LASCAS

Memoria y acontecimiento

Nota bene 1. En el desarrollo de las 9 entregas que hemos hecho sobre el caminar histórico del EZLN hemos seguido un esquema secuencial, con un eje autobiográfico, para mostrar distintas facetas del proceso mencionado, desde el momento de la insurrección del 1º de enero de 1994 hasta el 16 de febrero de 1996, día en que se firmaron los Acuerdos de San Andrés Larráinzar entre las fuerzas zapatistas y el gobierno federal sobre los resultados de la Mesa de Derechos y Cultura Indígenas. Dado el 32 aniversario de la insurrección zapatista, hace quince días hicimos un paréntesis en el esquema secuencial para refrescar un poco la memoria en torno a los acontecimientos que se desplegaron a partir del referido levantamiento en sus primeros días de vida. Regresamos ahora a la línea secuencial que había llegado a –ya lo dije–, la firma de los Acuerdos de San Andrés…

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Pero no nos detendremos mucho en lo que ya ha sido masticado hasta el cansancio –incluyendo a quien esto escribe– por analistas de todo tipo y nivel en torno a los “grandes aportes que dejó la Mesa I de las negociaciones de San Andrés”. Un balance posterior, que pudiera permitir un comparativo con la reforma constitucional de septiembre de 2024, será más fructífero que repetir algunos de los lugares comunes que algunos articulistas o ideólogos de las fuerzas vivas “aún revolucionarias” nos prescriben prácticamente cada semana o cada mes. Sólo diremos, para los lectores que no hayan seguido esa pista, que en los Acuerdos de San Andrés se habían “ganado” –entre otros puntos–, el reconocimiento de las comunidades como “sujetos de derecho público”; que se hablaba ya de “territorios” (y no sólo de “tierras”) desde los que tales comunidades podrían ejercer “su autonomía y plena determinación” a través del ejercicio de sus “sistemas normativos internos”, y que se establecía una línea clara en torno al derecho que tendrían tales sujetos comunitarios para “hacer uso” cabal de sus “recursos naturales”. Ni más, ni menos.
El triunfo zapatista había quedado plenamente establecido entonces con la firma de los representantes gubernamentales de los Acuerdos de San Andrés el 16 de febrero de 1996, marcando una ruta que llevaría en definitiva a otros niveles de la lucha, no sólo para instituir lo que de facto quedaba definido como un “Cuarto Nivel de Gobierno”, perspectiva que superaba radicalmente la dominancia histórica del “derecho positivo” y abría la del “pluralismo jurídico”, haciendo honor y dándole el sentido correcto a la definición, ya establecida en la Constitución desde 1992 (con la aprobación, entonces, del artículo 4º constitucional), de que “[nuestra] Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”.

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El triunfo del EZLN en la Mesa sobre Derechos y Cultura Indígena de San Andrés (que, por fortuna, fue empujada con muy buen criterio por la cabeza gubernamental en las negociaciones; Marco Antonio Bernal y Miguel Ángel Romero, éste último en su calidad de estratega del mejor nivel y con la capacidad para manejar sobre el terreno una cálida y solidaria relación directa con los asesores de mayor incidencia dentro del cuerpo de asesores del EZLN) abrió sin duda un horizonte de posibilidades extraordinarias que no era posible minimizar ni desaprovechar. Pero no faltó, dentro del análisis que hicimos algunos asesores de los rebeldes con la Comandancia General y con el subcomandante Marcos, quienes plantearan que era indispensable no echar aún las campanas a vuelo, pues vendría el desarrollo de la segunda mesa de negociaciones, de “Democracia y Justicia”, que era donde se vería hasta qué punto el gobierno federal estaba dispuesto a que el movimiento indígena entrara a definiciones de nivel estructural, que, en su caso, significarían avanzar en la perspectiva zapatista (y cardenista) hacia un cambio de régimen en el plano nacional (y no sólo con respecto a los acuerdos específicos sobre la temática de los derechos indígenas).
¿Pero en qué puntos clave se basaba esta particular preocupación? En el hecho simple de que, en algunos niveles, así fueran “de baja intensidad”, se mantenían las hostilidades militares contra los alzados chiapanecos desplegadas por la milicia federal. Más importante aún era la consideración de que parecía claro que “el sistema de partidos políticos” se había convertido a esas alturas en un boicoteador directo o indirecto de las negociaciones mantenidas por el gobierno federal con los insurgentes de la selva, operando, en forma paralela a los escenarios chiapanecos, el desarrollo de una-otra Mesa de negociación (la conocida Mesa de Bucareli) para marcar la pauta y los niveles de alcance de toda reforma política que tuviera un alcance nacional. El PRD estaba muy directamente implicado en esa “jugada maestra” (así fue nombrada por algún articulista de la época) contra el caminar abierto por el zapatismo, y el estratega principal de ese movimiento puñalero tenía, como nombre y apellido, el de Porfirio Muñoz Ledo.

