En la actual administración federal, con la coartada de las mal llamadas reformas estructurales para modernizar el país, el de aumentar el crecimiento económico e incorporar al país de lleno a la globalización, se ha disminuido en gran manera en los hechos la atención a la problemática ambiental. Prueba de ello, es la abrumadora reducción del presupuesto autorizado del Sector Central de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en un 47.7 por ciento entre el año 2015 y este 2016, quedando en una reducción global de todo el sector Semarnat de 26.5 por ciento en dicho periodo (ver artículo sobre el presupuesto 2016 en El Sur de 2 de julio de 2016). Esto se vio reflejado de alguna manera en los documentos del cuarto Informe de Gobierno, presentado este 1 de septiembre, ya que su Resumen Ejecutivo (134 páginas), del tema ambiental prácticamente no se dice nada –sólo se encuentra una breve mención a la infraestructura hidráulica y al Acuerdo de París en materia de cambio climático–.
Se puede pensar, que los redactores quisieron ser fieles al espíritu del spot del informe que dice: “lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho.”
No obstante en el documento en extenso del cuarto Informe se presentan en 42 de sus 765 páginas, una gran cantidad de información de lo realizado por las diferentes áreas del sector Semarnat. Para tratar de comprender los alcances de lo realizado se ha planteado el contrastar con los seis objetivos y 17 indicadores del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018.
De los tres indicadores del objetivo 1, Promover y facilitar el crecimiento sostenido y sustentable de bajo carbono con equidad y socialmente incluyente, posiblemente sus metas al 2018 no se logren con lo hasta ahora realizado. Se explica:
No se va a lograr que el 2.14 por ciento del Producto Interno Bruto sea el valor de la producción de los bienes y servicios ambientales que protegen y benefician al medio ambiente, que ahora está en 1.06 por ciento del PIB.
Tampoco será posible alcanzar la meta de 1 millón de empleos verdes al 2018, que se informa al 2016 existen 776 mil 214 empleos verdes. Es decir, desde el 2013, cuando se da la línea de base con 695 mil 409 empleos, se habrían generado sólo 80 mil empleos verdes. A ese ritmo logra los 224 mil empleos verdes para el 2018 se observa cuesta arriba con el bajo crecimiento económico del país.
Respecto a la intensidad de carbono, es decir, las toneladas de gases de efecto invernadero (GEI) o CO2 eq. (dióxido de carbono equivalente) emitidas con relación a la actividad económica. Se trata de desacoplar las emisiones del crecimiento económico, si se emiten menos GEI y se crece más el indicador va a disminuir. Eso sería lo deseable, sin embargo se deberá esperar hasta los datos del siguiente inventario de GEI, al final del sexenio para saber, si efectivamente esto sucede.
Con relación a los tres indicadores del objetivo 2, Incrementar la resiliencia a efectos del cambio climático y disminuir las emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero, posiblemente uno sea posible todavía de lograr:
Al respecto, se trata de alcanzar que al 2018, un 75.0 por ciento de la superficie del territorio nacional que cuenta con un programa ordenamiento ecológico o un programa de desarrollo urbano formulado, tenga integrado estrategias y/o criterios de mitigación y/o adaptación al cambio climático. El cuarto Informe indica que al 2016 se tiene alcanzado un 53.1 por ciento.
Otro indicador es el relacionado a estimar el aporte del sector ambiental en la reducción de la vulnerabilidad de los ecosistemas y de la población ante fenómenos relacionados con el cambio climático, este índice agrupa un conjunto de variables que reflejan las acciones del sector para conservar, restaurar y manejar sustentablemente el capital natural; así como el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura relacionada y contribuir a la protección de la población. La meta del índice es un valor de 0.60, pero desde el 2013 año base, sigue en 0.27.
El último indicador del objetivo 2, el de Emisiones de GEI per cápita depende también de los datos del siguiente inventario de GEI, al final del sexenio para saber, si efectivamente reducimos las emisiones per cápita y en qué magnitud.
Respecto al objetivo 3, Fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas, es posible lograr al 2018, las metas de 2 de sus 3 indicadores.
En uno se propone un 94.0 por ciento de cobertura de agua potable, al 2016 se informa de una cobertura de 93.3 por ciento. Es una meta posible de alcanzar.
Igualmente es posible conseguir, la meta de productividad del agua en distritos de riego, que es lograr 1.87 kilogramos por metro cúbico de agua aplicada al 2018 y que el cuarto Informe indica que en el 2016 es de 1.79 Kg/m3, aunque ya se logró 1.83 Kg/m3 en el 2015.
Sólo en el tercer indicador, relacionado al número de decretos puestos en marcha para la conservación ecológica o uso ambiental, se duda que se alcancen la meta al 2018 de decretos para 189 cuencas. Esto debido, a que desde el 2016 se tiene un acumulado de sólo 11 cuencas con estas características.
Respecto al objetivo 4. Recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable del patrimonio natural, se podría lograr alcanzar la meta posiblemente en uno de los tres indicadores del mismo.
El indicador de superficie rehabilitada o con acciones de restauración, cuenta conforme al cuarto Informe con una superficie acumulada de 639 mil 257.6 hectáreas. Es decir, un porcentaje de avance de 57.3 por ciento con relación a la meta sexenal de 1 millón 116 mil 500 hectáreas. Esto que muestra el Informe es resultado de diversas acciones de conservación in situ y el uso sustentable de ecosistemas y especies que proporcionan servicios ecosistémicos.
