EL-SUR

Sábado 15 de Junio de 2024

Guerrero, México

Opinión

El costo de luchar por la libertad

Tlachinollan

Diciembre 26, 2023

Un día antes de la Navidad, Orlando Ávila Mesino obtuvo su libertad condicionada, después de permanecer en prisión durante 11 años, 9 meses y 10 días. Orlando fue reivindicado como preso político por la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS). Acusado de homicidio y condenado a 20 años. Estuvo señalado junto con su prima Rocío Mesino de participar en un secuestro que culminó en homicidio, el 23 de junio de 2011. En esa fecha Orlando se encontraba trabajando como policía municipal de Atoyac de Álvarez. Su detención se consumó el 13 de marzo de 2012 mientras realizaba algunos trámites para ingresar como policía estatal. Es originario de la comunidad del Escorpión, del mismo municipio.
Orlando nunca contó con una defensa adecuada, al defensor de oficio no lo conoció. Por su situación de pobreza y su baja escolaridad, enfrentó muchas dificultades para hacerse escuchar. Sobrevivía con el tejido de bolsas de plástico sin que tuviera la posibilidad de que lo visitara su familia, por el costo del viaje al puerto de Acapulco. Su caso estuvo plagado de irregularidades, al grado que se realizaron audiencias sin la presencia de un abogado. Nunca fue informado de su situación legal y mucho menos se impulsó su proceso, permaneciendo estancado su caso por 9 años. Fue muy complicada su reclusión en el penal de las cruces de Acapulco, porque no tenía dinero para contratar algún abogado particular. Gracias a que la OCSS inició una campaña para exigir la libertad de cuatro de sus compañeros, se logró visibilizar su caso. En junio de 2021, el defensor de derechos humanos Hegel Mariano asumió la defensa de manera solidaria, logrando evidenciar las anomalías e inconsistencias que había en su expediente. Impugnó dos dictámenes que establecen que dos de los procesados que declararon en su contra, fueron víctimas de tortura.
A pesar de estos señalamientos el juez Avimael Rodríguez Nava, dictó sentencia definitiva condenatoria contra Orlando Ávila el 24 de mayo de 2023, imponiéndole una condena de 20 años. Ante las implicaciones de tiempo que llevaría la apelación y en última instancia el amparo directo, Orlando y la OCSS optaron por promover la libertad condicionada, tomando en consideración que ha purgado más de la mitad la condena que se le impuso y que contaba con una trayectoria sin incidentes dentro del penal. El pasado 19 de diciembre, la jueza Isis Peralta Salvador declaró la procedencia de la libertad solicitada que causó ejecutoria el 22 de diciembre, ordenando la libertad inmediata de Orlando.
La OCSS es una organización campesina que desde su fundación en 1994 fue perseguida con toda su furia por el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer, quien fue el responsable intelectual de las ejecuciones de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, el 28 de junio de 1995. Para los gobernantes en turno la OCSS es una organización beligerante, sin importarles que sus demandas son legítimas. Los han relegado del presupuesto público y no tienen otra alternativa que ejercer justicia por los caídos y dar la batalla para que las autoridades atiendan sus demandas básicas. Desde hace 3 décadas han perdido alrededor de 80 integrantes que fueron asesinados y varios de ellos se encuentran desaparecidos y desplazados. La conformación de la OCSS está cimentada en las comunidades campesinas de Coyuca de Benítez y Atoyac que se ubican en la zona serrana. Tienen una gran tradición de lucha han enarbolado las banderas de la emancipación social. Dos de sus líderes históricos fueron perseguidos y encarcelados, acusados de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR), Benigno Guzmán e Hilario Mesino. Su detención arbitraria, la tortura que padecieron y su confinamiento en penales de alta seguridad fue para diezmar su movimiento, para cooptar a la OCSS con líderes a modo que le siguieron el juego al ex gobernador.
La OCSS es una organización que fue radicalizando sus demandas en la medida que el gobierno en turno se encargaba de infiltrarlos y someterlos. Peleaban por caminos, escuelas, clínicas, apoyo para los pequeños productores, dotación de fertilizante. No concebían los burócratas que la gente del campo los desafiara tomando carreteras, bloqueando caminos para impedir la explotación de la madera. Luchan también por la desaparición de sus familiares en los años de la guerra sucia y en los años de efervescencia política que obligó a las OCSS a movilizarse. La aparición del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en Aguas Blancas, en el primer aniversario de la matanza de 17 campesinas, cimbró al gobierno caciquil de Guerrero, que nunca imaginó una respuesta radical a sus acciones represivas. De nueva cuenta el Ejército aplicó sus acciones de contrainsurgencia incursionando en comunidades rurales para destruir el tejido comunitario y perseguir a los pobladores que eran catalogados como sospechosos.
