas por un poder represor que se erigió como amo y señor del estado y de las vidas de la gente que luchaba. Fueron los caciques coludidos con generales los que sentaron las bases de un Estado criminal en Guerrero, porque planearon desde los centros del poder político y militar cómo exterminar la guerrilla, como desaparecer y matar a los luchadores sociales. Esa estela de muerte de la guerra sucia no se ha saldado. Es un deuda que tiene que pagarse. Hay la voluntad política del presidente de la República de que se investiguen estos crímenes. Para ello ha creado la Comisión de la Verdad para el esclarecimiento histórico de estos hechos abominables.
Recientemente compañeros y compañeras que conformaron la Comverdad estatal presentaron su informe donde dan cuenta pormenorizada de la represión generalizada y sistemática que emprendieron el Ejército y la Marina para extipar la guerrilla y al mismo tiempo causar terror entre la población civil, cometiendo graves violaciones a los derechos humanos. Fueron cientos de personas desparecidas de manera forzada, la mayoría de los detenidos fueron víctimas de torturas. Muchas personas fueron ejecutadas en las instalaciones de la policía del estado y en los cuarteles militares. Muchos jóvenes, hombres y mujeres, fueron llevados en un avión para ser tirados al mar en las costas de Oaxaca. Todas estas atrocidades que se cometieron con el respaldo del presidente de la República y los generales del Ejército continúan en la impunidad. Como guerrerenses tenemos que transitar este umbral de la violencia del estado, y para ello se tiene que castigar a los militares que fueron los perpetradores de estos crímenes de Estado.
Este 7 de junio también conmemoraremos otro aniversario más de la masacre perpetrada por el Ejército contra 11 indígenas Na savi y un estudiante de la UNAM en la escuela primaria Caritino Maldonado hace 24 años en El Charco, municipio de Ayutla. Es otro crimen que no ha sido investigado por las autoridades federales, por el contrario, los militares investigaron a los mismos indígenas. Detuvieron y torturaron a las personas que se encontraban en la escuela. A varios los trasladaron a cárceles de máxima seguridad para hacer más cruento su castigo.
Desde hace 24 años las viudas de El Charco han sido víctimas de persecución, de amenazas. Las autoridades las abandonaron y dejaron que sus hijos padecieran los estragos del racismo y no tuvieran oportunidad de estudiar. El mismo Ejército continuó con su estrategia de contrainsurgencia. Dividió a las comunidades y varios de sus líderes fueron asesinados para causar terror y acallar todo intento de organización comunitaria. Hasta la fecha las autoridades federales se han desentendido del caso a pesar de que está siendo atendido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las familias de El Charco y de las comunidades vecinas que fueron víctimas de esta masacre, mantiene en alto la bandera de justicia. No están dispuestas a que el Ejército llegue ahora a sus comunidades como benefactor de los programas nacionales y como el nuevo guardián de la seguridad de la población. Para las viudas de El Charco, los militares tienen que estar en las cárceles y en sus cuarteles. Tienen que pagar todos los daños que causaron a sus comunidades y familias y tienen que pedir perdón por las atrocidades que cometieron, para que nunca más se atente contra la vida y la dignidad de los hombres y mujeres de la lluvia.