LASCAS

Memoria y acontecimiento

Nota bene: En la última entrega entramos a una etapa “negra”, transicional, de la guerra que se desarrollaba abiertamente o de manera “discreta” o focalizada entre el gobierno federal y el EZLN. Incluye el momento en la que Ernesto Zedillo creyó que atraparía físicamente al subcomandante Marcos, al haber descubierto su identidad y al haber acompañado ese hecho con una ofensiva militar en la que entró a las entrañas de la Selva para apresar al jefe militar del zapatismo. Como sabemos, tal operativo falló en forma grotesca, pero le arrancó la vida a algunos de los rebeldes, apresó a otros e hizo conocer una lista negra de 20 presuntos implicados en la guerra popular en la que apareció quien esto escribe. El gobierno federal se sentía orgulloso de tales hechos ominosos, y consideró que ya había entrado en un momento propicio para aniquilar al movimiento armado instalado en una parte no menor de la geografía chiapaneca. Pero lo que siguió en aquel año de 1995 dio un viraje favorable para que se restableciera un esquema de “diálogo” que al final condujo al vigoroso proceso marcado por las negociaciones entre las partes beligerantes en la comunidad de San Andrés Larráinzar (rebautizada por los zapatistas como Sakamch’en de los Pobres). Esta entrega habla sobre algunos de estos sucesos, y hace un corte para seguir un relato que parecería no tener fin (¡faltan tantas cosas por contar!) La próxima entrega se abocará a seguir una línea literaria que tiene como eje del relato el ominoso asesinato de Ximena Guzmán y de José Muñoz el pasado 20 de mayo. Y aclaro desde ahora que, al ser una obra del género novelístico, cualquier semejanza con la realidad será una simple y llana coincidencia).

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Nos habíamos quedado, en la entrega anterior, en que el EZLN había lanzado una ofensiva guerrera, sin disparar ni una bala, para “tomar posesión” de 38 municipios chiapanecos: es decir, para mostrar que lo que se había venido moviendo en el terreno de las armas no provenía de un reducido núcleo guerrillero cercado en la inmensidad de la Nada. El hecho es que, haiga sido como haiga sido, el Ejército federal avanzó exitosamente para recuperar las áreas en las que se había extendido la fuerza zapatista, mientras, sorpresivamente, Ernesto Zedillo anunciaba de manera paralela que la Procuraduría General de la República y el Ejército evitarían en lo posible cualquier enfrentamiento.
¿Las razones del mencionado cambio de rumbo del poder Ejecutivo para hacer un nuevo alto al fuego? Cualquiera lo puede investigar o incluso imaginar: sin tener en sus manos la cabeza de Marcos, y con una pírrica victoria sobre “su enemigo”, el mundo entero se burlaba de los arrestos dantescos del señor Presidente, mientras “la sociedad civil” (movimientos sociales de muy diversa índole) armaba líos de protesta de no poca monta en los cuatro puntos cardinales del país, exigiendo que se llegara a un acuerdo para lograr una “paz con justicia y dignidad”.
En dicho contexto, con jugadas ajedrecísticas de muy diversa índole por parte de cada una de las fuerzas beligerantes, el Congreso de la Unión terminó por decretar una Ley de Amnistía que, promulgada el 11 de marzo de 1995, tuvo entre otros de sus productos la formación de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) y la de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai). Con la “Declaración de San Miguel” (signada entre las partes en pugna en la comunidad tzeltal de mismo nombre) se acordó el protocolo del proceso de diálogo que llevaría hacia los Diálogos de San Andrés Larráinzar, mismos que se iniciaron no sin dificultades el 22 de abril.

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Antes de que se abrieran las negociaciones de San Andrés, como decíamos, los movimientos ajedrecísticos no pararon de llevarse a cabo por cada una de las partes, destacando, del flanco zapatista, el desarrollo de una “consulta nacional”, organizada por la prestigiada organización civil Alianza Cívica, dirigida a preguntar al pueblo mexicano si las demandas o exigencias que habían venido colocando sobre el tablero el zapatismo pudieran considerarse válidas o legítimas, agregando la pregunta de si se creía necesario o pertinente que el EZLN “se incorporara a la vida política nacional”. La consulta de los zapatistas fue promovida en 80 países, con un resultado sorprendente: el registro de Alianza Cívica contabilizó más de un millón de sufragantes, con respuestas significativamente positivas a favor de los posicionamientos del EZLN.
En tales condiciones, fue posible que el 1 de octubre de 1995 se abriera la primera mesa de negociación entre el movimiento indígena y civil (representado por los zapatistas) y el gobierno federal con el tema Derechos y Cultura Indígena, acontecimiento que marcó sin duda un “antes y un después” en la historia social, cultural y política de México.

