EL-SUR

Sábado 22 de Enero de 2022

Guerrero, México

Opinión

El costo económico de la violencia

Jesús Mendoza Zaragoza

Agosto 15, 2016

“En 2015 el impacto económico de la violencia fue de 2.12 billones de pesos (134 mil millones de dólares), 13 por ciento del PIB o $17, 525 pesos por habitante. Estas cifras se consideran conservadoras…”. Este es uno de los hallazgos que el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) presenta en su Índice de Paz 2016, que fue presentado el jueves pasado en Acapulco. Con datos duros y una rigurosa metodología, hace una medición del desarrollo de la violencia en el mundo y del valor económico de la paz.
Este dato tiene una relevancia mayor ya que nos muestra cómo el contexto de violencia que tenemos ha pegado fuerte tanto al desarrollo económico como al desarrollo social del país y cómo disminuye sustancialmente las posibilidades de mejorar las condiciones económicas de los mexicanos, sobre todo de los pobres.
Para calcular el impacto económico de la violencia, el IEP toma en cuenta una serie de indicadores: homicidios, delitos con violencia, crímenes de la delincuencia organizada, armas de fuego, miedo, encarcelamiento, seguridad privada y gasto gubernamental. Habla de costos directos del delito o violencia, tanto para la víctima como para el victimario y el gobierno. Y de costos indirectos que se refieren a la productividad que se habría alcanzado de no ocurrir el incidente violento.
Este informe del IEP contrasta con la visión gubernamental que tiende a minimizar el impacto económico de la violencia. En semanas pasadas se desató una discusión pública relacionada con este aspecto, entre empresarios, políticos y la CETEG. Mientras que los empresarios y algunos personajes del gobierno señalaban que las acciones de protesta del magisterio disidente hacen más daño a la economía que la violencia que se ha enquistado entre nosotros, la CETEG señalaba lo contrario. En la misma tesitura está la demanda que la Coparmex hizo contra el presidente de la República por su incapacidad para acabar con los bloqueos de la CNTE por las pérdidas económicas que han afectado a las empresas.
Llama la atención la visión empresarial relacionada con este tema. El Informe del IEP señala que el 60 por ciento de los empresarios encuestados informaron que en el año 2013 la inseguridad y la violencia fueron la principal preocupación para sus negocios. De hecho, en Guerrero, muchas empresas pequeñas, medianas y grandes han sido afectadas por la violencia. Muchas han cerrado y otras se han desplazado a otras regiones del país. La pregunta es: ¿por qué los empresarios son tan quisquillosos ante sus pérdidas generadas por las luchas sociales y no lo son ante las pérdidas que provienen de la inseguridad y de la delincuencia?
En lo personal no estoy de acuerdo con algunos de los métodos de los maestros disidentes, que tendrían que ser más creativos para imaginar formas de lucha más contundentes que no implicaran daños a terceros. La desobediencia civil, que implica disciplina y diversas capacidades es un método de lucha poco explorado. Pero, aún así, no puede compararse el costo económico de las protestas magisteriales con el costo económico de la violencia y de la inseguridad.
Por otro lado, es una pena que los gobiernos no respondan a este asunto con la contundencia necesaria. El desarrollo del país está comprometido con el altísimo costo que hay que pagar por la situación de violencia. Y al costo de la corrupción se suma el costo de la violencia y quien tiene que cubrir esos costos es siempre el pueblo, que tiene que soportar precariedades en todo sentido, en salud, en educación, en vivienda, en alimentación y en empleo.
Para reducir ese alto costo económico de la violencia, el IEP tiene su propuesta de paz positiva que descansa sobre ocho pilares: buen funcionamiento del gobierno, entorno empresarial sólido, distribución equitativa de recursos, aceptación de los derechos de los demás, buenas relaciones con los vecinos, libre flujo de información, altos niveles de capital humano y bajos niveles de corrupción. Ni más ni menos. Habrá que hacer una exploración por estos ocho caminos para reducir ese 13 por ciento del PIB que cuesta el impacto de la violencia para que pueda invertirse en el desarrollo integral y sustentable que tanto urge al país.