En los últimos días las malas noticias se han acumulado para el joven presidente de Chile Gabriel Boric. Después de haber comenzado su mandato con un gran respaldo de la opinión pública chilena e internacional, debido en buena medida a la consistencia de su discurso durante la segunda vuelta de la elección presidencial frente a su contrincante de extrema derecha, José Antonio Kast, su gobierno da señales de fragilidad crecientes.
En primer lugar, la inseguridad ha venido aumentando en las últimas semanas y meses. En segundo lugar, el conflicto agrario en el norte del país, ligado al reconocimiento de los pueblos originarios mapuches, se ha agudizado, a pesar de las gestiones de la nueva ministra del interior, Izkia Siches, para intentar destrabar el diálogo. Finalmente, los resabios de las grandes manifestaciones de 2019, en las cuales decenas de manifestantes fueron encarcelados por las fuerzas policiaco-militares, continúan parasitando la acción de Gabriel Boric, en particular el pedido de abrogar la Ley de seguridad del Estado, que originó el encarcelamiento de estos dirigentes estudiantiles.
Todos estos hechos tienen una consecuencia en la imagen del gobierno: según una encuesta publicada el pasado lunes por el instituto CADEM, la desaprobación a su gobierno rebasa el 50 por ciento, para ubicarse en 53 por ciento. Por su parte, su tasa de aprobación se encuentra en 38 por ciento. Se trata de índices bajos para un gobierno que no cumple todavía seis meses de gestión. Y las cosas podrían empeorar en los próximos meses, si el plebiscito (que se llevará a cabo en septiembre) para confirmar –o no– el proyecto de nueva constitución para Chile, es rechazado por sus ciudadanos.
Una vez más, los números no son alentadores. La confianza en la Convención Constitucional llegó a su punto más bajo desde su proceso de instalación. Según la misma encuesta CADEM, sólo el 40 por ciento de las personas consultadas confía en el órgano redactor de la nueva Constitución, mientras que el 58 por ciento desconfía. Los resultados del sondeo de opinión arrojaron además que la intención de votar Rechazo (48 por ciento) en el plebiscito se separa por 13 puntos del Apruebo (35 por ciento).
Entre las principales razones para votar a favor del proyecto de nueva Constitución en septiembre, se señala que se garantizarán derechos sociales en salud, educación y vivienda (58 por ciento); tener una Constitución nacida en democracia (47 por ciento); la necesidad de cambios profundos en el sistema político y económico (33 por ciento) y modificar el sistema de pensiones (28 por ciento). Más atrás se ubican propuestas en temas de medioambiente, feminismo y regiones (12 por ciento), mejorar la relación con los pueblos originarios/plurinacionalidad (11 por ciento) y la confianza en los constituyentes (3 por ciento).
Por lo contrario, entre los motivos para rechazar el texto se encuentra la desconfianza en los constituyentes (55 por ciento) y desacuerdo general con las propuestas aprobadas (40 por ciento). Más abajo están las propuestas en temas políticos como el fin del Senado y dos sistemas de justicia (22 por ciento), la falta de acuerdo y diálogo entre todos los sectores (19 por ciento), relativizar el derecho de propiedad (19 por ciento), derechos de los pueblos originarios sobrerrepresentados/plurinacionalidad (18 por ciento) y propuestas en temas como aborto, eutanasia y otros (9 por ciento).
Estos resultados demuestran dos elementos que juegan en contra del presidente Gabriel Boric: el primero está ligado a las expectativas desmesuradas que fueron puestas en el nuevo gobierno chileno por parte de buena parte de la prensa internacional, así como por buena parte de la opinión pública chilena, que pensó que podría resolver los problemas económicos de su país en un muy corto plazo. Conforme han ido pasando las semanas, está quedando claro que Boric no dispone de la fórmula mágica para reencausar a Chile por la senda del desarrollo económico y social. Si bien las reformas propuestas por la nueva administración van por el buen camino, en particular la propuesta de llevar adelante una reforma fiscal progresiva, sus efectos tomarán tiempo en verse plasmados en la realidad.
No obstante, el principal escollo inmediato para el gobierno de Gabriel Boric se encuentra en la Convención Constituyente, que fue electa antes que él. El maximalismo de buena parte de sus dirigentes está diluyendo el respaldo al proyecto de nueva Constitución, y por extensión, al proyecto político de Gabriel Boric. Esperemos que eso cambie.

* Director Ejecutivo del Obser-vatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París

Twitter: @Gaspard_Estrada