ESTRICTAMENTE PERSONAL

En el PAN, los diputados rebeldes encabezados por el coordinador adjunto de la bancada, Germán Martínez, ya arreglaron sus problemas con la dirigencia nacional del partido y confirmaron su voto a favor del desafuero. En el PRI, el presidente del Congreso Manlio Fabio Beltrones, y el coordinador de la fracción, Emilio Chuayffet, no han resuelto sus diferencias, pero acordaron que trabajarían por el desafuero, convenciendo a unos legisladores madracistas y del sector campesino, donde hay reticencias a sumarse. De esta manera, si ya no hay más demoras, la Sección Instructora del Congreso se prepara a emitir su dictamen para destituir del jefe de Gobierno del Distrito Federal, con tres votos contra uno del PRD, a fin de que en una semana aproximadamente pase al pleno para su aprobación y se gire la orden de aprehensión contra Andrés Manuel López Obrador.

El gobernante capitalino, pese a las palabras, da muestras de nerviosismo. Esta semana realizó un inusual blitz mediático para exponer su verdad, y dijo que su temor sería terminar en una cárcel federal. Parece que López Obrador está viendo cómo se le cierran las avenidas jurídicas por el hecho de haber desobedecido un mandato judicial para no construir el camino a un hospital, violación menor por la que nunca se amparó, argumentando falsamente que sería reconocer culpabilidad, cuando en realidad el recurso es contra el abuso de autoridad. Su desprecio por el orden jurídico lo puede llevar a un proceso que lo meta en la cárcel de uno a ocho años, por una jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia de que el desacato equivale al delito de abuso de autoridad en el Código Penal.

Si hay desafuero y si un juez ratifica que violó la ley, lo que hoy no es seguro, sí existe la posibilidad de que sea enviado a un penal federal, que podría el de Almoloya, Guadalajara o incluso Matamoros. Es decir, no sólo sería descarrilado de la carrera presidencial sino que podría terminar en la cárcel. No es extraño entonces que la ansiedad esté creciendo en su cuartel general y que el PRD esté subiendo la presión social contra el gobierno federal, el Congreso, la Suprema Corte y los medios para elevar el costo político del desafuero y sus consecuencias. Hay mensajes abiertos, como los discursos en las primeras jornadas de protesta que comenzaron los líderes perredistas, pero existen también los confidenciales que han hecho llegar al gobierno federal. Uno de ellos, según políticos con acceso a la Secretaría de Gobernación, es el de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal de que si se procede contra López Obrador realizarán provocaciones para incitar a la represión policial, con lo cual, estiman, la candidatura del secretario Santiago Creel también podría descarrilarse.

El mensaje es contradictorio, pues si hay provocaciones y se busca una acción de fuerza policial, quienes primero tendrían que intervenir para controlar la violencia es la Policía Preventiva, que depende del gobierno del Distrito Federal. Los perredistas están enfocando sus protestas en zonas federales, con lo que quedaría eximida su policía de la responsabilidad y tendrían que hacerlo policías federales que, por cierto, no dependen de Gobernación, sino de la Secretaría de Seguridad Pública. En el gobierno foxista, aunque preocupados, dicen estar preparados.

De acuerdo con un cálculo en la Secretaría de Gobernación, el PRD podría movilizar en su mejor momento entre 30 y 40 mil personas en forma simultánea, y la protesta, con números mucho más bajos, en forma regular pero no diaria, se podría prolongar durante unos tres meses. Aunque las movilizaciones no se dan en forma espontánea aunque haya espontáneos participando en ellas, y pueden prender en donde el PRD tiene capacidad de convocatoria y estructura territorial —lo que las limita en el país a unos cuantos estados, particularmente en el centro—, la cifra parece estar muy subestimada si se toman en cuenta las marchas que ese partido ha organizado en el pasado.

Sin embargo, parece estar calculada sobre factores y escenarios no públicos. Uno es que la corriente de Izquierda Democrática Nacional de René Bejarano, que controla grupos de presión y de choque en cuando menos siete de las 16 delegaciones de la capital, ha enviado señales de querer negociar con el gobierno federal por creer que el lópezobradorista ha olvidado a su ex dirigente y líder de facto. Una negociación con esa corriente capitalina restaría mucha fuerza a la movilización, dado que los contingentes más activos y reactivos, como el grupo Francisco Villa y los ilegales taxis Pantera, pertenecen a ella. En los escenarios manejados se incluye fincar responsabilidades penales por los linchamientos en Tláhuac al ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard, quien desde que trabajó como secretario de Gobierno en el Distrito Federal en el sexenio de Carlos Salinas organizó a ambulantes y locatarios de mercados en una fuerza política electoral que hoy tiene al servicio de López Obrador.

Otro ingrediente que puede aportar datos técnicos al análisis de las protestas son los recursos. Movilizaciones sin dinero son movilizaciones vacuas. La asociación civil que está pagando los spots en televisión y por donde se canalizan recursos propagandísticos, de acuerdo con información en el gobierno, logró recaudar 17 millones de pesos, de los cuales ya gastaron 16. Mover a una persona puede costar de 150 a 250 pesos, por pago directo y alimentación, sin contar con la renta diaria de camión para transportarlas, que sale en unos cinco mil. Hablando conservadoramente, por cada mil pesos se pueden movilizar de 4 a 6 personas, o por cada 100 mil, a 40 mil o 60 mil.

El gobierno foxista está trabajando intensamente para crear las condiciones que lleven a López Obrador a la cárcel, desde hablar con diputados y partidos políticos hasta exponer su argumentación con los jueces, de quienes dependerá finalmente si se abre o no el proceso legal que impediría a López Obrador contender por la Presidencia. En paralelo está su estrategia de contención de protestas y eventuales disturbios. López Obrador está vacunándose al afirmar que si hay violencia será la provocada por el gobierno federal. En Los Pinos tendrán que convalidar sus cálculos sobre todo lo que vendrá a partir después del desafuero, para evitar que una mala operación política los hunda a ellos y no a su adversario. En todo caso, la lógica de Fox, el PAN y ahora del PRI es la misma: es mejor tener un mártir a un héroe, y cuesta menos un mártir que un Presidente.

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