Es muy pronto para saber quiénes y por qué mataron a Amado Ramírez, pero ya han
pasado demasiadas cosas como para que algún día lleguemos a creer en la versión que
finalmente se nos ofrezca. Algo similar a lo que ha sucedido con la anciana indígena de
Veracruz, Ernestina Ascensión, cuyo asesinato se atribuyó a elementos del ejército. Son
casos que ilustran claramente el estado de la justicia en México: en la gran mayoría de los
delitos nunca se encuentra a los culpables; y los casos extraordinarios, los que se ventilan
en la opinión pública, suelen ser “resueltos” a cincelazo puro, bajo presión política: primero
se resuelve, luego se ajustan los hechos. Llama la atención de que en ambos casos
Felipe Calderón se apresuró a dictaminar “sentencias”, en momentos en que las
respectivas investigaciones apenas iniciaban. Quizá porque en ellos resultan afectadas
dos instituciones claves para el ejercicio del poder político y la estabilidad: el Ejército y
Televisa.
El caso del asesinato del corresponsal de la televisora en Guerrero, Amado Ramírez,
ejemplifica cabalmente esta justicia expedita. Tan expedita que no tiene ningún
inconveniente en sacrificar los datos de la realidad. Resulta difícil de tragar la versión de
que el presunto sicario, Genaro Vázquez (vaya nombre, precisamente en Guerrero) y su
acompañante zigzagueaban intoxicados, y con un arma en el automóvil, tres días después
de liquidar al periodista. Algunas versiones aseguran que ellos mismos se habrían
entregado por temor a ser asesinados, otras dan cuenta de que fueron detenidos por su
manera de conducir. Algún policía avispado habría reconocido el retrato hablado y los
habían relacionado con el crimen de Amado (aunque la Procuraduría estatal aceptó que
había dos retratos y no se parecían entre sí). Algunos testigos ubican a Genaro en la
escena del delito. El acompañante, quien apenas lo había conocido el día de la detención,
afirma que Genaro le confesó ser el asesino. El móvil: la competencia por los amores de
una joven. Todo muy conveniente. Salvo que no aparece el arma, Genaro rechaza la
acusación, nadie lo vio disparar y tras las pruebas realizadas no se encuentran rastros de
pólvora en el supuesto brazo asesino.
Mientras tanto, organizaciones del crimen organizado y grupos guerrilleros, cada cual por
su lado, se han atribuido el crimen. La noche del jueves las amenazas de los carteles en
contra de Televisa Acapulco obligaron a acordonar la zona. Lo único que está claro es que
Genaro Vázquez no es gatillero profesional. Luego del video que da cuenta de su primer
interrogatorio resulta obvio que las neuronas del sospechoso hace mucho que no están en
su sitio. Si en verdad él es el responsable de la muerte del corresponsal de Televisa, es
probable que se trate, en efecto, de un asunto personal. Pero existen aún demasiadas
lagunas para poder incriminar a este sospechoso tan “a modo”. Lo cual no fue obstáculo
para que el jueves pasado, en un acto público, Calderón afirmara que era un alivio la
aprehensión de “los asesinos materiales del periodista”.
Algo similar al caso de la anciana. La Procuraduría de Veracruz encontró evidencias de que
la mujer había sido violada y golpeada salvajemente, y ella misma antes de morir
responsabilizó a los soldados, según afirmación de familiares. Pero las evidencias
resultaron contaminadas o no se conservaron, y una investigación posterior por parte de la
CNDH reveló que la anciana había muerto por causas naturales. La contradicción entre las
autoridades se exacerba por las declaraciones de Calderón, quien aseguró mucho antes
que lo hiciera la CNDH que la indígena había muerto por una gastritis mal cuidada. ¿A
quién creer? ¿A los familiares, a Calderón, al gobierno de Veracruz, a la CNDH?
Las investigaciones del crimen de Amado muestran que nuestras policías y ministerios no
son precisamente candidatos para recibir el ISO 9000. No están capacitados o
acostumbrados a trabajar bajo presión para ofrecer resultados eficaces y confiables.
Desde luego, Televisa y el gremio periodístico están en su derecho de exigir justicia, pero
debemos cuidar que la respuesta policiaca no se traduzca en la fabricación de pruebas y
culpables. Hay demasiadas contradicciones e irregularidades (entre otras, la incineración
anticipada del cuerpo del reportero en momentos en que apenas iniciaba la investigación) y
mucha presión política para “resolver” y enterrar el asunto.
En lugar de anticipar sentencias como si fuese el jefe de los jueces, sería muy conveniente
que Felipe Calderón otorgara vida real a la fiscalía para investigar crímenes en contra de
periodistas. Una fiscalía que nació hace un año, pero ha mal vivido sin presupuesto, ni
recursos jurídicos para hacerse valer ante las autoridades. En la práctica ha sido un mero
membrete sin relevancia. Un acto demagógico para que los gobernantes se olvidaran del
tema. Y, mientras tanto, continúa el acoso a los comunicadores.
Hay que insistir en que la muerte y desaparición de periodistas, por razones de su trabajo,
es un agravio a la sociedad en su conjunto porque cercena su derecho a la información. Es
cierto que “sólo” son 37 casos reportados desde el 2000. Menos que las ejecuciones que
se registran cada semana. Pero por desgracia cada agresión deja como saldo un medio
de comunicación que termina optando por la autocensura. Esto significa que la comunidad
pierde su derecho a enterarse del avance del crimen organizado, del narcomenudeo, de la
corrupción. Cada periodista asesinado termina por silenciar a muchos cientos más y deja
a la sociedad ciega y sorda ante la diseminación de sus cánceres. Quizá Amado murió por
razones “particulares” como tantos mexicanos víctimas de la violencia y la inseguridad. O
quizá murió por su trabajo. Los errores de la investigación y las urgencias políticas están
llegando a un punto en que cualquiera sea el resultado nunca sabremos que pasó. O
simplemente no lo creeremos.
www.jorgezepeda.net