DE NORTE A SUR

El proceso electoral de este año ha estado marcado por la violencia contra candidatos y candidatas de todos los partidos políticos. La consultora Etellekt ha soltado cifras que nos deben llevar a la reflexión durante este proceso, en especial a partir del 6 de junio.
Hasta hace cuatro días la compañía registraba 88 políticos asesinados, 34 de ellos aspirantes y candidatos a puestos de elección popular.
“De los 34 aspirantes y candidatos asesinados –tuiteó–, 29 pretendían competir por puestos del ámbito municipal (alcaldías, regidurías y sindicaturas)”.
Es verdad que cuando el crimen ve en riesgo sus intereses seduce, amenaza, violenta, soborna, asesina. Y sabe bien que un momento clave para obtener un futuro medianamente tranquilo y próspero para sus intereses es el proceso electoral. Si gana el candidato o la candidata que eligió tendrá una persona aliada en el gobierno, no enemiga, y en buena parte de los casos una fuente para allegarse de recursos a través de contratos de obra pública y servicios, o subsidios para el campo y ganadería.
Aunque no todos los actos violentos pueden relacionarse con el narcotráfico, muchos de ellos están directa o indirectamente vinculados, ante la diversificación de las actividades criminales. Es decir, el crimen organizado.
Por su larga historia, Sinaloa es un buen ejemplo. El narcotráfico ha crecido tanto que se convirtió en uno de los negocios más poderosos y adinerados del planeta. El exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, fue durante años el objetivo más buscado por Estados Unidos; después fue detenido, extraditado y más tarde sentenciado a cadena perpetua en ese país.
El poderío criminal de El Chapo, y de otros narcotraficantes como Rafael Caro Quintero o Ismael Zambada García, alias El Mayo, nunca hubiera sido posible sin las complicidades de políticos y jefes policiacos colocados ahí durante décadas por los políticos.
Hay ejemplos muy claros: la exdiputada del PAN Lucero Sánchez, pareja sentimental de Guzmán Loera, y el exjefe policiaco Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, alias Chuy Toño, quien operó para el Cártel de Sinaloa desde los gobiernos del priista Juan Millán Lizárraga, y del panista Mario López Valdez.
Los antecedentes nos dejan claras las complicidades de gobernantes del PRI y del PAN, que han sido las fuerzas políticas predominantes en Sinaloa. Sin embargo, ahora hay elementos para presumir que en estas elecciones grupos armados no sólo apoyan a sus aliados tradicionales, sino que sumarán a candidatos de Morena y otros partidos políticos pequeños donde se sienten representados.
Un brigadista de la alianza Va por Sinaloa (PRI-PAN-PRD) y del que no revelaré su nombre por seguridad, me contó que él siempre ha trabajado en campañas electorales del PRI, pero nunca había sentido una presión tan fuerte de los grupos armados como ahora.
En otras ocasiones los criminales se presentaban el día de la jornada electoral, pero ahora llevan semanas amenazando de muerte a líderes de brigadas, introduciéndose de noche a sus viviendas, quebrando vidrios, apuntándoles con armas largas, retirando la propaganda de sus candidatos y exigiendo en comunidades pequeñas y rurales que el voto sea por un solo partido: Morena.
Los grupos armados, me cuenta el brigadista, están conformes con el gobierno municipal y no quieren que haya cambios que puedan desestabilizar sus actividades delictivas, como el narcomenudeo y la operación de máquinas tragamonedas, conocidas como minicasinos.
Las amenazas han tenido efecto. Varios de sus compañeros brigadistas han desistido de su trabajo proselitista y hay zonas a las que no les tienen permitido entrar. “Ellos traen una lista con el nombre, dirección, número de placas: todo. Ellos dicen que quieren que votes por Morena”.
El candidato a gobernador de PRI-PAN-PRD, Mario Zamora Gastélum, afirmó que han registrado más de 40 amenazas a sus brigadistas; su rival, el candidato de Morena-PAS, Rubén Rocha Moya, mencionó que también su equipo ha recibido presiones en el norte del estado. Lo han dicho sin dar detalles o pruebas de los amedrentamientos.
Uno de los pocos registros que se ha hecho públicos fue el denunciado por Movimiento Ciudadano (MC) el 17 de abril pasado. En una carta enviada al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) se expone que un día antes, el 16 de abril, un grupo armado abordó a una brigada de Movimiento Ciudadano que realizaba un recorrido por el poblado de Palmillas, municipio de Escuinapa, al sur de Sinaloa, para exigirle que dejara de hacer campaña y se retirara del lugar, porque ahí los únicos que podían hacer proselitismo eran Morena y su aliado local, el Partido Sinaloense (PAS). Esta advertencia se repitió en varios poblados del municipio.
El candidato a presidente municipal por MC, Hugo Enrique Moreno Guzmán, alias Yiyo, detuvo su campaña, y el 19 de abril hizo una rueda de prensa en la que confirmó las amenazas a su equipo, solicitó seguridad y anunció que su estructura dejaría de dividirse en ocho grupos para concentrarse en uno solo como medida de acuerpamiento.
El ambiente electoral en el país, y en particular en Sinaloa, cada día se torna más complejo. Hace unos días asesinaron a Joel Ernesto Soto, director de la Policía Estatal Preventiva, encargada de realizar operativos de seguridad electoral. El narcotráfico está decidido a ganar la elección, aunque su nombre no esté directamente en la boleta.
Los grupos armados criminales poco a poco muestran su juego, sueltan sus cartas tildadas con sangre, miedo y compromisos. La violencia crece conforme se acerca la cita cívica frente a la urna y no parece haber autoridad que los detenga.