Tryno Maldonado
Junio 25, 2019
METALES PESADOS
En un video que circula en estos días en redes sociales sobre el caso Ayotzinapa, se demuestran algunos elementos fundamentales para desechar finalmente la supuesta “verdad histórica” del entonces procurador Jesús Murillo Karam. El principal es que hubo graves y sistemáticas prácticas violatorias a los derechos humanos durante la investigación del paradero de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. En esto han insistido diversas organizaciones nacionales e internacionales y voces que han acompañado el caso desde un principio, a pesar de la propaganda del gobierno de Enrique Peña Nieto para silenciar y obstaculizar esas labores de investigación independiente. Hoy la versión oficial del sexenio pasado –de Murillo Karam y Peña Nieto– ante la opinión pública queda hecha pedazos.
También queda en entredicho, como señalamos en esta columna (https://suracapulco.mx/2018/12/04/ayotzinapa-50-meses), la recomendación que emitió en diciembre del año pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: además de incurrir en imprecisiones como la identidad de algunos de los estudiantes desaparecidos –al igual que la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República)–, ocultó al menos 34 casos de tortura: uno de ellos el del profesor Carlos Canto, detenido y víctima de torturas policiales y hecho pasar en esta versión oficial por El Pato.
En el video mencionado se ve al profesor siendo torturado por la Policía Ministerial el 23 de octubre de 2014 para extraerle la versión oficial. Canto fue detenido y posteriormente torturado por la Marina, la Policía Federal y la Policía Ministerial. El dictamen de la PGR y de la CNDH afirman que se aplicó el protocolo de Estambul y que las fuerzas armadas no incurrieron en tortura. Falso. El video demuestra todo lo contrario. Una tortura en tres etapas de violencia. Carlos Canto, en entrevista para Aristegui en Línea, declaró haber sido llevado a las oficinas de la Secretaría de Marina en la capital del país, donde ocurrieron los hechos, y posteriormente trasladado al penal de Nayarit, donde se encuentra hasta el día de hoy.
El informe fue entregado en diciembre de 2018 a las familias de Ayotzinapa por Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH y fallido fiscal del caso Luis Donaldo Colosio. Ante sus desplantes y prepotencia tras leer una versión casi idéntica a la “verdad histórica” de Murillo Karam, las familias y sus abogados abandonaron el recinto: “¡La tarea de la CNDH no es leer informes de la PGR del pasado; su tarea es investigar!”, le dijeron antes de irse indignadas.
Dos de los funcionarios públicos que participaron directamente en la tortura del profesor Canto se mantenían en activo en la presente administración o han recibido ascensos. Ezequiel Peña Cerda, quien firmó el parte informativo del interrogatorio de Canto, sigue actuando en la Policía Federal Ministerial y en la Fiscalía General de la República con el doble de sueldo por su labor. El hombre que directamente comete los actos violatorios en el video es Carlos Gómez Arrieta, quien había ascendido a subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán hasta que en días pasados debió renunciar, pero sin que se le investigue ni sancione.
Han pasado casi cinco años y, ni en los casos de tortura ni en otras vejaciones contra los inculpados, se han iniciado procesos legales. Es más: la actual Fiscalía General de la República del gobierno de la 4T, sigue apoyándose más en esa recomendación turbia de la CNDH que en los informes de referentes internacionales que realizaron serias y rigurosas investigaciones independientes, como la del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), quienes ya desmintieron pública y puntualmente la versión de la CNDH cuando fue difundida.
En un país con gobiernos que no investigan los crecientes crímenes de la llamada guerra contra el narco y que cuando lo hacen ocultan y manipulan la información, son los propios familiares de los miles desaparecidos, de los cientos de miles de ejecutados quienes han debido investigar y cavar fosas por todo el país aun a riesgo de sus propias vidas.
¿Tendrá la 4T la voluntad de retomar el titánico esfuerzo y las líneas de investigación realizadas y exigidas por el Comité de Padres y Madres de Ayotzinapa, sus abogados y el GIEI, y terminar con la impunidad y la corrupción enquistadas en sus instituciones? ¿O seguirá empantanando y burocratizando la búsqueda de la verdad y la justicia durante otros años más? ¿Por qué no han sido investigados ni Murillo Karam ni Tomás Zerón de Lucio, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal que dijo haber encontrado restos los normalistas en el río San Joaquín? ¿Qué pactos hay entre la pasada administración y ésta sobre el caso Ayotzinapa para que continúe congelado? ¿Quién está liberando estos videos inéditos sobre el caso –como ya ocurrió con uno realizado por el Ejército donde entrevistan y toman muestras de sangre de la madre de Julio López Patolzin en el Batallón 50 de Chilpancingo– y por qué los publican hasta este momento para desviar la atención de lo prioritario y fundamental: hallar el paradero de los 43 normalistas?
Hasta hoy, a siete meses de gobierno sin nombrar un fiscal especial para el caso Ayotzinapa como prometió AMLO en campaña, y sin investigaciones por la tortura, la 4T no da indicios de una genuina voluntad para esclarecer una herida y un dolor que sigue sin sanar y que antes no conocíamos como país: el dolor Ayotzinapa.