Hace pocos días, la Corte Suprema de El Salvador absolvió a la joven Evelyn Hernández, de 21 años, del delito de homicidio agravado después de haber dado a luz un bebé que nació muerto. Se trata de la segunda vez que esta joven se encuentra al borde de ir a cárcel. Su caso, que ocupó un espacio importante de la agenda mediática de América Latina en los últimos meses, ha contribuido a lanzar un debate sobre la despenalización del aborto en los países de América Central, y de manera más amplia, en América Latina. En efecto, Evelyn Hernández quedó embarazada a principios de abril de 2016, tras sufrir una violación en un pueblo de la provincia de Cuscatlán. La joven, que tenía en ese momento 18 años, ya había sido víctima de sucesivas violaciones durante meses. Sin embargo, nunca denunció estos hechos por estar amenazada por el hombre que la violó, ni tampoco sospechó que podría quedar embarazada. Según sus abogados, Evelyn había sufrido un embarazo asintomático. Su madre la trasladó a un hospital local, donde los médicos determinaron que había sufrido un aborto. Como las leyes Salvadoreñas son muy restrictivas en este aspecto, la familia de Evelyn tuvo que avisar a las autoridades competentes, y un grupos de uniformados fueron a su hogar, donde encontraron el cuerpo del bebé de 32 semanas de gestación. La autopsia estableció que falleció a causa de una “neumonía aspirativa”. Los abogados de Evelyn alegaron que nació muerto. Para la fiscalía, ella habría tirado al bebé a la letrina con vida. Este último habría fallecido por los químicos que habría aspirado en ese lugar.
Este caso no es el único en El Salvador. Al menos 16 mujeres de ese país están en la cárcel tras ser condenadas por “crímenes” relacionados con el aborto, o por sufrir complicaciones obstétricas o abortos espontáneos. En efecto, desde 1998, la interrupción del embarazo está penalizada en todos los casos. Según la ONG Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto, entre 2000 y 2014, al menos 49 mujeres han sido condenadas, y de manera más general, otras 250 mujeres han sido denunciadas, principalmente desde hospitales públicos, por la fiscalía por este mismo motivo. De tal suerte que la mediatización de este caso permitió a las organizaciones que luchan por la despenalización del aborto en América Central y de manera más amplia, en América Latina, dejar en evidencia las injusticias creadas por esta legislación represiva y contraria a la emancipación de la mujer.
En efecto, los países centroamericanos disponen de las legislaciones más restrictivas al respecto. En los últimos años, el aumento del peso político de las iglesias evangélicas en los congresos de estos países se ha venido traduciendo en un aumento de la presión para que el marco legal del aborto sea aún más restrictivo. Sin embargo, frente a ello, también es posible constatar que las organizaciones en defensa de las mujeres han venido ganando terreno e influencia en la región. Algunas de ellas, como el Center for Reproductive Rights, han trabajado para dar a conocer casos como los de Evelyn, contribuyendo a mediatizar estas injusticias, así como dando apoyo legal a estas mujeres para que eviten ser encarceladas.
Estos ejemplos de movilizaciones de la sociedad civil han permitido que el debate en torno a la despenalización del aborto avance. Si bien en algunos países, como en Argentina, el Congreso decidió, con una estrecha mayoría, no despenalizarlo, el hecho que el debate público al respecto haya pasado de un tema moral a un asunto de salud pública ha producido evoluciones importantes en el seno de la clase política de ese país.
Sin duda, falta mucho todavía para que las mujeres obtengan la plenitud de sus derechos reproductivos en América Latina. Sin embargo, el hecho que este asunto sea cada vez más comentado en el seno de las sociedades de la región, y a partir de un enfoque de salud pública, constituye una señal positiva para el futuro.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

Twitter: @Gaspard_Estrada