RUTA DE FUGA

Antes de comenzar el gobierno actual fue cancelado el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el NAIM. Así, 39 mil millones de pesos de recursos públicos invertidos se fueron al basurero. Otros 120 mil millones de pesos se destinarán a pagar la deuda. Quizás otros 50 mil millones de pesos se necesitarán para construir un nuevo aeropuerto en la Base Militar de Santa Lucía. Dos razones se manejan como las fundamentales: la corrupción y la degradación del ecosistema. Parecía una grande y buena noticia para el ambientalismo en México. Por fin tendríamos un gobierno de izquierda que pone en el centro de la decisión al medio ambiente, lo cual no es poca cosa después de décadas en las que la política económica se planteó un crecimiento sin límites basado en recursos naturales limitados… contradicción que puede costar la viabilidad de una nación.
Pero poco duró el entusiasmo ambiental. Nuevos megaproyectos fueron anunciados, que acaso ponen bajo mayor amenaza ecosistemas tan o más valiosos –ambiental y culturalmente hablando– que el lago de Texcoco. Por ejemplo, un tren que cruzará la selva maya. Expertos y académicos de la península de Yucatán han advertido al gobierno que este proyecto pone en riesgo la fauna, el agua y el patrimonio cultural de la selva más grande del continente después de la Amazonia. No importa, contesta el gobierno, el tren va. Lo hará con el mayor cuidado sin alterar el medio, dice. Aunque la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales acepta que la vía es aún una línea imaginaria. Es decir, todavía no se sabe por dónde va a pasar exactamente pero ya se sabe que no va a causar ningún daño ambiental. Y están las nuevas refinerías y un corredor transístmico. Expertos han advertido que eso va en contra de los pueblos originarios, a los que aún no se consulta. Nada importa, quienes se oponen son conservadores y están siendo financiados por empresas extranjeras que quieren desestabilizar el nuevo régimen. ¿Dónde hemos escuchado eso antes?
Pero los megaproyectos son sólo la punta del iceberg. A nivel micro, a nivel local, en las comunidades, ejidos y municipios, la hiedra de mil cabezas del capital sigue carcomiéndolo todo. Con una diferencia repecto a antes de 2018. Los promotores de proyectos depredadores de hoy se consideran legítimos por la cantidad de votos que recibieron como partido. Ganaron las elecciones, pues. Antes se cabildeaba en lo oscurito, se negociaba tras bambalinas y los pueblos que resistían tenían el apoyo popular contra el “capital tirano… ese maldito animal que está acabando con todo” (trovador Fernando Guadarrama dixit). Era el gobierno asociado con los malos que oprimían y despojaban a un pueblo débil. Ahora, nos dicen, todo se hace por el bien del pueblo, incluso el despojo y la usura ambiental.
Porque los que antes estaban afuera exigiendo justicia, ahora están adentro guardando silencio. Porque los que antes eran apestosos capitalistas que tenían que entrar encapuchados y de noche a Palacio Nacional, ahora –inexplicablemente purificados– pueden anunciar sus negocios sin pudor. Ahí tenemos al senador Armando Guadiana Tijerina, productor de toros de lidia y empresario de plazas de toros en Coahuila, que se lanza al Congreso del estado a cabildear abiertamente una iniciativa de ley para echar abajo la prohibición de las corridas de toros; también se hace presidente de la Comisión de Energía, siendo empresario del carbón; y en el colmo del asunto, anuncia que la Comisión Federal de Electricidad va a comprar miles de toneladas de carbón para la producción de energía termoeléctrica. ¿Cómo así? Pero no sólo eso. En noviembre ya había anunciado que la próxima directora general de minas sería Laura Díaz, quien “ha trabajado por muchos años en la defensa de corporativos mineros canadienses. Ha sido desde 2013 integrante del consejo directivo de la minera canadiense Goldplay Exploration” (La Jornada).
Otro caso. El coordinador de asesores del partido que prometió una cuarta transformación del país anuncia que en Mexicali hay agua suficiente para todos, incluyendo las empresas que habían generado un fuerte conflicto socioambiental y propiciaron la represión contra los activistas defensores del agua. Ay, izquierda, por qué me dueles como la derecha. En otros momentos creíamos que un gobierno de izquierda vendría a protegernos de intereses corporativos y a salvaguardar el patrimonio biocultural por encima de cualquier otro interés. Desilusión.
Los megaproyectos son un escándalo mediático. Pero a nivel local y desde dentro del propio partido oficial y hegemónico están sembradas las cizañas. Lo que pasa en Huexca es apenas un adelanto de que el nuevo régimen está fallando en su promesa de una transformación de fondo. Personalmente, como alguien que ha trabajdo por la conservación del medio ambiente desde hace 20 años, no quiero que el gobierno del presidente Andrés Manuel siga el rumbo que lleva, sigo con la esperanza de que sea de verdad desde abajo y con los pueblos. Luego volteo a ver a ciertos personajes y me desanimo. Si la Cuarta Transformación no ve que el medio ambiente debe ser primero, no habrá la deseada transformación de la nación. Aceptar a cualquiera en el movimiento para llegar al poder sin medir las consecuencias es similar a emponzoñar el pozo para matar al ladrón con agua envenenada.

La caminera

En los últimos 12 años en México se registraron al menos 879 conflictos sociales y ambientales en torno a 304 proyectos asociados a la minería; principalmente extracción de hidrocarburos, hidroeléctricas y eólicas, concluye un mapeo de Flacso-México, Montfort University, Fundación Heinrich Böll y Cartocrítica. Coahuila es uno de los estados con hechos violentos asociados a la minería, según el estudio dado a conocer apenas este jueves (El Siglo de Torreón).