En el último coletazo del gobierno de Felipe Calderón, las empresas de biotecnología aplicada a la agricultura lograron pasar de la fase de experimentación y piloto. Con la prisa de final del sexenio empresarial, solicitaron autorizaciones para pasar a la fase comercial de cultivos genéticamente modificados, como el de soya. El maíz se quedaría en piloto. Todas las agencias de la Sagarpa que –por ley– fueron consultadas aprobaron la resolución. Por parte del sector ambiental, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat emitió una opinión favorable, aunque omitieron que tanto el Instituto Nacional de Ecología como la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad opinaron en el sentido de prohibir la fase comercial. Muchas áreas técnicas del sector ambiental expresaron su sorpresa pero entendieron que la instrucción venía de Los Pinos a la DGIRA. Así, se liberaron permisos para siembras de soya con fines comerciales en Tamaulipas y en la península de Yucatán.
Paralelamente, Alemania y otros países europeos declaraban como riesgoso para la salud humana el consumo de organismos genéticamente modificados (OGM) y obligaba a sus importadores a revisar el origen y las trazas de los mismos en diversos alimentos. De tal manera que la miel de la península de Yucatán sufrió un fuerte revés al ser vetada por llevar huellas de OGM porque las abejas abrevaban en la soya transgénica. Las comunidades mayas –que hasta la fecha siguen en resistencia, ahora por la amenaza del tren– se organizaron, acudieron en alianza con académicos y sociedad civil a instancias internacionales denunciando la violación de su derecho a una consulta previa, libre e informada. Exigieron al gobierno del estado y recordaron la existencia del artículo 115 de la Constitución, que da a los municipios la facultad de normar sobre su territorio. Lograron que Yucatán declarara zonas libres de organismos genéticamente modificados, con lo que se colocaba una piedra en el camino de las empresas transnacionales para vender sus semillas que requieren, para funcionar, del herbicida patentado glifosato. La declaratoria es de suma relevancia, ya que por ley quedan excluidos para permisos de este tipo las Áreas Naturales Protegidas, los Centros de Origen y Diversificación y las zonas declaradas libres de OGM por el estado.
El contrataque institucional vino por parte del despacho jurídico de la Presidencia, ahora del presidente Enrique Peña. Con el argumento de que “el Ejecutivo federal se vería impedido de ejercer su rectoría en materia de bioseguridad”, exigía ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la anulación del decreto estatal que declara zonas libres de OGM. Jurídicamente se estaba pidiendo el respeto al orden federal, pero políticamente se trataba de dar un manotazo a la autonomía territorial y minar la capacidad organizativa de las comunidades indígenas. La Corte se tomó el tiempo necesario y ya no regaló esa oportunidad al gobierno anterior.
Esta semana, la SCJN invalidó el decreto por el que se declara al estado de Yucatán como zona libre de cultivos agrícolas con organismos genéticamente modificados. En su resolución, la Corte dice que, por el sistema federal establecido en la Constitución, le corresponde a la Federación regular en materia de bioseguridad y distribuir competencias a las entidades federativas. Y en lo que respecta a las estas últimas, en la materia los restringe al monitoreo de riesgos. Asimismo, exhorta al Ejecutivo federal a atender las demandas de comunidades indígenas en el sentido de establecer zonas libres de OGM. ¿Esto es una mala o buena noticia?
Para unas organizaciones sociales es preocupante que se elimine la zona libre de Yucatán, ya que abre la puerta a las empresas, además de que ignora el riesgo que representa el avance de proyectos agroindustriales que amenazan los ecosistemas naturales. Para otras, no abre la puerta al cultivo porque siguen existiendo salvaguardas que protegen a las comunidades, por ejemplo: la consulta a los pueblos originarios y las facultades del municipio establecidas en la Constitución.
Desde mi perspectiva, la resolución de la Corte es una oportunidad dorada para que el actual gobierno demuestre de qué está hecho y cómo se diferencia de los anteriores en materia de bioseguridad. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho varias veces que no se permitirán OGM en el país. La Comisión Intersecretarial de Bioseguridad está presidida por el Conacyt, que a su vez está bajo el mando de Elena Alvarez Buylla, una gran defensora del maíz y opositora a los OGM. En la Semarnat se tiene la batuta de Víctor Toledo y sobre todo de Adelita Sanvicente, directora general de Sector Primario, donde se alberga el área técnica de bioseguridad. Adelita ha sido gran elemento desde la campaña Sin Maíz no Hay País contra los OGM. La Sader, responsable de la declaratoria, tiene ahí al subsecretario Víctor Suárez, quien ha sido por años líder indiscutible contra los OGM. Y ahora la Corte les dice que le corresponde sólo a ellos declarar todo el país como zona libre y derivar en las entidades federativas las facultades de control territorial en la materia.
La mesa institucional está puesta. Es el billete dorado que estábamos esperando para que gane la sociedad y para que ganen las comunidades indígenas que han peleado contra las transnacionales en la materia. ¿A qué hora sirven la declaratoria definitiva de México como zona libre de OGM?

La caminera

El 29 de septiembre es el Día Nacional del Maíz. ¿Tendremos declaratoria nacional para esa fecha contra los OGM?