EL-SUR

Sábado 26 de Noviembre de 2022

Guerrero, México

Opinión

El caso Honduras

Saúl Escobar Toledo

Enero 03, 2018

Las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo en Honduras, el 26 de noviembre del año pasado, produjeron una grave crisis política en ese país centroamericano. Recordemos que en esos comicios se presentaron el actual presidente de la república, Orlando Hernández, por el Partido Nacional en busca de su reelección, y el de la Alianza Opositora, Salvador Nasralla, que reunió a dos partidos, el PINU (Partido Innovación y Unidad Social) y LIBRE, la agrupación encabezada por Juan Manuel Zelaya, el ex presidente que gobernó esa nación entre 2006 y 2009 y fue víctima de un golpe de estado.
El mismo día de la jornada, el Tribunal Supremo Electoral dio como virtual ganador a Nasralla con una diferencia de 5 por ciento, pero inmediatamente después, sin ninguna razón legal, el cómputo se detuvo durante 48 horas y cuando se reanudó, la ventaja era ya para Hernández.
La Alianza rechazó esta evidente maniobra y se desataron grandes manifestaciones en varias ciudades, particularmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula. El gobierno contestó con la imposición de un toque de queda durante la noche y la represión indiscriminada. A pesar de la protesta popular, el Tribunal declaró el triunfo de Hernández el 21 de diciembre, por un margen muy estrecho. Las muestras de repudio siguieron hasta finales del año pasado y también la violencia oficial y los asesinatos de los opositores. Hasta el 28 de diciembre los organismos independientes de derechos humanos de ese país (ver www.defensoresenlinea.com) habían documentado, con nombre, apellido y fecha, 30 personas fallecidas como resultado de la acción del Ejército y la policía, y casi 2 mil detenidos. A pesar de ello, la oposición sigue dando la lucha: el 27 de diciembre presentó un recurso de nulidad ante el Tribunal y anunció que las movilizaciones seguirán durante este enero de 2018.
De acuerdo con todos los indicios recogidos por la prensa y los observadores internacionales, se perpetró un fraude gracias al control del gobierno de los organismos electorales. Incluso un día antes de la votación, la revista The Economist dio a conocer una serie de grabaciones que evidenciaban que el Partido Nacional, en complicidad con funcionarios públicos afines,  preparaba una operación para alterar los resultados.
Antes de la declaratoria del Tribunal, la OEA, con base en las observaciones de sus enviados, declaró que era imposible determinar un ganador y que la única salida era llamar a nuevas elecciones y reconoció la “poca calidad” del proceso. Diversas organizaciones internacionales se sumaron a la condena y la denuncia del fraude.
A pesar de ello, el 20 de diciembre, Colombia, Guatemala y desgraciadamente México reconocieron a Hernández como presidente electo incluso antes del reconocimiento formal del Departamento de Estado de Estados Unidos, que lo hizo dos días después. Aunque el gobierno de Trump admitió la existencia de “inquietudes de los observadores internacionales y fuertes reacciones del pueblo hondureño”, felicitó a Hernández por su triunfo.
Ante las continuas movilizaciones callejeras y la violencia desatada por las policías y el ejército, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fines del año,  en una declaración oficial, manifestó que “ha documentado graves hechos de violencia, muertes, heridos y detenidos en los que estuvieron involucrados fuerzas de seguridad y el Ejército, actos de tortura en instalaciones militares y allanamientos de moradas ilegales”, cuestionó el decreto del toque de queda y el uso ilegal y excesivo de la fuerza para disolver las manifestaciones.
El fraude y la represión masiva en Honduras ha recibido una atención menor por parte de la prensa internacional, pero es de gran importancia para América Latina y el mundo. Desde el golpe de estado contra Zelaya, en 2009, esa nación ha sido ocupada militarmente por Estados Unidos, ejerciendo una influencia decisiva en el gobierno local y en las políticas que éste instrumenta en seguridad pública y en materia económica y social. Tanto presidentes demócratas como republicanos han decidido apoyar a las administraciones extremadamente corruptas y la militarización del país. Han sido cómplices de las acciones para aplacar la oposición política y social por medio de la fuerza. El caso ejemplar fue el asesinato, en su propia casa y a sangre fría, de Berta Cáceres en marzo de 2016.
Cáceres, de 44 años, era reconocida en el ámbito internacional por encabezar a su comunidad indígena lenca en contra de una presa que un consorcio, Desarrollos Energéticos, planeaba construir en sus tierras. La evidencia, según los abogados defensores del caso, apunta a una conspiración en contra de Cáceres que llevó meses de planeación y provino de los altos ejecutivos de la empresa. En el asesinato de Berta participaron, según las pruebas existentes, “numerosos agentes estatales y altos directivos de Desa en la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato”, dicen los abogados. “Sin embargo, el ministerio público no ha realizado imputaciones respecto de estas personas”.
La injerencia de EU en Honduras ha provocado resultados desastrosos. Sus gobernantes son extremadamente corruptos y hay una enorme cantidad de pruebas que los ligan al tráfico de drogas. Atacan sistemáticamente a la prensa independiente y agreden a todos los sectores sociales inconformes, incluyendo los trabajadores de la maquila. El país registra una de las tasas más altas de asesinatos en el mundo.
Las estrategias diseñadas por Estados Unidos, Obama no fue la excepción, para experimentar el combate al trasiego de estupefacientes por medio de la militarización ha sido una tragedia. No sólo no ha tenido resultados positivos en este aspecto, sino que se ha multiplicado la violencia y el asesinato de civiles en ejecuciones extrajudiciales. Trump ha manifestado su interés en detener el torrente de refugiados que salen de Centroamérica para dirigirse al norte, pero con una violencia incesante, y ahora con la crisis política post electoral, es de esperar que este flujo aumente todavía más.
En resumen, el apoyo de EU a los gobiernos de esa nación aumentó la impunidad del crimen organizado y la violación masiva de los derechos humanos. En buena medida, el responsable de esta estrategia fue el general Kelly, que hace años tenía a su cargo el Comando Sur del Ejército y se convirtió en amigo personal del presidente Hernández. Hoy es nada más y nada menos jefe de Gabinete de Trump.
Estados Unidos ha insistido en apoyar estos presidentes mafiosos porque considera son leales a sus intereses en la región. En ese territorio hay una base militar que alberga a cientos de militares estadounidenses. Han preferido sostener a un régimen político que tiene a sus más de 9 millones de habitantes sumidos en el caos, la extrema violencia y la plena impunidad del narcotráfico, con tal de que sea leal y se pliegue completamente a sus dictados.
Todo lo anterior es destacable porque revela los verdaderos intereses de EU en la región latinoamericana. En 2018 habrá elecciones en nueve países. En Costa Rica (febrero), Paraguay (abril), Colombia (mayo), México (julio), Brasil (octubre) y Venezuela (probablemente a fines de año) se elegirá un nuevo presidente de la república.
EU no será indiferente a estos comicios. Si el esquema aplicado en Honduras se mantiene, apoyará a los candidatos que le garanticen lealtad absoluta, sin importar sus resultados. No importa que estén ligados con el narco, sean violadores de derechos humanos, o provoquen migraciones masivas, con tal de que pongan, como estrategia central, la militarización para controlar sus territorios y sus pueblos.
La lucha continua. La resistencia popular hondureña seguirá tratando de defender el triunfo de su candidato. La solidaridad y la denuncia internacional son indispensables para detener el fraude y la represión. Pero también para evitar que el esquema se convierta en el modelo a seguir por parte de EU y decida aplicarlo en toda América Latina en este 2018. México está en la lista.

Twitter: @saulescoba