El pasado viernes, en un desplegado aparecido en El Sur, 68 de los 97 diputados federales del PRD hacen distintos señalamientos contra el gobierno de Guerrero a causa de los lamentables hechos ocurridos con algunos de los egresados de las normales estatales.

La inserción pagada es un opúsculo lleno de lugares comunes y errores de sintaxis, aunque carente de profundidad, pobre en su análisis e insuficiente para discutir con la seriedad necesaria el problema señalado. Me da la impresión de que los signatarios lo hicieron más en la vieja tradición izquierdista de acudir a cualquier llamado, de cualquier tipo y en cualquier parte del mundo que suene a justicia, sin madurar a fondo el significado ni las consecuencias de su rúbrica.

Lejos de conseguir su objetivo, los diputados del PRD colocan al partido, a sus militantes y a sus aliados, en una posición sumamente incómoda, porque en Guerrero somos muchos los que apoyamos al gobernador del estado y nos sentimos abandonados cuando no francamente atacados por el aparato y la dirigencia del partido.

Hay que señalar que de los diputados perredistas por Guerrero únicamente Juan García Costilla y Beatriz Mojica rubricaron el documento. Ambos, vale la pena recordarlo, alcanzaron su diputación por la vía plurinominal. Paradójicamente, el lugar que ocupa Mojica es el que en un principio tuvo Zeferino y que después ocupó Carlos Álvarez. Los demás legisladores guerrerenses: Irma Figueroa, Rosario Herrera, Francisco Chavarría                                         y Javier Manzano no apoyaron el escrito.

En cursiva, el texto original del desplegado seguido de algunas apreciaciones personales:

El gobernador (…) ha señalado que la Federación es responsable de no (sic) asignar suficientes recursos para atender la educación de los guerrerenses. Sin embargo, ¿no es función de los gobernantes, realizar las gestiones necesarias ante las autoridades federales para el otorgamiento de esos recursos? Efectivamente, una de las funciones de los gobernantes es realizar las gestiones necesarias para conseguir recursos adicionales. Pero los legisladores olvidan, por una parte, que son precisamente ellos quienes asignan las partidas presupuestales y por la otra, que también son gobernantes al ser parte de uno de los tres órdenes que integran el gobierno. Mas aún, hay que recordar que es facultad exclusiva de los diputados federales aprobar la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la federación. Ciertamente, es “función” de los gobernantes, “realizar las gestiones necesarias” para intentar conseguir recursos adicionales, pero son los diputados los que en todo caso aprueban o rechazan dichas gestiones. Los diputados no pueden exigir recursos adicionales y evadir su propia responsabilidad. Resulta que cuando hay recursos para equis obra, es gracias al diputado fulano de tal, pero cuando no hay recursos, es culpa de “los gobernantes” que no hicieron las gestiones necesarias.

En el caso particular de las plazas educativas, conviene recordar que el diputado Salvador Martínez della Roca, el estimado Pino, preside la comisión respectiva. Los jóvenes de la FENEG han argumentado insistentemente en que el Pino ya ha realizado las gestiones necesarias para conseguir las plazas demandadas por éstos. Sería muy sano, para abonar en la solución del conflicto que, además de firmar desplegados, Pino informara a la opinión pública del resultado de sus gestiones.

Resulta increíble que el secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, olvidando su propia historia, haya dado la orden de reprimir bajo el argumento de que “se tendrá que aplicar la ley”. Lo que resulta increíble es que se acuse al secretario general de Gobierno precisamente por aplicar la ley. Armando Chavarría no olvida su propia historia. La honra. Un luchador social tiene que saber jugar su papel en cada etapa de la historia. Desgraciadamente muchos de nuestros políticos no superan el llamado Síndrome del Líder Estudiantil Crónico. Un luchador social o un líder estudiantil, únicamente tienen que responderle a sus seguidores, a sus ideales y a su lucha. Un gobernante, protesta guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan. Ser realista y pedir lo imposible es una hermosa sentencia para ser plasmada en bardas o impresa en playeras, pero gobernar implica ante todo respetar y hacer respetar la ley, nos guste o no nos guste el resultado de ello. Lo que resulta increíble es que los encargados de hacer las leyes se espanten porque los encargados de ejecutarlas así lo hagan. Lo que resulta increíble es que los legisladores se llamen a sorpresa ante el cumplimiento legal.

