Andrés Manuel López Obrador se tropezó con una piedra puesta por sus antecesores. Las altas percepciones de la burocracia dorada no podrán disminuirse, al menos no fácilmente, pues los beneficiarios de tal injusticia defenderán –están defendiendo—con garras y dientes el botín heredado.
La Suprema Corte, erigida en juez y parte, se dispone a mantener sus privilegios y los de todos cuantos reciben fortunas que superan hasta seis veces lo que gana el actual presidente de la República. No es un asunto menor. Lo que está en juego es la preservación de un orden injusto y aberrante al que no renunciarán sus beneficiarios.
En el origen de las actuales percepciones de la llamada burocracia fifí estuvo el interés de sucesivos mandatarios, que de esa manera ganaban la complicidad de los opulentos ministros y magistrados, receta que luego se extendió al Instituto Federal Electoral (hoy Nacional) para que legalizará los fraudes al grito de “haiga sido como haiga sido”.
Luego, con la creación de múltiples organismos “autónomos” se extendió el otorgamiento de dinerales a sus integrantes que, como en el caso del INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información), convalidaban el ocultamiento de la corrupción, como fue el caso de Odebrecht y otros menos sonados.
Dentro de esa línea de contubernios, está el disimulo de la “justicia” ante los gobernadores ladrones, cuando no su abierta protección en clara complicidad con los depredadores. Una muestra, apenas una, es el reciente fallo del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, que ordenó suspender una exposición de las tropelías del ex gobernador de Chihuahua César Duarte, arguyendo que se viola la presunción de inocencia. Para el caso poco importa que el acusado se haya comprado un banco a mitad de su gestión o que su gobierno fuera el canal por el que circulaban inmensas cantidades de dinero que iban a parar a las campañas del PRI.
Desde luego, hay juzgadores honestos dignos del mayor respeto, pero ante la percepción pública constituyen la excepción, no la regla, pues cualquiera sabe que en México la justicia tiene precio, o precios, pues las tarifas suelen ser variables según el caso y la categoría de cada burócrata. Conseguir una cita con el juez o el secretario, obtener copia de un expediente, enterarse oportunamente de algo relacionado con el desarrollo de un juicio, para no hablar de las sentencias, requiere aceitar la maquinaria judicial con gruesas sumas de dinero.
Esa visión no es únicamente de los críticos de nuestro sistema de impartición de justicia: “No podemos negar que existe actualmente en la sociedad una percepción generalizada de falta de independencia, corrupción y derroche en el Poder Judicial de la Federación”, dice Arturo Saldívar, ministro en funciones de la Corte y aspirante a presidirla.
Lamentablemente, otra vez Luis Raúl González Pérez hace declaraciones que ponen en entredicho su papel de defensor de los derechos humanos, pues defiende los privilegios con el falaz argumento de que el necesario ajuste de ingresos significa precarizar y debilitar el servicio público, cuando, pese a las percepciones faraónicas de los juzgadores, la inoperancia del sistema judicial llega a niveles alarmantes, pues de cada cien delitos que se cometen en México, sólo se persigue el 11 por ciento y menos de dos por ciento de los casos llegan a la última instancia; cuando por lo menos 30 por ciento de los mexicanos en prisión espera sentencia, a veces durante años; cuando entre esos presos hay no pocos inocentes que por la pachorra de los jueces purgan una sentencia inmerecida.
Por supuesto, es explicable que los legisladores del PRI y del PAN se lancen contra el tope al ingreso de los servidores públicos. Los integrantes de ambos partidos han sido usufructuarios del reparto de canonjías y ahora tienen que defenderlas, y lo hacen de acuerdo con los ministros de la tremenda corte.
No casualmente, Ricardo Monreal declaró que los ministros Alberto Pérez Dayán y Jorge Pardo Rebolledo habrían ayudado a los panistas y priistas para redactar la impugnación contra el tope a los ingresos. Los aludidos lo negaron, pero lo publicó un diario que no se distingue por aplaudir las acciones de AMLO y sus seguidores.
Para concluir, puede decirse que se ha modificado el viejo dicho y ahora “el buen juez por su causa empieza”, y vaya que la defienden.