En Brasil, el tiempo parece haberse acelerado en las últimas semanas. A raíz de la comparecencia del ex presidente Lula acompañado de sus abogados ante el juez Sergio Moro el pasado 4 de mayo, una cascada de nuevas revelaciones ha sido difundida metódicamente por los medios de comunicación privados de aquel país. Esto ha tenido como efecto aumentar la polarización política, así como la expectativa de nuevas revelaciones. En particular, la filtración de las “delaciones premiadas” (es decir, una disminución de las penas a cambio de informaciones sobre delitos cometidos por otras personas) del ex asesor de comunicación João Santana y de su esposa, Mónica Moura, así como del ex ministro de Economía del primer gobierno Lula, Antônio Palocci, ha estremecido a la clase política y empresarial brasileña y de manera más general, de América Latina.
Para los políticos de la región, las confesiones interesadas (y que todavía tienen que sustentarse en pruebas fehacientes contra los acusados) de la pareja Santana pone en evidencia el funcionamiento de las campañas electorales en América Latina. En algunos países, como República Dominicana o Venezuela, la mayor parte del gasto de las campañas se hizo, al menos durante las campañas narradas por los consultores, por la vía de dinero en efectivo, sin ninguna fiscalización. Estos nuevos elementos, si son probados, pueden provocar nuevas investigaciones en los países en los cuales las empresas brasileñas como Odebrecht, OAS, Andrade Gutierrez actuaron. De manera más general, estas revelaciones dejan al descubierto la promiscuidad entre el dinero y la política en América Latina.
La posible delación premiada del ex ministro Antônio Palocci es la que causa mayor preocupación no sólo dentro de la clase política (en particular, en el Partido de los Trabajadores), sino también en la élite empresarial de Brasil. En efecto, durante los gobiernos del PT, Palocci era el principal interlocutor de los grandes empresarios de Brasil con el gobierno. La salida del gobierno de este último, en 2006, no impidió que mantuviera su influencia frente a los barones del dinero. Con las informaciones dadas por los medios, tal parece que ese poder estaba ligado a su posición como recaudador informal de recursos de campaña para el PT, de parte de las empresas constructoras mencionadas anteriormente. Pero, durante su última comparecencia, hace algunas semanas, el ex ministro dio a entender que tendría mucha información de arreglos irregulares con grandes empresas del sector agrícola y financiero, que son de manera general grandes contribuyentes al financiamiento de las campañas electorales en Brasil. Desde entonces, ante el temor de los inversionistas de un nuevo capítulo de la operación Lava-Jato, esta vez en el sector financiero y agrícola, las acciones de un cierto número de empresas han disminuido, y la tensión en el mercado de valores ha aumentado. La caja de pandora abierta por el juez Sergio Moro continúa causando trastornos en la economía de Brasil, que ya ha perdido más del 10 por ciento del PIB desde hace tres años.
Sin embargo, el elemento más explosivo es, sin duda alguna, el futuro legal y político del ex presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Según las últimas encuestas de opinión, Lula obtendría más del 30 por ciento de los votos en la primera vuelta, y tendría la mayoría de los votos en una hipotética segunda vuelta, en cualquier escenario. La posibilidad de un regreso del ex obrero metalúrgico al poder es muy concreta. Para Lula, hoy en día el problema no está en la política, sino en la justicia. Si bien no existen pruebas concretas de la implicación de Lula en actos de corrupción, los procuradores tienen muchas convicciones de que estos hechos sucedieron. Es por eso que el duelo jurídico y político entre el juez y el ex presidente será clave para determinar el futuro político, económico y social de la principal potencial de América del Sur.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.