EL-SUR

Jueves 20 de Enero de 2022

Guerrero, México

Opinión

El embrollo migratorio: la razón de la sinrazón

Saúl Escobar Toledo

Junio 19, 2019

 

El enfrentamiento entre Estados Unidos y México, desatado hace unas semanas por el gobierno de Trump tiene, como se ha comentado profusamente, dos causas principales: la inescrupulosa ambición política del presidente de aquel país, y su natural inclinación a provocar el sufrimiento ajeno. Pero también hay otras razones más concretas que propiciaron el manotazo, ligadas al fenómeno migratorio.
Para entenderlas vale la pena citar el memorándum del 27 de abril de la entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Nielsen, quien aseguraba:
“La situación en nuestra frontera sur es extremadamente grave. Estamos viendo flujos históricos migratorios que exceden de lejos la capacidad de EU y una situación humanitaria que se agrava cada día. Los agentes migratorios no están preparado ni equipados para tratar con el volumen de personas vulnerables que llegan a nuestro territorio. Nuestras instalaciones están excedidas, nuestros agentes y oficiales son muy reducidos, los niños están llegando más enfermos que nunca y estamos en un grave riesgo de incidentes que amenazan la vida, dadas las proporciones sin precedentes de los flujos… Como resultado, hemos tomado la difícil decisión de desviar recursos de la seguridad fronteriza y dedicarlos a una respuesta humanitaria de tiempo completo. Y nos hemos visto obligados a poner en libertad a individuos antes de que hayan sido completamente procesados mediante el sistema de inmigración… En breve, hemos llegado a un punto de quiebra de todo el sistema. He pedido al Congreso mayores recursos de emergencia y la contratación de nuevos agentes para lidiar con la crisis. Estamos obligados a restaurar el orden y al mismo tiempo cumplir con nuestras obligaciones humanitarias”.
Es probable que esta posición haya resultado inaceptable para el presidente, lo que llevó al despido de la secretaria Nielsen. Ahora bien, los estudios realizados por el Centro Pew (https://www.pewhispanic.org) confirman varios hechos importantes: desde hace tres años, las autoridades fronterizas de Estados Unidos han arrestado a más personas de origen centroamericano que de nacionalidad mexicana. Ahora, éstos son una minoría, a diferencia con lo que sucedía antes, hace dos décadas, cuando la proporción era completamente inversa: los mexicanos detenidos representaban el 98 por ciento y las otras nacionalidades apenas el 2 por ciento. Más importante aún, del total de arrestos ocurridos en los últimos años, en el 53 por ciento de los casos se trata de grupos familiares, es decir que incluyen menores de edad. Se trata de un cambio sustancial pues en el pasado se detenía, en una gran proporción, a personas que viajaban solas, principalmente hombres.
Estos nuevos perfiles de la migración han provocado fuertes presiones a las autoridades estadunidenses ya que, de acuerdo a las leyes de ese país, en especial la Ley de Refugiados y el Programa Federal de Reasentamiento de Refugiados de 1980, el gobierno está obligado a examinar las solicitudes de las familias y a ayudarlas a que obtengan los medios económicos suficientes para sobrevivir tan pronto lleguen a suelo estadounidense. También pone un plazo que no puede exceder 20 días (Acuerdo Flores) de detención a las personas que estén acompañadas por niños.
De ahí que el gobierno como decía Nielsen, esté obligado a proporcionar ayuda humanitaria a estos solicitantes, tratar de cumplir con el plazo señalado o liberar a los detenidos, y además vigilar la frontera para evitar que entren al territorio de ese país. Ante la imposibilidad, según la ex secretaria, de hacer todo ello, Nielsen aparentemente decidió poner mayor atención y recursos a la ayuda humanitaria.
Debe advertirse que la cantidad de migrantes que llegan a Estados Unidos ha venido disminuyendo, sobre todo en el caso de los indocumentados. Esto último obedece a que ahora los mexicanos que regresan son más que los que tratan de llegar allá. Así, el número de personas nacidas fuera de Estados Unidos, no documentadas, que trabajan o buscan un trabajo en ese país es menor que hace unos diez años: pasaron del 5.4 al 4.8 por ciento del total de la fuerza de trabajo civil.
