En las inmediaciones de la estación El Rosario, en Azcapotzalco, la policía detuvo a Marco Antonio Sánchez Flores, joven al que un amigo retrataba frente a una pintura callejera. El pretexto para los uniformados fue que el chamaco estaba asaltando a su amigo y también se dijo que había robado un celular. Procedieron a detenerlo con lujo de violencia y el chico, practicante de artes marciales, intentó defenderse, pero fue sometido por los “guardianes de la ley”, uno de los cuales le dio un cabezazo (con el casco puesto) y sus compañeros –se dice que eran cuatro—procedieron a patearlo en el suelo. La acción policiaca fue grabada por el acompañante del muchacho, quien la difundió en redes sociales.
Durante cuatro días nada se supo del menor detenido, lo que movió a la familia a denunciar la desaparición, evidentemente forzada, pues no fue voluntaria, como lo muestran las imágenes y lo dicen los testigos, quienes afirman haber visto como los policías golpeaban a Marco Antonio y lo subían a una patrulla.
Lo que dispone la norma es que un detenido sea presentado de inmediato ante el Ministerio Público, pero no ocurrió así. Los policías arguyen que un señor les pidió que liberaran al joven y que éstos bondadosamente así lo hicieron. Finalmente, cuatro días después, gracias a una llamada telefónica, Marco Antonio es localizado deambulando por el municipio Melchor Ocampo, en el norte del Estado de México.
En forma por demás apresurada, salió entonces Miguel Ángel Mancera a declarar que no se trató de una “desaparición forzada”, pese a las evidencias. Peor estuvo el secretario “de Seguridad Pública”, señor Hiram Almeida, quien aseguró ante los periodistas que la actuación policiaca se apegó a derecho y que “se siguieron los protocolos al detenerlo” y después dejarlo en libertad unas calles adelante, para concluir en que, como se trata de un menor de edad y al no haber parte acusadora “no hubo desaparición forzada”.
De acuerdo con la docta opinión del señor Almeida, si alguien es secuestrado por la policía debe tener 18 años o más para que se considere forzadamente desaparecido. Para el jefe policiaco, dejar libre a un presunto delincuente –por eso se supone que detuvieron a Marco Antonio– y no presentarlo ante el Ministerio Público es algo apegado a derecho y acorde con los protocolos de su dependencia. ¡Valiente concepción del derecho y tristes protocolos los de la SSP!
Marco Antonio es un estudiante de la Preparatoria 8 de la UNAM, practica la fotografía, es amante del arte y no hace mucho ganó un concurso del Museo Sumaya. Su amigo, Roberto Bernardo, también estudiante, identificó a uno de los policías agresores (el que propinó el golpe con el casco puesto) como un uniformado que alguna vez lo extorsionó.
No es una novedad que los policías del llamado Sector Hormiga asalten a ciudadanos pacíficos. Son varias las denuncias presentadas ante el Ministerio Público sin que hasta ahora se sepa de algún interés por esclarecer esos casos. Incluso, el jefe delegacional en Azcapotzalco –quien no tiene autoridad sobre los policías de dicho sector– declaró el pasado lunes que es “constante” el levantamiento de jóvenes en esa jurisdicción, ya sea de parejas que se besan en la calle o de jóvenes a los que “encuentran droga” o se las siembran, como es costumbre.
Cuando la exacción se convierte en práctica generalizada en la policía, hay que voltear hacia arriba, hacia el jefe o los jefes de quienes recurren a ese procedimiento punible. Por lo pronto, ya se amparó uno de los implicados en la agresión contra Marco Antonio y dos más salieron –¿huyeron?– de la Ciudad de México.
El joven Sánchez Flores fue encontrado en estado de demencia tal que no pudo identificar a su propia madre. Sin embargo, Miguel Ángel Mancera, en su insistencia por minimizar los hechos, dijo “no hay certificación de la agresión física contra el adolescente”, que las lesiones del muchacho son de las que no dejan cicatriz perpetua y no comprometen ningún órgano. Sin embargo, Marco Antonio puede tener lesiones permanentes de larga duración precisamente en el cerebro, que es un órgano, aunque eso lo ignore el jefe del gobierno capitalino.
Y mientras la policía asalta y maltrata inocentes, se eleva la criminalidad en la Ciudad de México, donde la seguridad se deja en manos de alguien que justifica esos atentados contra la convivencia pacífica. Aún así Mancera pretende minimizar los hechos. ¿De qué se trata?