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El EZLN no llegó solo a las mesas de diálogo. Una meticulosa y cuidada selección de personajes sociales, políticos y académicos conformó un grupo de más de 100 asesores, de los cuales alrededor de 40 se mantuvieron en la raya a todo lo largo y ancho del complejo proceso de negociación. Entre los de mayor luz pública nacional (e internacional, en algunos casos) se encontraban nombres como el de Luis Villoro, Alfredo López Austin, Antonio García de León o el de Gustavo Esteva. Pero no faltaron otros enormes cerebros y activos luchadores sociales como el sacerdote jesuita Ricardo Robles (El Ronco), Joel Aquino, Carlos Manzo, Héctor Díaz Polanco, Guillermo Briseño, El X’shel. Luis Javier Garrido, David Fernández, Rina Roux, Gilberto López y Rivas, Consuelo Sánchez, Luis Hernández Navarro, Bárbara Zamora. Adelfo Regino (como parte de su grupo se encontraban dos o tres importantes pensadores y activos miembros de distintas comunidades oaxaqueñas, entre ellos Hugo Aguilar), Ramón Vera o Hermann Belinghausen. (Quien esto escribe formaba parte del grupo de asesores más cercano a la comandancia zapatista, siempre en el marco de la participación grupal que de una o de otra forma coordinaba sus acciones de manera estrecha y fraternal en el escenario de los diálogos).Y, aunque estaban ligados más al núcleo que hacía las tareas de intermediación desde la Diócesis de San Cristóbal con el gobierno, con el EZLN y con sectores muy diversos de la sociedad civil y de la clase política, destacaban Jorge Fernández Souza, Gonzalo Ituarte, Enrique Flota, Miguel Álvarez y Pablo Romo.
Mas no hay que quitarle mérito alguno a quienes “desde el lado de la Gobernación” (en calidad de “asesores”) eran motores positivos del proceso, destacadamente Magdalena Gómez o Carlos San Juan Victoria, quienes ofrecían en lo posible sus capacidades y talentos para que los contenidos del debate favorecieran en lo fundamental los posicionamientos zapatistas.
Más ligado al núcleo institucional de “la Gobernación”, el papel jugado por Miguel Ángel Romero siempre tuvo una importancia decisiva. Su pluma y su buena fe y humor marcaron rutas que no siempre estuvieron en el campo en el que se movía la cúpula del grupo negociador encabezado por Marco Antonio Bernal, siendo el mismo Miguel Ángel un puente vivo de comunicación y de enlace con actores y asesores que desde el EZLN estaban implicados directamente en el juego político de la negociación.
Pero volviendo al núcleo activo de asesores más directamente ligados al EZLN, hay que decir que el alma viva del equipo motor de aquella extraordinaria aventura era sin duda El Ronco (el sacerdote Ricardo Robles), incansable bromista y animador de todos, fuera que estuviéramos de fiesta por algún avance positivo de las negociaciones o que estuviéramos “caídos” por alguna problema mayor o menor de aquel proceso.
Lo que sigue es historia conocida. Durante varios meses se reunió la ya histórica Mesa de Diálogo sobre Derechos y Cultura Indígena, en sesiones en las que se dio el combate ideológico, legal y político que correspondía. Todo ello en una escuela primaria (en ese momento sin actividades docentes) del centro de la comunidad de San Andrés Larráinzar, donde se trabajó sin descanso día y noche para presentar documentos y acercarse a los mejores acuerdos. Ahí fue donde se establecieron las líneas necesarias para el reconocimiento del derecho de los pueblos y comunidades indígenas a su libre determinación y autonomía –y, en consecuencia, para su reconocimiento como sujetos de derecho público–, marcando la ruta que habría que seguir para hacer a un lado el predominante “derecho positivo” y buscar las vías para forjar que México se rigiera por un régimen de pluralismo jurídico.
Mucha tinta ha corrido en torno a los llamados Acuerdos de San Andrés, signados por las partes beligerantes el 16 de febrero de 1996, por lo que esta columna ya no abonará en el relato a “lo que sigue”. Acaso la serie completa sobre el caminar histórico del EZLN aparecerá publicada –y ampliada– como libro durante los próximos meses. Ello, por supuesto, si Dios nos bendice y las fuerzas del cielo nos abrazan.