El siguiente indicador tiene como meta de producir 45 mil 682 millones de pesos en el 2018 en actividades económicas, que están asociadas a un uso sustentable de los recursos naturales. Por el valor dicha meta se observa lejana. Esto debido a que el cuarto Informe indica que en el 2016 la producción ronda los 28 mil 015 millones de pesos, es decir se requieren un incremento de 17 mil 667 millones de pesos (63.0 por ciento adicional).
El tercer indicador tiene como meta lograr al 2018, 17.0 por ciento de porcentaje de la superficie terrestre y de aguas continentales, así como 10.0 por ciento de zonas marinas y costeras dedicadas a la conservación. Esto, mediante sistemas de áreas protegidas y otras modalidades de conservación y manejo sustentable de los recursos naturales. Sin embargo, el cuarto Informe indica que se tiene 15.7 por ciento de superficie terrestre y de aguas continentales protegida, pero solo 1.78 por ciento de zonas marinas y costeras protegidas. Por este último indicador se observa difícil alcanzar la meta de este indicador.
En el objetivo 5 Detener y revertir la pérdida del capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo, sería posible lograr al 2018 las metas de dos de sus tres indicadores.
La meta al 2018 de los Costos Totales por Agotamiento y Degradación del Ambiente (CTADA), sin considerar los costos por disminución de hidrocarburos, sea de sólo 4.5 por ciento con respecto al Producto Interno Bruto (PIB). Como en el cuarto Informe se indica: “Los CTADA son los costos en que tendría que incurrir la sociedad en su conjunto, para remediar, restituir o prevenir el agotamiento y degradación de los recursos naturales y el medio ambiente, como resultado de los procesos de producción, distribución y de consumo humano. (INEGI, 2013). Los CTADA, sin considerar hidrocarburos, incluyen los costos por agotamiento de recursos forestales y uso de agua; así como los costos por degradación del suelo, residuos sólidos y contaminación del agua y aire. El indicador muestra el impacto ambiental derivado del agotamiento de los recursos naturales y la degradación del medio ambiente en el PIB.” El cuarto Informe estima para el 2016 un CTADA de 4.7 por ciento, es decir se observa factible alcanzar para el 2018 la meta.
En el indicador relacionado con la cobertura de tratamiento de aguas residuales municipales, al 2018 se plantea una meta de 63.0 por ciento de cobertura. El cuarto Informe comunica que se ha logrado al 2016 una cobertura de 57.5 por ciento. En el 2013 se tenía una cobertura de línea de base de 47.5 por ciento, es decir tuvo un incremento de 10.0 puntos porcentuales en tres años de cobertura. Por ello, se observa factible crecer 5.5 puntos porcentuales de manera adicional.
El tercer indicador del objetivo 5, el Índice de manejo integral de residuos, mide el manejo integral de residuos relacionando los cambios anuales en la capacidad instalada de la infraestructura destinada al manejo y aprovechamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) y de manejo especial (RME). El índice se expresa en porcentaje y para el 2018 tiene una meta de 83.0 por ciento. El cuarto Informe reporta un índice de 73.65 por ciento al 2016, el problema es que su línea de base del año 2013 es de 72.1 por ciento. Este índice, sólo ha aumentado en 1.55 por ciento en tres años. Por ello, se observa poco factible un aumento de 10 puntos en menos de tres años.
Finalmente, en el objetivo 6, Desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, información, investigación, educación, capacitación, participación y derechos humanos para fortalecer la gobernanza ambiental, se presentan dos indicadores que por sus características se observan más como indicadores de desempeño, que de impacto. Ambos se consideran viables de alcanzar en sus metas para el 2018.
En el Índice de Participación Ciudadana en el Sector Ambiental, se tiene una meta al 2018 de 1.28 en su valor. En el cuarto Informe se indica que en el 2016 tiene un valor de 1.22. Sin embargo, en el 2014 fue de 1.48 y en el 2015 de 1.29. Este Índice permite conocer la magnitud de las acciones del sector ambiental en las que se involucra a la ciudadanía, convirtiéndose de una herramienta para impulsar la participación informada, activa y efectiva de la sociedad, bajo principios de inclusión, igualdad y equidad, mostrando en forma ordenada el estado que guarda la participación y la atención ciudadana, y su variación en el tiempo.
El otro es el Índice de sustentabilidad ambiental de la competitividad. El Índice estima el coeficiente de sustentabilidad ambiental, mediante el cual se ajusta el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (GCI por sus siglas en inglés). El índice corresponde de manera indirecta con el esfuerzo del sector para desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política ambiental. La unidad de medida del índice es numérica, dentro de un rango de 0.8 a 1.2. La meta al 2018 es alcanzar un valor de 1.0, desde el 2013 al 2016 se informa ha mantenido un valor de 0.9. Por ello, se considera que no debería tener problema para alcanzar la meta.
En conclusión, se evaluaría que de los 17 indicadores relacionados al cuarto Informe de Gobierno previsiblemente se lograría las metas al 2018 de 11, y se observa poco factible que se alcancen las metas en seis indicadores. Preocupa esta evaluación, ya que normalmente en el proceso de planeación se es conservador y se seleccionan indicadores y metas factibles de lograr. En especial, está en duda tener buenos resultados respecto a los temas relacionados al crecimiento verde y la mitigación y adaptación al cambio climático.