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Dicho y hecho: el diálogo entre el gobierno federal y el zapatismo se estancó desde el mes de mayo de 1996, desnudándose con ello la intención gubernamental de ganarle tiempo al tiempo para “achicar” al EZLN, y para cercarlo y derrotarlo a la postre en los planos político y militar. No pasó mucho tiempo para que tales propósitos se evidenciaran.
En la segunda y tercera fase de negociaciones de Democracia y Justicia, la delegación gubernamental apostó “más al desgaste de su contraparte que a la celebración de acuerdos”, pretendiendo el “acorralamiento y la negociación bajo presión, muy similar a los cánones propuestos por los manuales tradicionales de la lucha antiguerrillera”, focalizando “la solución de la problemática global en el aislamiento y en la derrota del EZLN” (Jaime Martínez Veloz, en La Jornada del 19 de mayo de 1996)). En el marco de esa estrategia de acorralamiento y de “achicamiento”, un juez menor de mala fama condenó a varios años de prisión, “por terrorismo”, a Javier Elorriaga y Sebastián Entzin.
Pero a finales de septiembre apareció una nítida luz del otro lado del túnel: la Comisión de Concordia y Pacificación (la Cocopa: formada por representantes del Poder Legislativo Federal que cubrían funciones de intermediación y de apoyo, así fuera de manera dispareja y en ocasiones titubeante, pues en dicha Comisión participaban representantes de todo color y sabor), la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) y “más de quinientas organizaciones y ciudadanos de la sociedad civil mexicana” enviaban al EZLN documentos que contenían “iniciativas y propuestas de alto valor para la reanudación del diálogo de San Andrés y para avanzar en los procesos de paz”. El texto que enviaba la Cocopa tenía un carácter confidencial, y perfilaba ya el esquema básico de la propuesta de reforma constitucional que más adelante aceptó el EZLN y rechazó el gobierno federal. La Conai, por su parte, presentaba a los zapatistas dos documentos “con propuestas concretas para destrabar el diálogo de San Andrés”, referidas en lo fundamental a los cinco puntos que el EZLN demandaba “para darle seriedad a la negociación”. El que rubricaban más de quinientas veinte organizaciones y personalidades del país contenía “una serie de consideraciones sobre la situación nacional”, y reclamaba “para la sociedad civil un lugar en el proceso de cambio” que se estaba viviendo.
El EZLN saludó con optimismo tales iniciativas y propuestas, lo que permitió abrir un ciclo de reuniones tripartitas entre el EZLN, la Cocopa y la Conai en la ciudad de San Cristóbal, y convocar a la constitución formal de la Comisión de Seguimiento y Verificación (Cosever) de los Acuerdos de San Andrés, en noviembre de 1996.
Fue en dicho marco que apareció en el escenario un personaje que nadie esperaba y que distinguiría sin duda a la formación y el desarrollo de la Cosever: doña Amália Solórzano de Cárdenas, quien, más allá de la figura de don Lázaro, el Tata, tenía suficientes “balas” en su revólver para entrar de lleno a una entre otras de las batallas en las que ya había mostrado, desde el sexenio del General (1934-1940), que, por méritos propios, “tenía con qué”.
Tan pronto se enteró Adolfo Gilly –uno de los intelectuales y políticos más destacados del periodo– de la incorporación de doña Amalia a la Cosever, le envió una carta personal que a la letra dice: “Creo que los dirigentes indígenas zapatistas y el subcomandante Marcos tuvieron una excelente idea cuando, junto a otras relevantes personas y organizaciones, propusieron a usted como integrante de la Comisión de Concordia y Pacificación de los Acuerdos de San Andrés. Su experiencia y su conocimiento de México, de la política y de la vida harán seguramente que su participación sea muy significativa […] La presencia de usted en San Cristóbal y su encuentro con los indígenas rebeldes y con sus dirigentes, tiende un visible arco entre aquel pasado que usted vivió junto al General y este presente en que acude como invitada y testigo de una antigua dignidad que terca se niega a agachar la cabeza […] Buen viaje, doña Amalia, y buen regreso, y que en el encuentro haya felicidad, asombros y marimbas. (“Carta a doña Amalia”, publicada por La Jornada en noviembre de 1996).