Consecuentemente, el número de deportados se ha reducido: de un promedio anual de 375 mil con Obama a 295 mil con Trump. El cambio ha sido muy notorio en la frontera con México: aquí las detenciones cayeron de un millón en 2006 (y un número aún mayor en los años ochenta y noventa) a 400 mil en 2018.
Es decir, para el gobierno de Estados Unidos, el problema más urgente ya no radica en el número de migrantes que tratan de ingresar sin permiso, sino en el hecho de que se trata de grupos acompañados de niños provenientes principalmente de tres países: El Salvador, Guatemala y Honduras. Familias que solicitan refugio, de acuerdo a las leyes de ese país.
Trump ha tratado de cambiar o saltarse la ley (The Refugee Act) y todas las obligaciones que se derivan de ella. Ante la negativa del Congreso y de algunos jueces, el presidente decidió que México debería hacerse cargo del problema (o de una parte de él). De esta manera Trump está tratando de resolver un asunto administrativo, la falta de presupuesto y personal adecuado, y evadir la obligación legal de atender debidamente a las familias. Igualmente, presiona a los legisladores y desde luego intenta demostrar sus votantes que cumple con la promesa de fronteras seguras.
El gobierno mexicano tendrá ahora que resolver la problemática que apuntaba la secretaria Nielsen: atender debidamente a las familias migrantes, incluyendo el delicado asunto de los niños, y tratar de detener el flujo. Son asuntos difícilmente compatibles: detener a los migrantes con la fuerza militar y arrestarlos, afectará sin duda, principalmente, a los menores. El esfuerzo en materia de recursos, calidad del servicio, adiestramiento del personal, instalaciones apropiadas y protocolos de detención para que las madres, padres e infantes vean respetados sus derechos más elementales será enorme y muy complicado. Todavía más si se acepta finalmente convertirnos en tercer país seguro.
Desde luego, resulta evidente que las familias centroamericanas abandonan su territorio no sólo por razones de búsqueda de un trabajo, como en el caso de la mayoría de los mexicanos que se han ido (ahora en menor número) a Estados Unidos. La violencia que sufren en sus países de origen, al sur de nuestra frontera, se ha convertido en la causa principal. Ningún padre o madre de familia arriesgaría a sus propios hijos a una atravesía tan arriesgada sólo porque piensan que de esta manera puede ser más viable obtener un ingreso legal a Estados Unidos. El terror que sufren en sus barrios y vecindarios debe ser mayúsculo.
El gobierno mexicano tiene razón en tratar de promover programas económicos en la zona del Triángulo Norte de Centro América para tratar de frenar la migración. Pero no basta. Las detenciones y deportaciones que lleven a cabo nuestras autoridades, sobre todo cuando se trate de familias, deberían ser excepcionales. El acento debería recaer en la disuasión, los permisos temporales que garanticen su tranquilidad, y un programa de ayuda para garantizarles alimentos y asistencia médica.
Estas políticas, que se intentaron al principio del sexenio, chocan con los acuerdos más recientes entablados con Estados Unidos. México no pude responsabilizarse de una probable catástrofe humanitaria. Durante los próximos días veremos si estos peligros se confirman o se desvanecen. Pero lo más razonable es prepararnos para un escenario más ingrato. La estrategia de contención en la frontera sur y de acogida en la norte pueden resultar inviables con el respeto a los derechos humanos de las familias. Los flujos no necesariamente se van a reducir a los niveles que desea Estados Unidos, lo cual podría de nueva cuenta ser motivo de represalias comerciales. Se trata sin duda de un problema muy complejo, un verdadero embrollo, en el que la vida y la seguridad de cientos de miles de personas, sobre todo niños, está en riesgo.

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