En nuestro país y en nuestro estado enfrentamos un problema grave que estructuralmente se focaliza en la población originaria de México por el alto grado de discriminación, explotación, manipulación y olvido del que han sido víctimas. Los pueblos indígenas de México siguen dando de qué hablar por lo esplendoroso de sus culturas, pero también por el oprobio y el trato infame que padecen secularmente al no ser reconocidos como sujetos de derecho público.
El Estado mexicano a lo largo de las últimas dos décadas se ha desentendido de sus obligaciones constitucionales relacionadas con los derechos humanos universalmente reconocidos, dejando en estado de indefensión a la población indígena que se ha sacrificado para que la justicia y la democracia llegue a los sectores más favorecidos, postergando en cada sexenio la solución de fondo de los problemas de la desigualdad social arraigados en los enclaves étnicos.
Un ejemplo de ello, es la reforma constitucional a los artículos 3º y 4º del 2001, que lejos de reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas, los legisladores se empeñaron en ubicar a los pueblos como objetos de asistencia social, perpetuando esta relación de subordinación de las comunidades indígenas frente al Estado.
Los resultados, a la vista de todos, son desastrosos por el grado de pauperización que se ha generalizado entre las familias indígenas que se ven obligadas a salir de sus nichos ecológicos para encontrar lo necesario fuera de su región y del estado, asumiendo un rol de peones acasillados, que nos rememora la época colonial.
El problema de los jornaleros agrícolas ha sido reconocido como un asunto grave por la Organización de Naciones Unidas en el Diagnóstico Nacional sobre la Situación de los Derechos Humanos que realizó en el 2003, donde señala que “3 millones 400 mil personas no reciben atención suficiente de la sociedad o del gobierno y se desplazan desde sus comunidades de origen a otras regiones del país para emplearse (como jornaleros agrícolas) en la cosecha de distintos productos”.
En La Montaña de Guerrero la siembra del maíz de temporal ha dejado de ser una actividad productiva y redituable, se siembra para sobrevivir, se trabaja en el tlacolol esperando más la bendición del cielo que la eficacia de los agroquímicos. El gobierno ha cancelado la posibilidad de que los pueblos fortalezcan sus sistemas agrícolas que históricamente han demostrado ser autosuficientes. El retiro del Estado hacia el campo ha descapitalizado la economía de los pueblos indígenas y campesinos, siendo la peor decisión que han tomado los gobiernos a espaldas de los pueblos indígenas para imponer un modelo de desarrollo donde aparecen únicamente como mano de obra barata y sin ninguna calificación profesional.
No es de extrañarse entonces que cada año se enrolen más familias con sus hijos al vasto contingente de jornaleros agrícolas que se desplazan hacia estados como Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Jalisco, Nayarit y Morelos, como población indefensa que sufre todo tipo de abusos y maltratos de un sinnúmero de intermediarios que sólo saben tomar ventaja de quienes generan la riqueza en el campo.
De acuerdo a las cifras oficiales del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas de la Sedesol federal, existen en Guerrero aproximadamente 38 mil jornaleros agrícolas, situación que no refleja la complejidad del problema migratorio, porque existen múltiples formas de enganchamiento de la población indígena con las empresas agrícolas que no necesariamente son registradas por el Programa de Jornaleros Agrícolas. Carecemos de datos confiables que nos indiquen con veracidad el número de migrantes que existe en el estado y de manera específica en La Montaña. De acuerdo con los indicadores empíricos que constatamos en la región se puede deducir que dentro de una familia de ocho miembros, por lo menos tres se encuentran fuera de la comunidad trabajando como jornalero agrícola o como migrante internacional.
Este vacío de información es una de las causas que provoca la ineficacia de las pocas acciones que implementan las diferentes dependencias públicas, orientadas a atender a la población jornalera. Sobresale la descoordinación institucional, el desconocimiento de la problemática de fondo que enfrentan los jornaleros agrícolas, el desconocimiento de las redes de contratación que se han conformado en torno a ellos, el escaso involucramiento para la solución de sus demandas concretas, la carencia de recursos y estructuras institucionales para atenderlos, la ausencia de políticas públicas para defender sus derechos, todo esto se traduce en el alejamiento paulatino que cada día se ensancha más entre las autoridades y la población jornalera, que ha dado como resultado que las autoridades se desentiendan del problema y que la población jornalera resuelva de manera precaria y con sus propios recursos y capacidades sus múltiples necesidades.
Aunado a las carencias de los bienes básicos y al acceso restringido a servicios públicos, educativos y de salud, se multiplican estos problemas entre la población jornalera que se mueven en espacios extracomunitarios donde ninguna autoridad se responsabiliza por su vida y seguridad, por eso deambulan como extranjeros dentro de su propia tierra y se instalan en los lugares apartados y de alto riesgo donde pasan desapercibidos, sufriendo la indiferencia y la discriminación.
No podemos seguir reproduciendo esta situación que lastima y ofende a miles de familias que carecen de todo, menos de su dignidad de acero. Por esa razón como trabajadores del campo la población indígena jornalera, en el marco del décimo segundo aniversario de nuestro Centro de Derechos Humanos, decidió asumirse como un actor legítimo para repensar la situación apremiante que los excluye de los beneficios públicos y los pone en el límite de la sobrevivencia. Apelando a sus formas de organización comunitaria iniciaron una reflexión colectiva a través de asambleas regionales que dio como resultado la conformación del Consejo de Jornaleros Agrícolas de La Montaña de Guerrero.
Desde este clamor por la justicia y el respeto a sus derechos han decidido unir sus voces y sus fuerzas para convocar a las autoridades de los tres niveles de gobierno con el fin de establecer un diálogo público, directo y franco que dé pie a la implementación de un programa emergente orientado a defender sus derechos básicos como jornaleros agrícolas que se ven obligados a salir de sus comunidades ante la falta de alternativas para hacer viable su vida de manera digna dentro de su hábitat que les ha dado identidad como pueblos de La Montaña.
Para ello, convocaron a las autoridades responsables de estos asuntos este viernes 4 de agosto a la Primera Asamblea del Consejo de Jornaleros Agrícolas, para pulsar el interés, sensibilidad y compromiso de los funcionarios y ubicar la disposición para implementar en el corto plazo un programa emergente que garantice las condiciones mínimas para sus desplazamientos a los campos agrícolas. En esta reunión demandaron mayor atención y asignación de recursos para sus necesidades básicas, exigieron un esfuerzo interinstitucional que redunde en una verdadera coordinación que eficientice los servicios, la infraestructura y los recursos destinados a la población jornalera. Señalaron con su propio estilo y en sus propias lenguas que es imprescindible la concurrencia de recursos y de instituciones para hacer frente a demandas muy concretas relacionadas con la salud, los traslados, el abasto de alimentos, la educación de los hijos, la estancia, la preparación de alimentos, las formas de contratación y los lugares de trabajo. Para ello presentaron de manera puntual los diferentes planteamientos para cada dependencia con el fin de darle cuerpo al Plan Emergente que necesita operarse a partir de este mes de agosto y hasta diciembre, como un intento mínimo de coordinación entre los tres niveles de gobierno y la población jornalera directamente involucrada.
Se trata de un esfuerzo colectivo e inédito que demuestra la capacidad de los pueblos indígenas para seguir diseñando caminos innovadores, que desarman e interpelan a las autoridades y las obligan por la vía de los hechos a definirse a favor o en contra de los que más sufren en nuestra Montaña. Quedó la firma estampada y la palabra empeñada de las autoridades que asistieron a este acto, comprometiéndose a responder de manera puntual el 4 de septiembre del presente año para arrancar con el plan emergente.