El incremento de los salarios mínimos anunciado la semana pasada puede leerse de distintas maneras: en primer lugar, desde el punto de vista histórico, viendo el largo plazo, se trata de un esfuerzo significativo. Después de una caída vertical entre 1982 y 2003, hubo una etapa de congelamiento que duró hasta el 2017. En la administración del presidente López Obrador, el aumento ha sido de 96% en términos nominales y alrededor de 75% en términos reales (sin tomar en cuenta la inflación de 2022 y exceptuando a la franja fronteriza del norte). Desde este ángulo, los salarios mínimos han alcanzado el nivel que tenían en 1988, pero todavía están a la mitad de su punto más elevado ocurrido en 1977.
Esta trayectoria muestra una recuperación acelerada. Un crecimiento promedio anual real de casi 19% (frente a un 5.5 % del periodo 1953-1970 cuando se observó el periodo más prolongado de crecimiento de los salarios). Representa sin duda un punto de inflexión que debe ser sostenido no sólo en el sexenio actual sino durante varios años más. Un cambio de fondo que debe reconocerse como un punto de partida para el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores. Rompió con tesis supuestamente basadas en criterios científicos propagadas por la administraciones anteriores que aseguraban que aumentar los mínimos por encima de la inflación afectaría la creación de empleos y sería un factor que dispararía los salarios y los precios en su conjunto. Se puede entender como una derrota, en el terreno político e ideológico, de las ideas neoliberales más rígidas y de aquellos personajes que de manera sistemática y planeada decidieron mantener estos ingresos laborales en niveles mundialmente muy reducidos para “atraer la inversión”, creyendo que esa “ventaja comparativa” impulsaría el crecimiento económico.
Desde el punto de vista del combate a la pobreza, esos casi 173 pesos o poco más de 5 mil pesos mensuales, son todavía inferiores a la línea calculada por Coneval para definir la pobreza urbana por familia, la cual sería de al menos 7 mil 840 pesos, presumiblemente, en enero de 2022. Sin embargo, sería suficiente para comprar la canasta alimentaria en las zonas urbanas de alrededor de 4 mil pesos mensuales (suponiendo en ambos casos que esa familia necesite al menos dos salarios mínimos para sostener a todos sus miembros).
Ayudará por lo tanto a reducir, en una medida por ahora incuantificable, el número de personas que en el tercer trimestre de 2021 tenían un ingreso laboral que los ubicaba por debajo de la línea de la pobreza, y que representaban el 41% de la población ocupada: principalmente al 20% menos favorecido y más lastimado por la crisis causada por la pandemia. La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde aseguró que beneficiará a 6.3 millones de trabajadores, según cifras del IMSS.
No obstante, debe tomarse en cuenta que la informalidad laboral alcanza al 56% de todas las personas ocupadas. Éstos, que no tienen un contrato, prestaciones, ni seguridad social, se benefician poco de los aumentos decretados por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami). Se trata de 31 millones y medio de trabajadores con un ingreso laboral promedio de 4 mil 400 pesos mensuales. Una porción muy significativa gana menos de un salario mínimo; según Coneval, en total hay 16 millones de trabajadores en esta condición.
Un tercer enfoque tiene que ver con las revisiones contractuales. Durante este año, según el Banco de México, éstas han logrado incrementos entre agosto y octubre entre 5.7 y 4.1% en términos nominales. Calculando la inflación de los últimos doce meses, resultan cifras negativas en términos reales de -1.2 y -1.6 %. Por su parte, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), señaló que, entre enero y octubre, el aumento promedio de los salarios fue de 4.5% en términos nominales; descontando la inflación, retrocedieron 0.94%.
La cosa se va a complicar el próximo año debido a que la inflación ha venido al alza y puede seguir esta tendencia en 2022. De acuerdo con la Conasami, el factor que debe guiar las negociaciones colectivas sería de aproximadamente 9% ya que el llamado MIR (Monto Independiente de Recuperación) tiene, dijeron, “como única finalidad la recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos, y es una cantidad absoluta en pesos (en esta ocasión $16.90), que no debe ser utilizada como referente para fijar otros salarios vigentes como los contractuales, federales, estatales, ni municipales”. Suponen quizás que el aumento general de precios de este año será cercano al 8% por lo que la recuperación real sería apena un punto o menos.
Esta indicación tiene varios problemas: el primero, que la Conasami no debería hacer recomendaciones de este tipo. No está en sus facultades legales y se trata de una práctica heredada del sexenio anterior. Se supone que las revisiones contractuales se deben llevar a cabo por los empleados y empleadores sin ninguna influencia externa incluyendo, desde luego, cualquier instancia oficial. El segundo, que las empresas serán muy renuentes a otorgar este margen de aumento debido a los problemas e incertidumbres que asolan el panorama económico. Recordemos que a nivel mundial se enfrenta también un proceso inflacionario agravado por la interrupción de las cadenas de abastecimiento y los posibles efectos de la nueva ola de la pandemia. Y que, a nivel nacional, la recuperación económica ha sido más lenta en los últimos meses. Por su parte, las familias han visto aumentar el precio de su canasta alimentaria de manera más acentuada que el promedio nacional. Desgracidamente, la reforma laboral apenas está en un momento de transición y la inmensa mayoría de los trabajadores no cuentan todavía con sindicatos, contratos o dirigentes representativos que garanticen una negociación de sus salarios apegada a sus requerimientos presentes y futuros.
En resumen, los incrementos a los mínimos han roto con una tendencia de varias décadas y pueden amortiguar el crecimiento de la pobreza. Sin embargo, sus efectos serán limitados por la magnitud del trabajo informal; la inflación; y la respuesta de los empleadores en un entorno que arrastra todavía el peso de una estructura sindical muy poco representativa y de una base obrera desmovilizada que, al mismo tiempo, siente que sus ingresos alcanzan cada vez menos para sostener a sus familias.
Lo anterior puede crear un panorama difícil para el próximo año. Por un lado, nos encontraríamos con una inconformidad social que no encuentre solución, con los costos políticos que ello representa. En algunos casos, se producirían conflictos laborales en un entorno más bien desfavorable para los trabajadores. El esfuerzo gubernamental requiere entonces complementarse con más reformas laborales (seguro de desempleo; combate a la informalidad; protección a los puestos de trabajo más vulnerables como los jornaleros rurales y los que laboran en plataformas digitales); la continuidad de la implementación de la reforma laboral (sin las restricciones presupuestales que la amenazan); y una estrategia económica renovada que amplíe los programas sociales para beneficiar a los trabajadores en activo y al mismo tiempo fortalezca la oferta mediante una nueva política industrial (mayor inversión pública en infraestructura; en investigación y desarrollo científico y tecnológico; y en apoyos a las micros y pequeñas empresas). Vivimos un proceso de transición: los aumentos a los mínimos son una base, indispensable, para fincar una sociedad más justa y productiva. Sería una lástima que el resto de la obra quedara inconclusa.
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