Tiene la razón el presidente de la República cuando, a propósito del asesinato de Bruno Plácido Valerio, fundador de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), dijo que las autodefensas han sido infiltradas por el crimen organizado. Y no sólo la UPOEG, pues esta circunstancia la padecen todas las autodefensas del país, como consecuencia de sus propias dinámicas sociales. Con excepción de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), que ha podido, con muchas dificultades, superar la posibilidad de dicha infiltración, las autodefensas han quedado arrinconadas al servicio de quienes las financian, sean políticos, caciques o grupos criminales.
Lo que el presidente no dijo es que el primer responsable del surgimiento de las autodefensas en México, ha sido el Estado mexicano, desde Calderón hasta ahora. La ausencia, la omisión y la incompetencia de las instituciones del Estado en materia de justicia y de seguridad han dejado a la gente en un estado de indefensión y de abandono ante las artimañas de la delincuencia organizada, que destruye el tejido social y comunitario en los pueblos y en las ciudades. Si el Estado defendiera a los pueblos, no tendrían que armarse para defenderse.
¿Cuál ha sido el lado débil de las autodefensas, que ha permitido las infiltraciones de la delincuencia organizada y algunas de ellas terminan estando bajo su control? A mi juicio, es la siguiente: la carencia de una base comunitaria acompañada de una reglamentación comunitaria. Cuando hablo de una base comunitaria, me refiero a la presencia de mecanismos democráticos al interior de las comunidades, que mediante asambleas presididas por las autoridades comunitarias garantizan las decisiones en favor de la comunidad y rechazan las decisiones arbitrarias. Este ha sido el camino que ha adoptado la CRAC-PC, con algunas dificultades. Pero este no ha sido el camino de las autodefensas.
Estas surgen, de ordinario, en tiempos de emergencia, cuando los pueblos o comunidades viven amenazadas por grupos delincuenciales y no tienen a las instituciones del Estado de su parte para ser defendidas y protegidas. Las autodefensas emergen de la desesperación de los pueblos que se sienten abandonados a su suerte y deciden tomar las armas para darse seguridad y protección. Se organizan, se arman y se lanzan a la autodefensa. Pero carecen de una comunidad que los respalde mediante asambleas, carecen del aval de las autoridades comunitarias y carecen de reglas aprobadas por las comunidades.
Paulatinamente avanzan en sus procesos de organización con estas carencias, de forma que, sin regulaciones comunitarias, los más abusivos se quedan con el poder y toman decisiones arbitrarias. Cada autodefensa va desarrollando sus propias alianzas, que pueden ser con gobiernos, caciques o con grupos delincuenciales. Esto va generando un clima de inseguridad que en algunos casos convierte a las autodefensas en organizaciones criminales. El grave problema está en la carencia de reglas democráticas para que puedan mantener una organización favorable a la gente.
Es sabido que las autodefensas tienen una base social, como la suelen tener los grupos criminales, que responde a sus intereses y no a los intereses de los pueblos. Es una base social forzada y bajo presión, que suele responder a sus demandas ilegales e ilegítimas. En nuestros contextos, esa base social suele estar constituida por transportistas y comerciantes, que suelen estar bajo su control. Las autodefensas se suelen gobernar a sí mismas al no contar con regulaciones ni comunitarias ni gubernamentales. No se someten a autoridad alguna, ni comunitaria ni de ningún orden de gobierno. Y eso es lo que las hace estar en la ilegalidad y en la arbitrariedad. El mismo tiempo, hay que decirlo, esta es su vulnerabilidad.
También es oportuno señalar que la estrategia federal de seguridad carece también de base comunitaria. En cierto modo, este es su lado débil al lado de la fragilidad de los gobiernos municipales. La seguridad no aterriza en las localidades porque carece de base comunitaria, por lo cual no incorpora la contribución de las comunidades del campo y de las ciudades. Y creo que, si la estrategia federal no fortalece lo municipal y no integra la participación de las comunidades, seguirá dando palos al aire.
La pregunta es: ¿Por qué la estrategia federal no reconoce el potencial de lo comunitario? A veces la percepción es que desprecia esta parte y no la considera importante ni necesaria. El esquema de seguridad pública que el Estado promueve está muy distante de la seguridad ciudadana que necesitamos para construir la paz. Y sigo pensando que la paz no vendrá de los militares y de las policías, debido a que no cuentan con las capacidades necesarias. No podemos pedirles lo que no pueden dar. Necesitamos, ciertamente a militares y policías, pero como una parte complementaria para la paz que, si bien, se construye con decisiones políticas de alto nivel, requiere la participación ciudadana para que sea efectiva al ras del suelo.
Así las cosas, la estrategia de las autodefensas y la estrategia federal de seguridad tienen de parecido en que ambas no consideran el aporte de los ciudadanos en sus tejidos comunitarios porque, sencillamente, se han desconectado de ellos. La construcción de la paz tiene que ser incluyente, esto es, desde arriba y desde abajo. Si el tejido social y el tejido comunitario no se cuidan y atienden, la paz que deseamos seguirá estando muy lejana, porque la paz sostenible requiere la contribución de la base social y comunitaria.
Y la mejor opción para las comunidades no es la que tiene que utilizar las armas, sino aquélla que promueve la participación mediante la toma de conciencia, la educación, la organización y la movilización de los ciudadanos.