La discusión en la Cámara de Diputados federal sobre el Presupuesto de Egresos (PEF) 2019 ha iniciado con gran fragor por las partes que en él intervienen. Sobresale la cuarteta PRI-PAN-PRD-MC, donde con nitidez digna de mejor causa, suman sus voluntades contrarias a la iniciativa que sobre el tema presentó el titular del poder Ejecutivo federal.
El pleito acalorado brinda la oportunidad, a la opinión pública, de saber lo que antes se ocultaba dentro de la opacidad; o sea, los pormenores con que se formulaba y aprobaba el erario federal de nuestra nación. Tal apertura fortalece la transparencia en la cosa pública.
Por lo hasta ahora discutido y debatido, conocemos lo dicho en la defensa de esa iniciativa, tanto del secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, como del presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar. Ambos señalan que por lo menos de seis años a la fecha, la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión estimaban y aprobaban, a la baja, los ingresos reales que iban a recaudar, a fin de que no aparecieran desde el inicio en el PEF autorizado y así “tener la manga ancha” para su gasto discrecional y sin control según lo dispusiera, unilateralmente, el presidente de la República en turno. No es un monto menor del que estamos hablando, son cerca de 80 mil millones de pesos promedio anuales.
Tema parecido pasa en Guerrero. El Presupuesto de Egresos estatal se proponía y autorizaba a partir de una similar engañifa. De 2015 a 2017 fueron, en promedio, 12 mil millones de pesos anuales los que escapaban de su registro, y solo se venían a reflejarse, ya ejercidos, en la cuenta púbica final del año fiscal correspondiente. No es un monto despreciable para su gasto opaco.
Regresando al PEF 2019, éste presenta reducciones en diversas partidas. Fundamentalmente en lo programado para gastos de operación (sueldos, compensaciones, viajes, viáticos, etc.) los cuales antaño se aplicaban invariablemente con poca transparencia, escasa eficacia y buena parte en forma superflua, cuando no corrupta. El derroche crecía desmedidamente en el marco de “Mochelandia. S.A. de C.V.”, año con año.
Por otra parte ya fue corregida la iniciativa de reducción de presupuesto a universidades estratégicas del país. Pero no se escapa el saber que otras universidades públicas realizan gastos desordenados, despilfarradores y a veces con fines políticos, como los de la “La Gran Estafa”, a través de la cual el PRI recibió financiamiento ilícito encubierto de trámites legaloides. O aquellas universidades que han declarado públicamente sostener alianzas políticas estratégicas con el PRI y sus gobernantes.
También hay incrementos de 6.4 por ciento real destinado a la inversión pública para crear infraestructura básica para el progreso de la nación: caminos, escuelas, hospitales, plantas de energía, vías ferroviarias, etc. El incremento para los estados será de 8.3 por ciento real, dentro de sus participaciones fiscales. Ninguno tendrá disminución alguna.
Los aumentos serán de acuerdo con lo que estipula la Ley General de Coordinación Fiscal, que indica otorgar montos adicionales a aquellas entidades federativas que demuestren, cuantitativamente, mayores esfuerzos de recaudación fiscal local.
PD1. La desgraciadez actual del puerto no es imputable tan solo a “los amigos organizados”. De tiempo atrás, la delincuencia burocrática organizada de cuello blanco ha saqueado y endeudado Acapulco con saña, alevosía y con la total impunidad.
PD2. Por supuesto que es lamentable que en el PEF 2019 haya una reducción del 20.5 por ciento para el año 2019 respecto al año que corre, pero también es lamentable que la Iniciativa de Presupuesto de Egresos estatal contenga una reducción al agro guerrerense del 56.6 por ciento.