Se reeditó el terrorismo de Estado con la militarización de las regiones más olvidadas, como la Sierra, la Costa Chica y la Montaña Baja y Alta. El ejército asumió el control del estado para arremeter con toda su fuerza contra los guerrilleros. Se documentaron varios casos de tortura como el maestro nahua Magencio Zeferino Domínguez, el indígena nahua Luis Lara, hubo también maestros desaparecidos e indígenas ejecutados de la Montaña, Costa Chica y Costa Grande. A pesar de todo este aparato represivo que operó en el estado, la OCSS sigue dando la pelea. Asesinaron a una de sus principales dirigentes Rocío Mesino y uno de los luchadores sociales de gran combatividad como Ranferi Hernández Acevedo junto con su esposa, su suegra y su ahijado, y hasta la fecha estos crímenes continúan en la impunidad.
La OCSS es una organización fiel a sus principios, de levantar la voz por la gente del campo más depauperada, reivindicar la memoria de sus desaparecidos, exigir la libertad de sus presos políticos, investigar y castigar a los responsables de los crímenes atroces, como el de Aguas Blancas y los asesinatos de sus principales dirigentes.
Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no encontraron el apoyo ni la interlocución para ser atendidos en sus necesidades más sentidas. La pelea la siguen dando como hace 30 años, protestando en las vías públicas para ser escuchados. La lucha por la libertad de sus presos políticos los obligó a conformarse en una organización nacional, ante la desatención de las autoridades federales y estatales. Lo más complicado es que no tienen recursos económicos para mantenerse en la trinchera de a resistencia. Esta limitante no es un impedimento para exigir ahora la libertad de Antonio Barragán Carrasco quien es sobreviviente de la matanza de Aguas Blancas y está acusado de secuestro, homicidio y otros delitos. Su caso está difícil porque no es acreedor de algún beneficio de preliberación por los delitos que le imputan. La OCSS con Norma e Hilario Mesino al frente pedirán que el presidente Andrés Manuel lo indulte. Será una lucha cuesta arriba, sin embargo, las compañeras y compañeros han sorteado muchos obstáculos, y aunque con dificultades, han salido adelante.
Varias familias como la de Orlando enfrentan ahora los estragos del huracán Otis. Gracias a Norma que se ha movilizado con organizaciones hermanas ha podido conseguir ayuda. Así lo hizo su hermana Rocío con las tormentas Ingrid y Manuel de 2013 y que en ese marco de apoyo humanitario la asesinaron. Las comunidades serranas de Coyuca de Benítez y las del Río Papagayo, no han sido atendidas con brigadas de apoyo. Se han visto obligadas a organizarse para solicitar apoyo en láminas y sobre todo para la rehabilitación de sus parcelas. La OCSS es la única organización social que se hace eco de demandas urgentes que padece la población. Es ahora muy complicado interactuar con los funcionarios municipales y estatales. Este vacío que han generado lo ha podido cubrir los de la OCSS, sin embargo, los grupos del crimen organizado están al acecho, como sucedió en el poblado del Papayo donde asesinaron a 13 elementos de la Policía municipal junto con el secretario de Seguridad Pública, el 23 de octubre, un día antes de que azotara la tormenta Otis. En medio de tantas calamidades su fundador Hilario Mesino sigue muy activo a pesar de sus 85 años de edad. Es admirable su compromiso, su coherencia de vida, su entrega a la causa, siempre al lado de su esposa Alicia Mesino con quien forjó un movimiento de campesinos pobres dispuestos a enfrentar a los caciques y nunca desfallecer. Norma sigue inspirada en el ejemplo luminoso de Rocío con quien asumió la causa de las viudas de Aguas Blancas. Enfrentaron muchas amenazas por mantener en primera línea el castigo a Rubén Figueroa por ser el principal responsable de la Masacre de Aguas Blancas.
La escuela de la lucha social y de la batalla por los derechos de las víctimas son las mejores lecciones que nos da la familia Mesino en su lucha por a libertad de los presos políticos, por la presentación de los desaparecidos, castigo a los responsables de la matanza de Aguas Blancas y justicia para las comunidades campesinas de la sierra de Tepetixtla, que son damnificadas de por vida.
Mientras tanto Orlando regresó con las manos vacías con su familia en el Escorpión, después de haber sido acusado de un delito que no se comprobó de forma fehaciente. Su Navidad fue alcanzar su libertad en medio de tanta precariedad.