La masacre de una familia, incluyendo niños, perpetrada por policías de la Unión de Pueblos y Comunidades del Estado de Guerrero (UPOEG) en San Pedro Cacahuatepec, ha puesto de relieve lo que ya se veía venir desde que se generaron los grupos de autodefensa en Guerrero. La experiencia de las autodefensas colombianas, que derivaron en grupos paramilitares, que con el apoyo de políticos, militares y latifundistas, se convirtieron en un actor armado sumamente violento, dejando un amplio saldo de víctimas, no presagiaba una solución.
Hay que reconocer que las autodefensas en Guerrero, donde están presentes en casi todas las regiones, han surgido en momentos de crisis humanitaria, donde personas, familias y comunidades se han visto amenazadas y han tenido la necesidad de defender la vida y el patrimonio. Han sido movimientos espontáneos y carentes de control jurídico, que han tomado en sus manos la responsabilidad de defender la vida con el recurso de las armas. En principio, esta defensa de la vida y del patrimonio ha sido legítima y ha estado sustentada en el derecho a defender la vida propia y de las comunidades.
Hasta aquí no hay mayor problema en cuanto a legitimidad y a legalidad. Los problemas comienzan cuando, pasado el momento de la crisis que les obligó a armarse para defenderse, tienen que mantenerse armados para protegerse de las organizaciones criminales. De ordinario, el ingreso a formar estos grupos de autodefensa es voluntario y abierto a todos los que quieran participar, y paulatinamente se van dando la organización y la movilización.
De pasada, hay que reconocer que el caso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), se sustenta en la Ley 701 que regula y reconoce los derechos de los pueblos indígenas, y en convenios internacionales auspiciados y promovidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Tanto el derecho internacional como la legislación local avalan el derecho de los pueblos indígenas a darse a sí mismos las formas de gobierno y de organización acordes con sus culturas sin menoscabo de las leyes generales de la nación. El caso de la CRAC es diferente, pues no se puede equiparar a una organización improvisada de autodefensa.
Así las cosas, hay que señalar que el surgimiento de las autodefensas es forzado por la ausencia del Estado y de sus instituciones de seguridad. Como las fuerzas públicas (policías y militares) no garantizan la seguridad, entonces la gente tiene que organizarse para conseguirla por sí misma. En este sentido, el primer responsable del surgimiento y del desarrollo de las autodefensas en Guerrero, han sido los gobiernos, tanto el federal como el estatal. Han sido omisos en el mejor de los casos. En el peor, han estado coludidos o cooptados por las bandas criminales, dejando indefensos y desprotegidos a los pueblos.
Esta grave responsabilidad en el surgimiento y en el desarrollo de las autodefensas no ha sido reconocida por las autoridades en toda su gravedad, pues se reducen a recordarles que están fuera de la legalidad y/o, en su caso, las han utilizado en sus estrategias políticas y de seguridad. El caso es que todos estos grupos son tolerados y, eventualmente, utilizados. Y, así como van las cosas, pueden surgir aún más grupos de autodefensas en las regiones donde la seguridad es crítica generando miedo y enojo social.
Para desactivar estos grupos de autodefensa se requiere que se atiendan las causas que les dieron origen. Simplemente desarmarlas no dará resultados sostenidos. Hay que atender la situación de indefensión crítica que viven los pueblos. Si se sienten defendidos y protegidos, no van a tomar las armas para defenderse por sí mismos. ¿Está el gobierno en condiciones para responder a esta necesidad? Creo que no. Lo que sí sé es que si no da seguridad a los pueblos y comunidades, no está en condiciones para desarmar a todos los grupos de civiles armados al margen de la ley. Y de hacerlo se generarían conflictos sociales y aún políticos imprevisibles.
Los grupos civiles armados o autodefensas no son la solución para la seguridad de las comunidades. Se van convirtiendo en un verdadero riesgo, pues no tienen soporte comunitario, y se han desarrollado, en muchos casos, sin el aval de sus comunidades y de sus autoridades comunitarias. Y para sostenerse tienen que recurrir a fuentes de financiamiento oscuras. Están a la deriva, al arbitrio de sus dirigentes y de sus líderes. Y de ahí, es fácil ser cooptados por políticos o por delincuentes para entrar a la lógica de la delincuencia organizada que pugna por territorios y por fuentes de ingresos ilegales. En fin, careciendo de legitimidad y de legalidad, solo incrementan las violencias en los pueblos y en las comunidades.
Urge legislar sobre las condiciones en las que podrían permitirse las policías ciudadanas. Creo que un planteamiento adecuado debería ser el de reconocer facultades a las autoridades comunitarias en las localidades y en las regiones no indígenas, al estilo de la CRAC. Vale la pena considerar esta opción habiendo reconocido el fracaso de las estrategias gubernamentales de seguridad, que no han tomado en cuenta, precisamente, a las comunidades. A mi juicio, este ha sido un error. La seguridad debiera ser un tema de los tres niveles de gobierno, con diferentes atribuciones, pero también de las comunidades locales, con tareas específicas desde sus propias perspectivas y recursos.
Se ha hablado del cuarto nivel de gobierno en el entorno de las comunidades locales, con el reconocimiento de facultades y funciones propias y con la participación de los ciudadanos en las asambleas comunitarias presididas por los comisarios municipales. La cuestión está en reconocer cuál es la parte que les toca a las comunidades en una estrategia integral de seguridad. Creo que es fundamental el reconocimiento de que las comunidades deben participar en las decisiones que les afectan y a no ser atropelladas por decisiones de los gobiernos municipales, estatal o del federal. Y el tema de la seguridad tendría que ser procesado por las autoridades competentes, tomando en cuenta a las comunidades afectadas. Y no solamente de seguridad, sino también en los temas de desarrollo. En este contexto, podría hablarse de policías ciudadanas, armadas o no armadas.
Con todo, tienen que buscarse alternativas no armadas, fortaleciendo a la sociedad civil con respuestas civiles adecuadas que prevengan la violencia y proporcionen seguridad. En cuanto menos armas haya en manos de civiles, mejor. Suelen generar más problemas que soluciones. Y otro pendiente, muy complicado, por cierto, tiene que ver con hacer confiables a las policías municipales, estatales y federales.
Para resolver la situación problemática relacionada con las autodefensas, se requiere que los gobiernos garanticen la seguridad que no han dado en tantos años y que tomen en cuenta a las comunidades en las decisiones que les afectan en este tema. Parece que esto está en chino. No lo han entendido en tantos años.