Hace unos meses el gobernador Zeferino Torreblanca declaró su incapacidad de combatir (sic) a la delincuencia organizada; sin embargo, sí da muestra de su capacidad para reprimir a los grupos sociales diversos que le demandan derechos fundamentales. El gobernador Torreblanca jamás declaró su incapacidad para combatir a la delincuencia. Lo que afirmó –como se encuentra ampliamente documentado–, es que no podía hacerlo sólo. Zeferino no ha reprimido a “grupos sociales diversos”, sencillamente no ha reprimido a ninguno. Es falso que a dicho grupo (los egresados normalistas) se le haya “reprimido” al estar demandando un derecho fundamental. Los jóvenes estudiantes y sus no tan jóvenes acompañantes, no fueron dispersados ni detenidos por sus ideas o sus demandas. Fueron consignados por causar daños y por la privación ilegal de la libertad de terceros, a denuncia expresa de éstos. Cabe recordar –y existen pruebas gráficas de ello– que varios de los manifestantes portaban consigo machetes, varillas, navajas y piedras, que no son precisamente argumentos para demandar derechos fundamentales.

No nos extraña que el gobierno de Zeferino Torreblanca tenga ese tipo de reacciones cuando al frente de la Secretaría de Seguridad Pública local se encuentra Heriberto Salinas Altés, un ex militar (sic) de dudosa trayectoria, y en la Policía Ministerial despacha Erit Montúfar Mendoza, destituido por los propios priístas por su involucramiento (sic) en la masacre de Aguas Blancas. El general Salinas Altés no es un “ex militar”, las personas que emprenden la carrera castrense nunca dejan de serlo. El general es un militar en retiro. Salinas Altés no tiene una “dudosa trayectoria”. La suya ha sido una carrera impecable y libre de sospechas. El general Salinas Altés es uno de los militares más respetados dentro de la institución armada. Vale la pena mencionar que es uno de los diseñadores del hoy tan prestigiado Plan DN-III de ayuda a la protección en caso de desastres naturales. Erit Montúfar no fue “destituido”, por su “involucramiento” (la palabra “involucramiento” ni siquiera es aceptada por los académicos) en la masacre de Aguas Blancas.

El que acusa tiene la obligación de probar, así que si existen pruebas reales de la participación de algún funcionario en determinado hecho vergonzoso del pasado, lo que hay que hacer es presentar las denuncias pertinentes ante las instancias correspondientes y no inculpar sin fundamentos a través de los medios de comunicación. Esto es tan grave como sería, por ejemplo, señalar que una de las abajofirmantes, la diputada federal Dolores Padierna –cónyuge del malogrado René Bejarano–, estuvo coludida con Carlos Ahumada para saquear al pueblo del Distrito Federal. Como yo carezco de elementos para señalar lo anterior, preferiría no sugerirlo públicamente.

Exigimos al gobernador del estado la libertad incondicional y el desistimiento de la acción penal contra los jóvenes, en su mayoría mujeres, que se encuentran detenidos por demandar sus derechos, así como la cancelación de las órdenes de aprehensión. Cuando el desplegado apareció en los medios de comunicación, los detenidos, llevaban más de 24 horas libres. El hecho de que “en su mayoría” hubieran sido mujeres, es un hecho circunstancial y no se puede argüir el género de las detenidas cuando lo que estamos buscando todos es la equidad.

El diálogo es la política sustantiva de cualquier gobierno democrático para dar salida a las justas demandas de grupos sociales que vieron con esperanza que con su voto por un cambio real se podían solucionar los añejos problemas de justicia, bienestar social y lucha contra la impunidad y corrupción en el estado de Guerrero. Demandamos al gobierno de Zeferino Torreblanca no defraude (sic) a las y los ciudadanos guerrerenses. De acuerdo, el diálogo tiene que ser el elemento primordial para “dar salida” a las demandas de los grupos sociales. El tema es que diálogo significa la discusión o el trato entre dos personas o grupos en busca de la avenencia. Dialogar no significa que la contraparte resuelva todas las demandas planteadas, a riesgo de bloquear carreteras, tomar oficinas públicas o privar de la libertad a servidores públicos. Dialogar no significa aceptar bajo presión que se siga hipotecando el futuro de Guerrero. El “cambio real” para “solucionar los añejos problemas de justicia, bienestar social y lucha contra la impunidad y corrupción en el estado de Guerrero”, significa precisamente dejar de simular y comenzar a hablar con verdad.

