No es para menos, el tema de la violencia seguirá ocupando y preocupando a la mayoría de la población aunque haya diversos puntos de vista al respecto, pero ninguna propuesta distinta a la estrategia del gobierno federal para extirparla de raíz.
Claro, siendo un tema tan candente y de los pocos donde se ven resultados magros, la oposición conservadora insiste provocadoramente en resaltarlo pero se cuida de ocultar que donde aún gobierna la violencia que campea en perjuicio de todos sus habitantes indica la colusión de las autoridades locales con el crimen.
Eso sucede en el estado de Guanajuato donde la violencia parece incontrolable a pesar de la presencia casi masiva de las fuerzas policiacas federales, pues ahí uno de los obstáculos para el combate de la delincuencia lo representa nada menos que el fiscal del estado quien siguiendo el mismo modelo que el panismo impuso en el estado de Morelos, ese funcionario es transexenal y no puede ser cambiado a pesar de lo negativa que ha sido su gestión.
Cuando esto escribo, en Zihuatanejo el ambiente tiene poco de festivo después de la serena noche del Grito, con sus fuegos artificiales y sin lluvia, porque la suspensión de clases, el cierre del puerto ante la presencia de la depresión tropical Lester, los temblores, se sumaron al desconcierto que provocó el cierre de las tiendas de conveniencia por varios días a pesar que desde principios del mes de septiembre se supo que la Marina estaba a cargo de la seguridad pública.
Primero fueron los transportistas quienes intentaron resistirse a las extorsiones dejando sin el servicio a los trabajadores hoteleros, después siguieron los negocios como el de la masa y la tortilla para seguirse luego con ferreterías, farmacias, lo cual finalmente repercutió en la elevación de precios, siendo la población en general la afectada por ese cáncer delincuencial.
No se trata tampoco de pedir milagros a los órganos de seguridad, pero si el caso de este puerto llegó a ocupar espacio en la conferencia mañanera, todo mundo abriga la esperanza de que habrá una respuesta eficaz para devolver la paz a este lugar de descanso donde se ha construido un cuartel de la Guardia Nacional, porque a eso va encaminada la decisión de dejar en manos de la Semar el control de la policía municipal cuya relación con la delincuencia había borrado ya la línea divisoria entre ambas.
Ha sido a partir de la coordinación de las corporaciones policiacas que se empezaron a dar resultados a pesar de lo cual la cadena de tiendas de conveniencia cerró todos sus negocios en el municipio.
Todo eso, claro, mientras a nivel federal asistimos al debate sobre el papel del Ejército en las tareas de seguridad pública y el futuro de la Guardia Nacional, principal esfuerzo del actual gobierno para combatir la inseguridad, cuyos resultados han rebasado ya a lo que conocimos como Policía Federal, la máxima obra del panismo cuyos resultados fueron tan funestos para los mexicanos, porque sin saberlo financiamos entonces a un órgano de seguridad capitaneado por cómplices del narco que ahora están bajo la mira de la justicia.
Frente al aparato judicial que parece ser el mayor obstáculo para la eficaz acción de la justicia nada se ha dicho de boca o pluma de los analistas sobre el aporte de los normalistas de Ayotzinapa, junto con sus padres, protestando y exigiendo con firmeza su derecho a la justicia frente a la lentitud del aparato judicial que actúa en sentido contrario a los requerimientos y esfuerzos que realiza el Ejecutivo para que la justicia pronta y expedita sea una realidad en el caso del crimen de Estado cometido en Iguala en septiembre de 2014.
Aquí conviene que el gobierno federal escuche el razonamiento de los asesores legales de los normalistas quienes han dicho que no acompañarán la denuncia contra jueces que han liberado a detenidos por dicho caso, exigiendo al contrario que se ponga cuidado en el papel de la fiscalía y ministerio público porque fueron quienes construyeron la verdad histórica mediante las primitivas prácticas de tortura.
Sin embargo, la evidencia que se da a conocer, ahora sistemáticamente, en las conferencias mañaneras sobre los resultados del mecanismo de coordinación de los tres órdenes de gobierno en todo el país combatiendo la inseguridad y la violencia, nos confirma que se marcha en sentido correcto para conquistar por fin la paz y la tranquilidad que faltan para llegar a ser la potencia mundial a la que aspiramos.
En ese contexto llama la atención el papel de Jorge Ramos, el periodista de origen mexicano que tanta fama ha construido por su enérgica actitud en las entrevistas y cuestionamiento que hace a políticos relevantes, el cual nuevamente volvió a insistir en su idea de que la estrategia de seguridad del presidente López Obrador no está dando los resultados deseados, actitud que aplauden los partidarios del periódico Reforma que en franca campaña mediática contra el gobierno critican por criticar sin tener los argumentos para el debate y sin haber desarrollado la capacidad de mostrar su propio camino contra la violencia en los territorios que son su coto de poder.
Por eso conviene ver en la intervención de Jorge Ramos, tan incisiva en el tema de la seguridad y la violencia, más una provocación que un cuestionamiento serio a la estrategia del gobierno federal tratando de desquiciar al presidente de la República quien con actitud amable y conciliadora ha salido avante en esa confrontación que tanto espera la derecha conservadora.
Recordemos que ya antes Jorge Ramos se equivocó en sus proyecciones como la que ahora hace de los homicidios dolosos y los que cree que ocurrirán de aquí al 2024, a partir de lo sucedido en el mes de agosto pasado.
Algo parecido a este pronóstico hizo el periodista en la campaña electoral de Donald Trump cuando aseguró que el candidato republicano perdería el voto latino a partir de los sondeos conocidos sobre las preferencias electorales. El periodista de Reforma aseguró que Trump perdería el apoyo mayoritario de los latinos y hasta adelantó que no pasaría del 16 por ciento cuando los resultados en la elección a su favor fueron del 29 por ciento.
Por eso en su cuestionamiento del jueves en la mañanera insistiendo que las cifras conocidas sobre homicidios dolosos indicaban que el actual sexenio sería el más violento en la historia del país si la proyección a partir de los homicidios ocurridos en agosto (que sumaron 2 mil 624 muertos) se repitiera en los 25 meses restantes, lo cual elevaría la cifra a 65 mil 600 muertos que agregados a los 126 mil ocurridos desde su asunción al poder sumarían 191 mil, sin duda una barbaridad, que si la miramos bien no dejan de ser la herencia de la guerra emprendida por el gobierno panista de Felipe Calderón y continuada por el priísta Enrique Peña Nieto contra los cárteles de la droga.
Pero aún con esas cifras y su mentada proyección, que otra vez será equívoca, el periodista nunca puso en duda que hay una reducción del 2 por ciento en homicidios dolosos comparadas las cifras del último año del gobierno priísta de EPN, un logro nada menor que ha roto con la tendencia histórica.