Con Néstor de Buen en el recuerdo

Terminó la misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y no pocos funcionarios habrán respirado con alivio. El GIEI, que fue llamado por el gobierno mexicano, se había convertido en un visitante molesto, irritante, indeseable para quienes quisieran echarle tierra al caso de los muchachos de Ayotzinapa.
El GIEI hizo trizas la “verdad histórica” sostenida por Jesús Murillo Karam, según la cual los 43 estudiantes fueron asesinados, sus cadáveres cremados en Cocula y echados al río. Pieza por pieza, el GIEI desmontó la farsa, puso en duda que se hubiera realizado una investigación digna de ese nombre, mostró que no había datos contundentes sobre la presunta muerte de los jóvenes ni de su cremación.
Una y otra vez, a los integrantes del GIEI se les pusieron piedritas y piedrotas en el camino, se intentó desviar sus indagaciones, se les quiso exhibir como personas sin aptitud para la tarea y durante su estancia no cesó la campaña de descalificaciones según la cual el Grupo pretendía realizar funciones que sólo correspondían al Estado mexicano, o bien, le exigían confirmar la versión oficial, pues para eso el gobierno federal le había pagado una cantidad millonaria.
Lo más lamentable fue que la Secretaría de la Defensa Nacional viera al GIEI como una pandilla de entrometidos y le impidiera el paso a las instalaciones militares de Iguala y no autorizara los interrogatorios al personal castrense que atestiguó diversos hechos en la noche trágica. De poco sirvió que el Grupo fuera traído por el gobierno federal si funcionarios civiles y militares le escamotearon información que puede ser clave para esclarecer el destino de los 43 muchachos.
En resumen, el informe final del GIEI dice que las autoridades no siguieron líneas de investigación determinantes, se manipuló evidencia, se obstruyeron y rechazaron diligencias, se protegió a personal oficial que habría participado en la “desaparición” y mediante tortura se obtuvieron confesiones para respaldar la versión gubernamental. Otra conclusión es que durante más de diez horas, diferentes corporaciones policiales e integrantes del crimen organizado actuaron en perfecta coordinación contra los normalistas.
Se sabe que los muchachos pidieron ayuda a los militares y éstos la negaron con el argumento de que no era asunto de su jurisdicción, lo que significa que en presencia de elementos castrenses una o más personas pueden ser baleadas a mansalva y asesinadas sin que intervengan los uniformados de verde.
Por si algo faltara, personal de la Procuraduría General de la República sembró pruebas y hasta restos óseos, lo que involucra a diversos elementos, entre otros a Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal, quien hasta ahora no ha sido llamado a declarar. En los mismos hechos está involucrado Agustín García Reyes, a quien se señala como integrante del cartel Guerreros Unidos, lo que por lo menos debería investigar la PGR.
Para hacer más notorio el desprecio oficial por los integrantes del GIEI, diversas autoridades no asistieron a la presentación del informe, entre otros, el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, el subsecretario de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, Miguel Ruiz, y el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Betanzos. Alguien también destacó la ausencia del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que con su presencia hubiera mandado el mensaje de que a las autoridades, incluida esta Comisión, de veras interesa aclarar los hechos.
El GIEI se va y deja una serie de recomendaciones que difícilmente atenderá el gobierno mexicano, como limitar la preponderancia de las pruebas testimoniales y las confesiones, pues con frecuencia –¿O siempre?– tienen detrás el chantaje o la tortura. Igualmente, los expertos recomiendan integrar las averiguaciones y evitar la fragmentación de los procesos, pues al proceder como lo vienen haciendo se propician los pactos de silencio, los juicios retorcidos, los culpables prefabricados y las absoluciones inexplicables.
Ayotzinapa no es un caso aislado, declaró uno de los expertos. En efecto, en un país donde son 25 mil los desaparecidos, no se trata de un caso aislado. Pero lo ocurrido en la noche negra de Iguala, ante los ojos de todo el mundo, es, eso sí, un caso emblemático de nuestra indefensión ciudadana.