Autorizar la creación de nuevas plazas sin techo financiero significa seguir postergando la solución de mañana, con tal de evitar la protesta de hoy. La “justicia” y el “bienestar social” no se alcanzarán volviendo a las viejas prácticas corporativistas de pulverizar el presupuesto para conseguir el aplauso fácil. Justicia significa derecho, equidad y razón. Justicia no significa que me den a mí, lo que yo considero justo. Para terminar con la “impunidad” podemos comenzar por respetar los derechos fundamentales de terceros como el de libre tránsito.

Efectivamente, el electorado votó mayoritariamente por un “cambio real” y para conseguirlo tenemos que comenzar a comprender que el escenario político ha sido transformado a punta de votos. No podemos pretender presionar a un gobierno democrático de la misma manera en que lo hacíamos con uno autoritario. No podemos exigir que todo cambie para que todo permanezca igual. No podemos exigir que el                                         cambio sea únicamente cosmético y que en el fondo signifique reproducir las viejas practicas corporativistas y clientelares.

Desde mi punto de vista, algunas de las demandas de los egresados son justas. Ellos comenzaron sus estudios con la idea de que al graduarse, tendrían asegurada una plaza para poder aportar al desarrollo del estado a través de la educación. Ellos no tiene la culpa de que el régimen anterior utilizara las plazas como moneda de cambio político y que la entrega de las plazas se hiciera de manera poco clara y discrecional. Ellos no tienen la culpa de que en estos momentos existan en la Secretaría de Educación de Guerrero, cerca de 10 mil plazas sin techo financiero. Ojo, “sin techo financiero”, que no es lo mismo que no existan o que éstas sean ocupadas por aviadores. El problema reside en que las pocas y ciertamente insuficientes plazas con las que se cuenta, son mayoritariamente para educación preescolar, secundaria, especial e indígena y la mayor parte de los egresados lo son de educación primaria. Que se entienda esto con claridad. La diferencia fundamental reside en los medios, no en los fines. Es necesario que desde ahora se informe con claridad tanto a los actuales estudiantes como a los próximos aspirantes, de la disponibilidad, los tipos y la forma de asignar las plazas con las que se contará cuando se gradúen.

Sólo puedo tener gratitud, afecto y reconocimiento para las escuelas normales, en particular para Ayotzinapa, de donde se graduaron tanto mi abuelo, Fidel Núñez Ávila, como los dos hermanos de mi madre, César y Serafín Núñez Ramos, este último compañero de normal, de exilio, de sueños y de luchas del profesor Lucio Cabañas Barrientos.

Gran parte del avance democrático del estado de Guerrero se lo debemos al esfuerzo de miles de educadores que durante años fueron formados por las escuelas normales estatales. Lo que tenemos que conseguir entre todos es que éstas evolucionen para convertirse en los semilleros del futuro. Los normalistas y el gobierno del estado tienen que recuperar lo mejor del las normales del pasado para convertirlas en el motor de la educación del futuro.

En Guerrero el gran desafío intelectual y político de hoy es imaginar, acordar y ejecutar las nuevas conductas, los paradigmas para encarar la nueva realidad. El PRD dejó de ser oposición y es hoy el partido en el gobierno del estado; gobierna también a través de los municipios más importantes a la inmensa mayoría de la población y es la primera minoría en el Congreso.

El movimiento que se creó para alcanzar un Guerrero mejor, las autoridades, los ciudadanos, los medios, los partidos y la sociedad civil, necesitamos poner nuestro mejor esfuerzo en la construcción del nuevo régimen político.

La nueva realidad no existe únicamente para el gobierno. Existe también para los movimientos sociales, para los luchadores e inconformes, para los analistas, para los medios y para todos los guerrerenses.

 

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