DE NORTE A SUR

Hace unos días se dio a conocer el Análisis de contexto. Informe sobre las acciones urgentes caso Nayarit de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Es un documento excepcional. Imperdible. El texto está relacionado con hechos de desaparición de personas de 2011 a 2017, y sobre los cuales el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas emitió 47 acciones urgentes.
Mucho hemos dicho y escrito sobre la etapa negra que azotó a este pequeño estado del Pacífico mexicano, pero ahora vemos que una autoridad nos muestra la conexión, la causa-efecto, entre las desapariciones de personas y lo que conocemos como la narcopolítica, en particular la relacionada con dos exservidores públicos: el exfiscal Édgar Veytia, que hoy se encuentra preso en Estados Unidos acusado de narcotráfico, y el exgobernador Roberto Sandoval, que fue aprehendido a mediados del año pasado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Entre los elementos interesantes del documento se halla el que no sólo intenta mostrar “que un determinado evento ocurre en el marco de un contexto, sino también que dicho contexto es o fue relevante para que el evento exista o existiera”, y para eso la metodología se dividió en tres etapas: 1) fase preparatoria, 2) fase de desarrollo, 3) fase de conclusión.
La hipótesis del trabajo se centra en que la alianza entre el gobierno de Sandoval-Veytia con criminales de los Beltrán Leyva, y posteriormente el cambio de apoyo al Cártel Jalisco Nueva Generación, convirtió al estado en una zona de alto número de desapariciones.
En febrero de 2017, dice el texto, el fiscal general de Nayarit le retira su apoyo al Cártel de los Beltrán Leyva para asociarse con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“Los Beltrán Leyva consideran esto una traición, por lo que buscan llevar a cabo acciones en contra de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, sin embargo, no lo consiguen hasta que encuentran condiciones favorables, lo que ocurre cuando la fiscalía se debilita y pueden atacar a las personas que estaban directa e indirectamente relacionadas con el grupo ejecutor de la FGEN en la distribución de drogas, práctica que se conoce como ‘limpia de plaza’. En ese marco tienen lugar las desapariciones masivas de 2017”.
Y continúa con una frase que es aterradora: “Desde entonces, la disputa por el territorio nayarita sigue activa y posiblemente la estructura criminal de la fiscalía sigue operando, ahora para otra organización criminal”.
Fuentes cercanas me han dicho que las cosas en Nayarit no han cambiado tanto como presumen los gobiernos local y federal. La Fiscalía estatal sigue colmada de personas vinculadas a la criminalidad, personas ligadas al exfiscal Veytia.
Por eso vale la pena recordar esos tiempos aciagos de 2011 a 2017. Nayarit vivía un momento de miedo colectivo, muy parecido a lo que sucedía en otros estados como Veracruz con Javier Duarte, o Quintana Roo con Roberto Borge. La gente tenía miedo a hablar del gobierno, en especial del fiscal Veytia. Me tocó hacer varios reportajes de seguridad en esa época, y muy pocas personas se atrevían a dar entrevistas, y de ellas, la mayoría solicitaba que fuera bajo anonimato. Les daba pavor que se conocieran sus nombres.
Incluso el gobierno llegó al punto de monitorear las redes sociales de los reporteros, reclamarles y hacerles expedientes si lanzaban una crítica al gobierno. Esa era parte de la estrategia de control, censura y miedo.
“Así el primer corte a desarrollar es el que establece que durante el periodo 2011-2016 en Nayarit, operó una alianza entre el Cártel de los Beltrán Leyva, y la estructura criminal construida por Roberto Sandoval Castañeda y Édgar Veytia Cambero. Como parte de ese pacto, desde el estado nayarita se protegía a ese grupo criminal y se eliminaba a integrantes de las organizaciones contrarias que acechaban la plaza, particularmente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Su recompensa no sólo era monetaria, sino permitía también ensalzar al gobierno en el combate contra el crimen organizado. No obstante, las autoridades nayaritas no detenían ni ejecutaban a los líderes de las bandas criminales, sino a las personas más vulnerables dentro de la cadena de distribución de drogas: las relacionadas con el narcomenudeo. Esa práctica responde a un modelo de limpieza social, que explica las violencias ejercidas contra éstas”.
Esto es parte del análisis que hizo la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, un texto del que seguiré hablando en columnas siguientes, y que es necesario repetir en otros estados de la República como Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Michoacán, Guanajuato y muchas entidades más.