El pasado martes, el Congreso peruano fue el palco de la toma de posesión de la nueva presidenta del Perú, Keiko Fujimori. Podríamos imaginar que se trata de una investidura normal en un país democrático. No lo es. Desde 2016, ningún jefe del ejecutivo de ese país ha logrado concluir su mandato. De manera que su principal desafío no será únicamente administrar el Estado, sino demostrar que su victoria puede cerrar —y no profundizar— el largo ciclo de inestabilidad política iniciado hace casi una década. Después de tres derrotas presidenciales, la dirigente de Fuerza Popular llegó finalmente al poder, pero lo hace con mandato estrecho, una legitimidad discutida por parte de la oposición y una sociedad todavía marcada por el antifujimorismo.
La primera prueba será, por lo tanto, política. Fujimori deberá transformar una victoria electoral mínima en una mayoría de gobierno suficientemente amplia. El regreso del Congreso bicameral no elimina la fragmentación partidaria ni la debilidad de las organizaciones políticas. La nueva presidenta necesitará construir acuerdos en la Cámara de Diputados y en el Senado, negociar con fuerzas conservadoras, regionales y centristas, y evitar que su gobierno quede sometido desde el comienzo a la misma lógica de confrontación entre Ejecutivo y Legislativo que derribó o debilitó a varios de sus predecesores.
Su ventaja es que Fuerza Popular posee experiencia parlamentaria, redes territoriales y capacidad de negociación. Su riesgo es utilizar esa fuerza para reproducir el comportamiento obstruccionista que caracterizó al fujimorismo después de las elecciones de 2016. Keiko Fujimori deberá demostrar que puede pasar de jefa de una oposición combativa a presidenta de una coalición plural. Si gobierna únicamente con sus incondicionales, puede reforzar rápidamente la percepción de que su llegada al poder representa una restauración familiar y no una alternancia democrática –sobre todo si emplea recursos antidemocráticos, o la fuerza policial, para reprimir eventuales protestas en su contra.
La composición del primer gabinete será, en este sentido, decisiva. Un equipo dominado por figuras fujimoristas históricas movilizaría a su base, pero alimentaría los temores de sectores moderados, organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas de abusos estatales. Por el contrario, la incorporación de independientes, técnicos reconocidos y representantes de otras corrientes podría ofrecer una señal de apertura. La reconciliación prometida durante la campaña solo será creíble si se traduce en nombramientos, prácticas institucionales y respeto efectivo por los contrapesos democráticos.
La segunda urgencia será la seguridad. La expansión de las extorsiones, el sicariato, la minería ilegal y las economías criminales ha convertido el orden público en una demanda urgente. Fujimori ganó parte de su apoyo prometiendo autoridad y eficacia, pero esa promesa contiene un peligro: confundir firmeza con debilitamiento de las garantías constitucionales. La presión para ampliar las facultades policiales y militares será fuerte. Sin una reforma de la justicia, de las cárceles y de los servicios de inteligencia, una política basada exclusivamente en estados de emergencia puede producir resultados temporales y nuevas violaciones de derechos.
La economía ofrece un panorama igualmente ambivalente. Perú conserva fortalezas importantes: un Banco Central creíble, baja deuda pública en comparación regional, abundantes recursos mineros y capacidad exportadora. La continuidad de Julio Velarde al frente de la autoridad monetaria manda una señal de estabilidad a los mercados. Pero la solidez macroeconómica convive con baja productividad, elevada informalidad, servicios públicos deficientes y una profunda desigualdad territorial, que alimentan conflictos sociales. El desafío no será solamente atraer capital, sino reconstruir la capacidad del Estado para negociar, compensar y ejecutar inversiones.
Fujimori también deberá administrar el legado de su padre. Para una parte del electorado, Alberto Fujimori sigue simbolizando la derrota del terrorismo y la estabilización económica. Para otra, representa autoritarismo, corrupción y crímenes de Estado. La presidenta deberá elegir entre gobernar para preservar una memoria familiar o construir una legitimidad propia.
En política exterior, su triunfo acerca a Perú a la nueva ola conservadora latinoamericana y probablemente reforzará la cooperación con Estados Unidos en seguridad, narcotráfico e inversiones. Sin embargo, China es un socio económico fundamental, especialmente en minería, comercio e infraestructura. La diplomacia peruana tendrá que preservar una relación estratégica con ambos polos.
Keiko Fujimori llega al poder con una oportunidad que esperó durante quince años, pero también con un margen de error reducido. Su presidencia será evaluada menos por la reivindicación del pasado que por su capacidad para producir orden sin autoritarismo, crecimiento sin exclusión y gobernabilidad sin captura institucional. Si consigue separar su gobierno de los reflejos más duros del fujimorismo, podrá estabilizar el país. Si utiliza la victoria como una revancha histórica, corre el riesgo de reabrir las fracturas que prometió superar.

* Miembro de la unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)

X: @Gaspard_Estrada