El pasado 9 de julio, la Administración Portuaria Integral de Guaymas reportaba una fuga de ácido sulfúrico hacia el mar de Cortés. Dos minutos después, decía, se habrían cerrado las válvulas. Por su parte, Grupo México reportaba la fuga de 3 mil litros de ácido sulfúrico hacia el mar de Cortés pero, justificaba, “las características geográficas (una bahía) hacen menos factible la presencia de corrientes de agua que permitan la dispersión de sustancias. Esto, aunado a las bajas cantidades del producto vertidas al mar, hacen poco probable que la sustancia genere afectaciones”. Y como el ácido sulfúrico “reacciona inmediatamente con el agua para generar compuestos inocuos, no hubo consecuencias ecológicas apreciables”, defendían algunos a la empresa responsable. La evidencia pronto demostraría que el derrame podía ser cualquier cosa menos inocuo; la fauna marina muerta en la zona del desastre mostraba que el ácido sulfúrico se disuelve pero antes genera una vigorosa reacción exotérmica, o sea: que se hizo un caldo de mariscos.
Más tarde, trabajadores denunciarían que la fuga había durado mucho más de una hora, por lo que los tres metros cúbicos de ácido sulfúrico reportados por la empresa no fueron tan pocos en realidad; algunos de ellos también “denunciaron que el empleado que tomó el video y lo distribuyó en un chat interno del recinto portuario y después se popularizó en redes sociales fue despedido” (Amalia Escobar, El Universal). Diez días después, seguimos sin saber –y quizá nunca se sabrá– cuánto ácido sulfúrico se fugó en realidad de la planta de Grupo México.
La gobernadora del estado de Sonora, Claudia Pavlovich, declaró que era “muy lamentable” lo sucedido. “La verdad es que nos agarró a todos por sorpresa y espero que las autoridades federales hagan lo que tiene que hacer, jurídicamente y apegados a la ley”. Sólo quien no está enterado de lo pernicioso de la industria desregulada se puede llamar a sorpresa. Durante años se han registrado y documentado los daños al ambiente y a las comunidades que las industrias minera y petroquímica han generado. Particularmente, los daños al ambiente perpetrados por Grupo México.
El Congreso del Estado de Sonora, primero, y el Congreso de la Unión, después, hicieron sendos llamados a revisar el incidente y las condiciones en que se maneja Grupo México, así como condenamientos públicos a este tipo de descuidos y de afectaciones al ambiente.
Días después, 200 personas se manifestaron con frases como: “Sonora se convierte en drenaje de desechos tóxicos de Grupo México”, “Germán me das diarrea” –por Germán Larrea, director ejecutivo de Grupo México, que viene a ser la empresa minera más grande del país–, “Fuera Grupo Tóxico” y “Gobierno federal, escúchanos”. Una vez más, la sociedad clamando por detener una ola que desde hace décadas viene minando la salud y la paz en los territorios locales. Mientras tanto, las acciones de la empresa cerraron en 45.05 pesos, tras una caída de 4.23 por ciento, su nivel más bajo desde el 19 de febrero pasado. Con ello acumuló siete jornadas consecutivas con pérdidas en la Bolsa Mexicana de Valores (Reforma). La sanción del mercado.
Finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió castigo a Grupo México y obligó al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Toledo Manzur, a hacer lo que esperamos de un funcionario de su tamaño: desempolvó el diagnóstico que desde hace años maneja y recordó que México padece al menos 500 conflictos socioambientales, que las situaciones críticas ambientales se deben en buena parte a la proliferación de megaproyectos ligados a los sectores de minería, hidrocarburos, gas, fracking y termoeléctricas, que han generado desequilibrios locales y regionales.
“Nos enfrentamos a una enorme compañía –Grupo México–. Se trata de una empresa que no cumple con mantener sus procesos, es una situación inadmisible”, dijo el doctor Toledo. El derrame de ácido sulfúrico en el puerto de Guaymas, precisó, no tendrá mayor efecto pero sí obliga a revisar el historial de la empresa. Recalcó en que el tema ambiental ya no puede quedar como un tema decorativo y debemos enfrentar de manera contundente las causas de los problemas (Angélica Enciso, La Jornada).
La Profepa destacó, por su cuenta, que “la reincidencia es muy importante en materia ambiental y la legislación prevé como sanción la revocación de autorizaciones de impacto ambiental en casos extremos. Apuntó que cada una de las infracciones de la empresa se deben analizar de manera individual”.
El consenso parece estar claro. Ahí está el adversario.
En tiempos en los que el presidente busca adversarios políticos para consolidar su proyecto de transformación del país, resulta interesante ver el surgimiento del verdadero adversario público. No es un ex presidente desesperado por fundar un nuevo partido, ni lo son alumnos del ITAM –para ningún estado democrático los estudiantes pueden ser adversarios– o las organizaciones de la sociedad civil que buscan cubrir puntos ciegos del gobierno. Ni siquiera lo son los empresarios, sino el modelo de producción extractivista que aprovecha las relaciones políticas para ampliar sus márgenes de ganancia a costa de transferir a la sociedad y al gobierno los daños y perjuicios de sus malas decisiones y procesos depredadores del medio ambiente.
Ese es el verdadero adversario. Ojalá que la posición de Semarnat sea la que marque desde ahora el rumbo de la regulación ambiental en el país. Pero, ojo: no podrá lograrlo sola por el peso específico que tiene, tan disminuido, en el gobierno. Mientras las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Economía y de Hacienda no se alineen con ella para sancionar y fortalecer el marco regulatorio, todo quedará en pellizcos de tobillo a un adversario gigante.
El adversario es el que daña y despoja la posibilidad de cualquier bien común.

La caminera

Este mes de julio en Oaxaca se celebra el Día Estatal de Rebeldía contra la Minería con una Guelaguetza de los Pueblos. Todos contra el mismo adversario.