Hace pocas semanas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó una lista de países latinoamericanos donde se llevaron a cabo pagos irregulares realizados por el grupo brasileño Odebrecht a funcionarios públicos, creando un hecho político de relevancia internacional. En México, varios altos funcionarios del gobierno federal recibieron mordidas de parte de la transnacional carioca, que permitieron a esta última obtener jugosos contratos para la readecuación de la refinería de Pemex en Tula, Hidalgo. En Colombia, la justicia ha descubierto la existencia de un mecanismo ilegal de financiamiento de las campañas presidenciales de Oscar Iván Zuluaga, delfín del ex presidente Álvaro Uribe, así como del actual presidente Juan Manuel Santos, creando una crisis política mayúscula. En Perú, el ex presidente Alejandro Toledo fue acusado de recibir veinte millones de dólares a cambio de obras públicas. En República Dominicana, buena parte de la clase política está salpicada por los escándalos de atribución irregular de contratos públicos. En Panamá, se trata del hijo del ex presidente, Ricardo Martinelli, quién está siendo acusado de estar involucrado en malos manejos. Todo esto sin hablar de Brasil, donde se espera que en los próximos días la justicia de ese país revele finalmente los nombres de los políticos implicados en el escándalo Lava Jato, que según reportes de la prensa suman más de 400, entre los cuales podemos destacar al presidente Michel Temer, a los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Cesar Maia y Eunicio Oliveira respectivamente, así como a buena parte del gabinete. En pocas palabras, todo apunta a que Odebrecht instaló un sistema de corrupción de proporciones mayúsculas con el afán de obtener grandes contratos públicos. En pocas semanas, el símbolo de la expansión de la influencia brasileña en la región se ha transformado en la imagen de la corrupción corporativa existente en América Latina.
Además del impacto mediático, jurídico y político de este hecho, el ocaso de Odebrecht en la región evidencia la pérdida de influencia política y económica de Brasil. Durante los mandatos del ex presidente Luis Inácio Lula da Silva, una de las principales prioridades del Itamaraty, sede de la cancillería de ese país, fue desarrollar el comercio entre Brasil y el resto de América Latina, en particular vía el impulso a la presencia de las grandes empresas de ese país. Gracias al financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que tiene una cartera de préstamos superiores a la del Banco Mundial, estas empresas pudieron implantarse y crecer de manera acelerada. Rápidamente, Petrobras, Itaú, BTG Pactual, OAS, Camargo Correa, Andrade Gutierrez, entre otras, empezaron a ganar espacio, en detrimento de las grandes empresas de Estados Unidos y de Europa, en sectores como la energía, el sector financiero y la construcción. Sin duda, de todos estos movimientos, Odebrecht fue el símbolo de esta expansión de la influencia brasileña. Inclusive, en países africanos como Angola, esta empresa se volvió, en cuestión de años, el primer empleador privado del país.
A raíz de la cooperación judicial entre el Ministerio Público federal de Brasil y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, queda claro que esta expansión también fue el fruto de prácticas reprobables. Sin embargo, existe una pregunta que queda en el aire: ¿quién gana con este reflujo de la influencia regional de Brasil? Si bien estas prácticas deben combatirse con el mayor rigor posible, hoy en día los escándalos de corrupción siguen a la orden del día, a pesar de todas estas revelaciones. En Brasil, ese escándalo de corrupción se tradujo en una parálisis del sector petrolero, de la construcción naval, así como de la construcción civil, al tiempo que empresas de otros países están obteniendo jugosos contratos públicos. Si bien esperamos que toda la luz se haga sobre los múltiples casos ligados a Odebrecht, que se juzgue y se castigue a los responsables si existen pruebas para ello, también deseamos que ese proceso no respalde, por otro lado, intereses no confesables de empresas de otras latitudes.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

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